Un juez especialista en difamación asume la demanda de Corinna contra Juan Carlos I, una investigación de Ernesto Ekaizer

Nicklin es el responsable de la división Media and Communication List (M&C List), abocada a las demandas por difamación, uso indebido de información privada, protección de datos o acoso por publicación de informaciones, una sala que funciona por ley aprobada en el Parlamento en 2017 y que, desde 2019, está a cargo de jueces especializados.

A sus 50 años, Nicklin es uno de los jueces más jóvenes del alto tribunal, al que se incorporó en 2017, y en el que, tres años más tarde, a primeros de enero de 2021, se le designó como responsable de la M&C List.

Con ocasión de su nuevo puesto, la comisión de nombramientos judiciales señala que asistió a la Universidad de Newcastle “y ha sido el primer miembro de su familia en convertirse en abogado”, al tiempo que destaca su actuación como 'barrister' (los abogados que actúan ante los tribunales) de demandantes y demandados en los principales casos de conflicto legal en medios de comunicación durante los últimos años.

La demanda, pues, tiene, en opinión preliminar de los jueces ingleses que enviaron el caso a la sala especializada, un elevado contenido relacionado con la batalla que en los medios de comunicación han librado Juan Carlos I y Corinna zu Sayn-Wittgenstein a lo largo de varios años.

En su escrito de demanda de 32 folios, dedica dos capítulos diferentes a actos de difamación. Uno de ellos se refiere a “comentarios” que habría realizado Juan Carlos I con amistades comunes -hombres de negocios y dignatarios con poder-, en los que la presentaba como una “ladrona”, que habrían afectado la reputación de Corinna como “consultora estratégica” de empresas y gobiernos. El otro es el “acoso por publicación de informaciones”. En ellos se describen varias informaciones publicadas cuya fuente habría sido Juan Carlos I o sus asesores que se califican como falsas dirigidas a desprestigiarle­.

El capítulo más explosivo se refiere a la “vigilancia y seguimiento ilegal” (intervención de teléfonos móviles y cuentas corrientes bancarias) por parte de agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español, con una presunta irrupción amedrentadora en su mansión Chicknell Hall, una finca de 81 hectáreas, situada en Shropshire, condado de Inglaterra en la región Midlands del Oeste, adquirida por 6,6 millones de euros en 2014, dos años después de que Juan Carlos I le hiciera una “donación irrevocable” de 65 millones de euros.

Esa donación es investigada por el fiscal suizo Yves Bertossa, quien presume que el dinero, originado a su vez en otra donación-regalo del rey de Arabia Saudí Abdulazziz a Juan Carlos I en 2008, fue el pago de una comisión relacionada con la adjudicación del tren AVE La Meca-Medina a un consorcio hispano-saudí. Corinna permanece imputada por Bertossa desde 2018.

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Corinna pide una orden de alejamiento para Juan Carlos I y una indemnización por daños y perjuicios que no cuantifica pero a partir de los daños especiales que enumera se podría calcular en varios millones de libras o euros.

La defensa de Juan Carlos I, representada por abogados del bufete Clifford Chance, pedirá el rechazo de la demanda por entender que su cliente goza de inmunidad soberana, en su calidad de exjefe de Estado, y por tanto de inmunidad ante la jurisdicción británica.