Ley del audiovisual

El Gobierno se abre a la producción en catalán también en Netflix y encauza el diálogo con ERC

El Ejecutivo ofrece un 0,7% del 5% que se reserva España y el Govern pide el 1%

Los republicanos enmiendan los Presupuestos en el Senado a la espera del pacto sobre la ley audiovisual

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Xabi Barrena

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Avances en la negociación sobre la ley del audiovisual y el papel que el catalán debe de tener en todas las plataformas de emisión. Tras haberse cerrado, hace un mes y medio, un acuerdo por el que las empresas radicadas en España debían disponer de un 6% de su catálogo (producido, doblado o subtitulado) en las lenguas cooficiales, la nueva negociación, derivada de que las multinacionales, como Netflix y HBO, quedaban fuera de esa cuota, arroja las primeras aproximaciones. Así fuentes cercanas a las partes negociadoras han explicado a este diario que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha ofrecido desgajar parte del 5% con que el se obliga a todas las plataformas a producir en España (y hasta el momento, al 100% para el castellano) para la producción en lenguas cooficiales. La oferta, ahora mismo, alcanza el 0,7%.

Fuentes del Govern celebran "el pequeño paso dado", porque la producción era algo que el Gobierno había querido siempre salvaguardar, pero ve ese porcentaje "aun lejos de lo que pide el sector", que es que la cuota sea mayor al 1%. Con todo, los republicanos señalan que el motor económico del sector audiovisual es la producción, más que el doblaje o subtitulación. Y que de lograrse ese 1% se correspondería a uno de cada cinco producciones en lengua cooficial.

Además, las partes negociadoras están de acuerdo en crear unos fondos de ayuda para el doblaje y subtitulación de productos audiovisuales en las lenguas cooficiales. Algo que, además, abre la puerta a que las multinacionales, que han mostrado ya su plena predisposición, adopten aquellas versiones en catalán (o en euskera o gallego) ya existentes. Un ejemplo podría ser la serie 'Breaking Bad', emitida, también, por TV-3.

Quedan días de negociación

La negociación, aunque encauzada, dista de estar concluida, aseveran los republicanos, sabedores de que que en Madrid se daba por casi hecho que se sancionaría el acuerdo justo a tiempo de evitar la presentación de enmiendas parciales no pactadas ya con el PSOE a los Presupuestos Generales del Estado, en su paso por el Senado. "No hay acuerdo, pues hay enmiendas", apunta una voz republicana con toda naturalidad. Además. recuerdan las mismas fuentes que el texto del audiovisual debe de estar a punto antes del 31 de diciembre, por mandato de la Unión Europea. Y que la finalización del trámite en el Senado de los PGE, unos días antes. Queda tiempo para la negociación.

Los independentistas ya hicieron el gesto más simbólico la semana pasada al no registrar veto a la cuentas y no respaldar ninguno de los cinco firmados por PP, JxCat, Vox, Ciudadanos y Coalición Canaria. Para entonces, Gobierno, PSOE y ERC se habían reunido y habían acordado avanzar en encuentros técnicos y políticos, a fin de obligar también a los gigantes audiovisuales extranjeros que no están radicados en España (Netflix, HBO Max o Amazon Prime Video) a asumir un porcentaje para obras en catalán, gallego o euskera. El siguiente hito temporal se cumplía este jueves a las 18 horas. El Ejecutivo confiaba en poder cerrar el acuerdo para entonces, pero no fue posible, así que los republicanos registraron en la Cámara alta sus 16 enmiendas para presionar a los socialistas, a los que pidió "compromisos más explícitos" y a los que recordó que su apoyo a los Presupuestos del Estado "no está garantizado".

Inversiones territoriales

"Nuestra intención es que el Gobierno dé respuesta a las demandas de Esquerra Republicana para garantizar derechos a los catalanes, así como proteger las lenguas minoritarias, y hasta ahora no ha sido así”, lamentó en un comunicado la portavoz de la formación en el Senado, Mirella Cortés. "Por eso", por esa falta de acuerdo en la ley audiovisual, seguía la nota, los republicanos presentaron "una serie de enmiendas territoriales que afectarían a inversiones en el Bages, el Delta del Ebre, el Maresme, el Tarragonès y Lleida, entre otros, así como una una cláusula de cumplimiento de las inversiones previstas y la incorporación de un fondo covid de 13.000 millones de euros". 

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