Puigdemont insta al Supremo a pronunciarse sobre la suspensión del procedimiento en su contra

La defensa del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de los 'exconsellers' Antoni Comín y Clara Ponsatí ha movido ficha y ha preguntado este lunes al instructor de la causa del 'procés' en el Supremo, Pablo Llarena, si "se han dictado las oportunas instrucciones para hacer efectiva la suspensión del presente procedimiento penal a todos los efectos, especialmente en lo relativo a las distintas órdenes de detención emitidas en esta causa penal". Su abogado, Gonzalo Boye, aprovecha la última decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) para tratar de forzar una resolución en este sentido del alto tribunal español al reclamarle las comunicaciones que haya dirigido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a Interpol en relación con dicha suspensión, según el escrito al que ha tenido acceso este diario.

En su resolución del pasado viernes el vicepresidente del TGUE rechazó la pretensión de los tres miembros del Parlamento Europeo que se encuentran huidos de la justicia española para que les fuera devuelta la inmunidad parlamentaria de forma temporal, mientras se resuelve el recurso que presentaron contra la concesión del suplicatorio para poder ser juzgados por su responsabilidad en el 'procés'.

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El tribunal europeo rechazó su pretensión, al entender que era innecesaria, porque el arresto del primero en Cerdeña no le causó un "perjuicio grave e irreparable", al considerar que la justicia italiana y cualquier otra autoridad europea considera paralizada la reclamación española existente contra ellos mientras se resuelve la cuestión prejudicial planteada por el propio Supremo tras el rechazo belga a entregar a Lluís Puig.

La resolución del TGUE iba más allá y ampliaba la suspensión de las euroórdenes al propio procedimiento seguido contra Puigdemont y los dos 'exconsellers' huidos. Señalaba que el propio Tribunal Supremo español no tenía que hacer una resolución al respecto y que estaba al corriente de ello, porque así lo comunicó la Abogacía del Estado en la vista en la que se barajó levantar la inmunidad a petición de los reclamados, pese a que el alto tribunal considera que la consulta a Europa solo se refiere a la reclamación belga, porque obedecía a los motivos por los que la justicia belga rechazó entregar al reclamado.

La posición del tribunal europeo, que según informó ya este diario, ha dejado algo descolocado al alto tribunal, ha llevado al abogado de los europarlamentarios a dar un nuevo paso con el que busca que el Supremo se pronuncie sobre la suspensión del procedimiento dada por hecha por el TGUE. Por eso Boye pregunta directamente por "las oportunas instrucciones para hacer efectiva la suspensión del presente procedimiento penal a todos los efectos, especialmente en lo relativo a las distintas órdenes de detención emitidas en esta causa" y su comunicación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, al sistema de información de Schengen y a Interpol.

El abogado también reclama copias de las notificaciones que "en virtud de dicha suspensión y de conformidad con el principio de cooperación leal" se les haya dirigido a las distintas policías, con el fin de evitar el arresto de Puigdemont, no solo en Europa, como ya garantizaba el auto de TGUE, sino incluso en España, como daba a entender la resolución dada conocer la semana pasada.