Investigación

El fiscal suizo archiva la causa sobre el rey Juan Carlos pero le deja en evidencia

  • Yves Bertossa se planteó citar al emérito pero decidió que no sería útil a la investigación

El fiscal suizo archiva la causa sobre el rey Juan Carlos pero le deja en evidencia
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Ernesto Ekaizer
Ernesto Ekaizer

Escritor y periodista.

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Son 14 páginas. Y en ellas se desnuda a Juan Carlos I, es un escáner sobre los movimientos de su cuenta en el Banque Mirabaud --como titular beneficiario de la panameña fundación Lucum-- y las cuentas de su examante Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Se contabilizan los 100 millones de dólares (64,8 millones de euros) transferidos a Juan Carlos I en el Banque Mirabaud el 8 de agosto de 2008 por el Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí. Y, por el camino, pagos del sultán de Bahréin de dos millones de dólares (1,7 millones de euros) llevados en billetes por Juan Carlos I a la mansión de su gestor en Ginebra, Arturo Fasana, y depositados por este en abril de 2010 en la cuenta bancaria de Lucum, o abono de cinco millones de dólares por Kuwait a Corinna. Y el envío, el 5 de junio de 2012, de los 64,8 millones de euros por Juan Carlos I a la cuenta de la firma Solare, de Corinna, en el Banco Gonet de Bahamas.

Yves Bertossa, como adelantó EL PERIÓDICO en exclusiva el domingo por la noche, se aprestaba a adoptar una resolución importante sobre el futuro de un procedimiento abierto el 6 de agosto de 2018, hace tres años y medio, dejando sin efecto las imputaciones.

Eran cinco los investigados: Arturo Fasana, gestor de Juan Carlos I; Dante Canonica, abogado del monarca; el Banque Mirabaud, el banco donde se hicieron las operaciones; Yves Mirabaud y Corinna zu Sayn-Wittgenstein, examante de Juan Carlos I a quien donó los 64,8 millones de euros con el ánimo de seguir usufructuándolos para sus intereses, como había hecho entre 2008 y junio de 2012.

Los cinco han quedado libres de cargos, pero tienen asumir las costas porque en Suiza las conductas sospechosas que provocan una investigación penal permiten al fiscal imponer las costas aunque las diligencias se archiven. Son 200.000 francos suizos o 191.000 euros.

Las pesquisas

Bertossa intentó probar que los 100 millones de dólares eran una comisión ilícita pagada por el rey saudí Abdulazziz, ya fallecido, por la adjudicación del AVE del Desierto, La Meca-Medina, en 2011 al consorcio hispano-saudí Al Shoula por 6.700 millones de euros. Porque sin un delito subyacente, previo, no hay blanqueo de capitales o lavado de dinero. El tipo penal, tanto en España como en Suiza, exige el ilícito previo para que haya blanqueo.

El fiscal suizo consideró, después hacer una entrada y registro en las oficinas de Rhône Gestion, sede de una firma que se ha especializado en la ocultación de grandes y medianas fortunas españolas a Hacienda, y ver los documentos, extractos bancarios y transferencias, que se daban todos los elementos del blanqueo.

El fiscal, Yves Bertossa, abandona el tribunal en Ginebra

/ EFE

Era como test del pato: si parece un pato, nada como un pato y grazna como un pato, entonces probablemente sea un pato.

Pero no ha logrado probarlo. La vinculación de los 100 millones de dólares con una comisión por el AVE del Desierto brilla por su ausencia. Quizá, lo que no ha sido considerado, es que los 100 millones de dólares pagan múltiples servicios de Juan Carlos I a Arabia Saudí. Pero en derecho penal, la prueba es la prueba. Y Bertossa no la ha encontrado. Pero sin su investigación, Juan Carlos I seguiría elegantemente vestido y bien arropado. Nada seguirá igual para él.

¿Y ahora qué?

¿Y Bertossa? Fuentes próximas al fiscal sostienen que no está triste ni contento. Él hace su trabajo. Como fiscal, ha aprendido que con los años cualquiera que sea la decisión que adopte será siempre criticada. La mitad de la gente se muestra contenta y la otra mitad le critica. Si hay condenas, la gente dice que es injusto. Cuando uno archiva, pasa lo mismo. La gente dice que está mal.

Para España, cree Bertossa, ha sido bueno saber lo que ha pasado con independencia de que sea una infracción penal o no. Él siempre recuerda, cuando se le habla de Juan Carlos I como un tabú en España, que conoció a Baltasar Garzón cuando el entonces juez investigaba la desaparición de opositores en la época del franquismo. Y le contó cómo le atacaban. Sabe, pues, que a nivel institucional, estos asuntos son difíciles de digerir.

