La CUP mantiene el veto a los presupuestos pese a la última oferta del Govern

La CUP se mantiene en lo dicho. La última oferta del Govern no ha convencido a los cuperos, que han decidido este sábado mantener la enmienda a la totalidad de los presupuestos del 2022 y continuar negociando incluso después del lunes, cuando votarán en contra de la tramitación de las cuentas en el Parlament. Ahora bien, el devenir de las conversaciones dependerá del Executiu, ya que paralelamente está ahondando en un pacto con los 'comuns' para salvar los presupuestos.

Reunida en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), la coordinadora abierta parlamentaria de la candidatura ‘cupaire’, formada por 11 organizaciones y miembros de las 15 asambleas territoriales, ha analizado la propuesta del Executiu y ha decidido mantener el veto, dando por válida la votación de las bases del pasado lunes sin someter la última oferta a votación. La militancia lanzó entonces un aviso al Govern y advirtió de que, si no había más cesiones, los nueve diputados vetarían las cifras. Las bases decidieron con un 63% que el partido presentase una enmienda a la totalidad de las cuentas (que se registró el miércoles), sin que esto supusiera interrumpir las negociaciones, un extremo que compartió un 68%. Hasta un 95% valoró entonces que lo que había sobre la mesa era insuficiente para votar a favor de las cuentas. 

Los avances

Las conversaciones continuaron durante toda la semana y la CUP concretó sus demandas en cinco ámbitos: macroproyectos, vivienda, fiscalidad, hoja de ruta independentista y orden público. La Generalitat cedió en varias: fijó la creación de un grupo de trabajo para "el nuevo embate al Estado en forma de referéndum" -que echará a andar a principios del 2022 a seis bandas, partidos y entidades-, acotó a “la primera mitad del 2023” la evaluación de la mesa de diálogo, dio por cerrado el pacto para que la partida para vivienda alcance los 1.000 millones de euros "en función de los ingresos" y acordó impulsar un estudio para cambiar el modelo de gestión del agua. Además, se comprometió a desplegar los impuestos previstos en la ley de cambio climático, empezando por los cruceros en 2022 y por el de actividades económicas que generan gases de efecto invernadero en 2023; y a revisar todas aquellas causas judiciales contra manifestantes en las que se ha personado -las que un agente acredita lesiones y se conoce la autoría del agresor-. 

Eso sí, el Govern no movió ficha sobre los macroproyectos, ya que retiró de la partida de 120 millones de euros para el Hard Rock en el Camp de Tarragona y comprometió la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno a la consulta en el territorio para la que se guardan 800.000 euros. Tampoco avanzó en una reforma fiscal como pedía la CUP.

Fuentes del partido defienden que el Govern se ha movido "muy poco" y que "lo que está haciendo es renegociar el acuerdo de investidura" que, para la CUP, ya era "insuficiente" tras las elecciones del 14-F aunque sirvió para llevar al 'president' Pere Aragonès al frente de la Generalitat.

Los cuperos consideran que difícilmente el Executiu querrá seguir negociando con ellos al mantener el veto, ya que el plan b, los 'comuns' está activado -aunque también han presentado una enmienda a la totalidad-. Por ahora, lo que sí queda descartado es el PSC.

'Procés' y orden público

En rueda de prensa, la diputada Eulàlia Reguant ha considerado que el Govern no ha planteado lo suficiente para buscar sus nueve votos, y ha afeado a los socios en el Govern que no se comprometan con la celebración de un referéndum. A su juicio, "no ha habido un giro a la izquierda", porque estos "son los presupuestos del Govern de los macroproyectos y de normalización de la situación política del país, continuistas con las políticas sociovergentes del turismo masivo y del pelotazo urbanístico". En cuanto a vivienda, ha admitido que los 1.000 millones de euros "son un paso" aunque se condicionen a los ingresos y continúe habiendo desahucios con intervención de los antidisturbios. Así, sobre el orden público, ha destacado que siga habiendo acusaciones contra manifestantes independentistas por parte de la Generalitat. Atendiendo a la partida sanitaria, ha reprochado al Govern que no alcance el 25% para la atención primaria y se quede en el 17%.

"Hay una alternativa a este modelo de país que han impulsado los gobiernos catalanes y que el Govern de Aragonès y Jordi Puigneró que pasa por fortalecer servicios públicos y por desplegar un nuevo modelo productivo hacia una reindustrialización del país, de acuerdo a los retos de la emergencia climática. Este es el giro a la izquierda que reclamamos y el horizonte independentista que queremos: la construcción de las condiciones para poder autodeterminarnos de forma efectiva", ha zanjado Reguant.