Decenas de miles de personas protestan contra la "intrusión" de los tribunales en el modelo de escuela catalana

Unas 35.000 personas, según la Guardia Urbana de Barcelona, han participado este sábado de la manifestación convocada por "Som Escola", en defensa del actual modelo de inmersión lingüística catalana y en contra de la "intrusión" de los tribunales. La marcha, organizada a raíz de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Govern a impartir el 25% de horas lectivas en castellano, ha contado con el apoyo de unas 50 entidades culturales, sindicales y sociales, además de una nutrida representación de miembros del Ejecutivo catalán, liderados por el 'president' Pere Aragonès. No obstante, ni los miembros del Govern ni ningún representante de partidos políticos -en la marcha se han dejado ver miembros de ERC, Junts, la CUP y los 'comuns'- ha participado de los parlamentos que han cerrado la manifestación de este sábado.

La protesta ha arrancado de plaza Tetuán y se ha desplazado por el Passeig Sant Joan hasta el cruce con Lluís Companys, justo delante del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). "Es intolerable la intrusión de los tribunales en el modelo educativo", ha reivindicado una de las lectoras del manifiesto consensuado entre las entidades convocantes. "Es un escarnio a los profesionales de la educación", han añadido.

La comunidad educativa pide un nuevo consenso en torno al modelo lingüístico catalán

Los partidos independentistas y sus entidades afines han ampliado su perímetro de influencia y han sumado actores más allá de la 'estelada' para defender el actual sistema educativo catalán. Los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, por ejemplo, han participado de la manifestación. Un acto de autodefensa contra los "continuos ataques políticos para minorizar" la lengua catalana, según han definido los organizadores. 

El último, según han recordado, el del líder del PP, Pablo Casado, que afirmó este pasado viernes que los maestros impiden ir al baño a los niños que no hablan catalán. Declaraciones que están estudiando los servicios jurídicos de la Generalitat, según anunció Aragonès, para emprender posibles acciones judiciales contra el líder conservador por "incitar al odio".

De Netflix al 25%

Los partidos han dejado el protagonismo de la manifestación a las entidades sociales y los políticos se han quedado relegados a la tercera fila de la marcha y ausentes durante los parlamentos de cierre del acto, con la intención de reforzar el sentido transversal de la convocatoria. "Ara i sempre, l'escola en català" ["Ahora y siempre, la escuela en catalán"] ha sido el lema que ha rezado la pancarta que sujetaban una veintena de personalidades como Jordi Cuixart (Ómnium), Elisenda Paluzie (ANC) o los líderes sindicales de CCOO (Javier Pacheco) y UGT (Camil Ros), además de diferentes representantes de entidades civiles y vecinales. 

Si bien los políticos no han participado de los parlamentos, en declaraciones a los medios antes de empezar la marcha el 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès, ha advertido de "la ofensiva del nacionalismo español, que quiere utilizar las escuelas catalanas" para socavar la cohesión social en la comunidad con el fin de "arañar cuatro votos, no en Catalunya, sino fuera de Catalunya". Por su parte, la presidenta del Parlament y referente de Junts, Laura Borràs, ha afirmado que el Estado español "no domina el idioma de la diversidad y la riqueza" porque sólo domina "el de la imposición".

Los lectores del manifiesto de Som Escola han denunciado que el catalán "está en riesgo", han instado al Govern a blindar el actual sistema de inmersión lingüística y al Gobierno de Pedro Sánchez a respetarla. El futuro de la lengua ha copado parte de la agenda política de las últimas semanas, siendo objeto de intenso pulso político entre ERC y el PSOE durante la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Finalmente los republicanos, pese a los amagos de vetar las cuentas públicas, acabaron pactando con los socialistas obligar a las plataformas como Netflix o HBO a dedicar cada año 15 millones de euros a producir obras en las lenguas cooficiales del Estado.