Esas fuentes aseguran que pensó mucho en la posibilidad de citar a declarar a Juan Carlos I. En una de las audiencias, el fiscal preguntó al abogado del rey emérito si este le había indagado, precisamente, si tenía que acudir a Suiza para prestar declaración. Dante Canonica, letrado de Juan Carlos I, le contestó que, si bien estaba en contacto, no le había preguntado por esa posibilidad.

Pero Bertossa se lo pensó. Pero se convenció de que era un asunto español. ¿Por la inviolabilidad de Juan Carlos I en la época de los pagos? No. Bertossa sabía que en Suiza no hay inmunidad diplomática para el emérito.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein, en Nueva York, en el 2016. 


/ GETTY IMAGES / ANDREW TOTH

Reunión con la fiscalía española

Bertossa planteó el asunto el 29 de octubre de 2019 en una reunión con el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, en Madrid, quien objetó la posibilidad con el argumento de la inviolabilidad, y señaló que, si se diera el caso, serían los fiscales españoles quienes deberían citar al emérito. Bertossa pensó que la inviolabilidad puede impedir enjuiciar y condenar al emérito, pero en ningún caso citarle a declarar.

Las sospechas de Bertossa, en todo caso, se referían al proyecto del AVE La Meca-Medina, a la conducta de las empresas. No tenía claro si era útil citarle a declarar. Lo pensó, pero no lo hizo. ¿Quizá para que no se le acusara de juez estrella que busca la espectacularidad?

El fiscal, según fuentes próximas con las que suele comentar en privado sus impresiones, cree que la investigación que ha archivado este 13 de diciembre ha sido más importante para España que para Suiza. Los españoles han podido acceder a información de lo que ha pasado en Suiza.

Carpetazo muy detallado

La 'ordonnance' o resolución de archivo completo de la investigación de los 100 millones de dólares detalla toda la instrucción, las audiencias, la transferencia de fondos, las personas que han declarado, los movimientos de cuenta entre Corinna y Juan Carlos, los movimientos de la fundación Lucum, con mucho detalle.

Sobre la fundación Zagatka, que ha pagado nueve millones de euros por gastos en alquiler de jets privados utilizados por Juan Carlos I, Bertossa considera que no estaba en el objetivo de su investigación.

En cambio, su equipo ha reunido todas las informaciones porque los fiscales españoles las solicitaron. Pero ello no concernía, piensa, verdaderamente a la investigación en Ginebra. No ha sido objeto de la investigación sobre el blanqueo de capitales agravado.

El fiscal Alejandro Luzon, a la salida de la Audiencia Nacional, en febrero del 2015.


/ JUAN MANUEL PRATS

No encontró Bertossa ningún indicio de que Zagatka ha sido utilizada para actos de corrupción o de lavado de dinero relacionados con el objeto de la investigación sobre los 100 millones de dólares y el AVE La Meca-Medina. Y aunque en 2018 ordenó bloquear la cuenta de Zagatka en el Credit Suisse, al ver la documentación enviada por los bancos y advertir la inexistencia de vínculos con el tema del AVE La Meca-Medina, se decidió desbloquearla.

Lo que le queda al emérito

Aunque se lo pensó, el fiscal Bertossa no envió comisión rogatoria a Arabia Saudí --como sí lo hizo el fiscal Luis Pastor, de la Fiscalía Anticorrupción en 2020-- porque no tenía esperanza en una respuesta interesante sobre una investigación relacionada con el rey Abdulazziz. Suele decir, cuando se le pregunta por Arabia Saudí, que es optimista en la vida pero hay limites.

El fiscal tiene que enviar los datos solicitados por la fiscalía española a Suiza sobre las cuentas de Zagatka, en especial, las del año 2015.

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Está pendiente. Pero lo que no está pendiente es la decisión de los fiscales de archivar las investigaciones, que ya ha sido adoptada. Y ello a pesar de que las tres investigaciones fueron notificadas al abogado de Juan Carlos I, Javier Sánchez-Junco, en junio, noviembre y diciembre de 2020, antes de las regularizaciones 'espontáneas' de cinco millones de euros.

Y también esta pendiente la decisión del juez Matthew Nicklin sobre la inmunidad invocada por Juan Carlos I desde Abu Dhabi ante la demanda civil de Corinna por acoso, seguimiento ilegal y difamación ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales.