¿Quién gobierna a los jueces y quién juzga al Gobierno?

El déficit de cultura democrática que padece España, agravada por la exigencia de transparencia en el siglo XXI, ha convertido lo que tendría que ser una elección ejemplar por consenso en el esperpento de las cuotas. El obstruccionismo habitual del PP que prolonga las renovaciones de los órganos constitucionales mucho más allá de sus mayorías parlamentarias absolutas hace que el PSOE se desespere y lleve al extremo las cuotas hasta aceptar a un tipo como Enrique Arnaldo para formar parte del Tribunal Constitucional a la espera de que ello abra paso a un pacto en el CGPJ. No hay que ser un especialista de los entresijos judiciales madrileños para darse cuenta que no estamos ante un “magistrado de tendencia conservadora” sino ante un hooligan del Partido Popular en toda regla emparentado con las ramas de la formación que más a menudo pasan por los juzgados, y no de visita oficial sino para sentarse en el banquillo. Además, se trata de un tipo que da a entender que siempre ha vivido por encima de sus ingresos como juez y ha recorrido frecuentemente al pluriempleo, sin demasiado miramiento por las incompatibilidades en que incurría en esa compleja frontera entre lo público y lo privado.

Casos como los de Arnaldo provocan la sospecha de que los jueces no están bien pagados. El salario máximo al que puede aspirar un juez por sus propios méritos es de 2.500 euros al mes por 14 pagas. superior a la media de los asalariados pero muy inferior al de perfiles con el mismo nivel de formación en el ámbito privado, Esta circunstancia explica currículums como el de Arnaldo. Para progresar y alcanzar una retribución acorde con los méritos solo quedan dos caminos: o compaginar la judicatura con la actividad privada o entrar en el politiqueo de la cuotas que emanan de la elección del máximo órgano de gobierno, el CGPJ y subir en el escalafón por cooptación. Si la mayoría de la investidura quisiera realmente reformar el poder judicial podría empezar por plantear un esquema transparente de compatibilidades de los jueces en la actividad privada como el que tienen los médicos de la sanidad pública, por ejemplo. Curiosamente, eso haría a los jueces más libres de las garras del Consejo y, para lograrlo, necesitarían una mayoría inferior a la de su renovación. 

Aguas abajo, la perversión de las cuotas hace que cada facción judicial proteja a los suyos sin la más mínima dosis de autocrítica. Pertenecer a una facción convierte a un juez en intocable. Solo así se explica que las fechorías de Arnaldo quedaran impunes. O que el ridículo europeo al que ha sometido Pablo Llarena a la judicatura española en su persecución a Carles Puigdemont no haya comportado que el CGPJ tomara cartas en el asunto. Los sapos que se tragan los partidos en el Congreso en la elección del gobierno de los jueces provoca que las facciones judiciales protejan a los suyos siempre que no se equivoquen de bando cuando toca juzgar al Gobierno, sea de unos o de otros.