La última oferta del Govern

El Govern apura con nuevos guiños la negociación de los presupuestos con la CUP

Los anticapitalistas se citan este sábado para decidir si retiran la enmienda a la totalidad de las cuentas

Pere Aragonès, en el Parlament.

Pere Aragonès, en el Parlament. / ACN / RAFA GARRIDO

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Júlia Regué
Júlia Regué

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Xabi Barrena
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Daniel G. Sastre
Daniel G. Sastre

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Los tiempos de la CUP siguen marcando el ritmo de la negociación de los presupuestos de la Generalitat. El Govern y los anticapitalistas mantuvieron este viernes conversaciones maratonianas para que la dirección pueda sostener este sábado, ante su militancia, avances que faciliten el acuerdo y permitan retirar así la enmienda a la totalidad.

ERC y CUP dieron forma al grupo de trabajo para "el nuevo embate al Estado en forma de referéndum" -que echará a andar a principios del 2022 a seis bandas, partidos y entidades-, fijaron la primera mitad del 2023 para evaluar el recorrido de la mesa de diálogo, dieron por cerrado el pacto para que la partida para vivienda alcance los 1.000 millones de euros "en función de los ingresos" y acordaron impulsar un estudio para cambiar el modelo de gestión del agua.

Pero el Executiu mantiene el plan b activado ante la disposición de los 'comuns' a pactar, pese a haber registrado otro veto a las cuentas. Una maniobra que también emprendió el PSC, fuera de la ecuación y sin visos de que el Govern le incluya en la carambola. Esto deja a los socios en el Govern en solitario, ya que todos los grupos del hemiciclo salvo ERC y Junts bloquean por ahora el trámite presupuestario.

El 'president' Pere Aragonès se mostró convencido de que hay margen para salvar las cuentas. Desde París, señaló que hay recorrido con la CUP y los 'comuns', excluyendo de facto a los socialistas, pese a las quejas de Salvador Illa, que continúa con su mano tendida. El socio preferente sigue siendo la CUP, para evitar la ruptura del bloque independentista, pero todo queda en manos, de nuevo, de lo que decidan las bases que se reunirán este sábado en Santa Perpètua de Mogoda.

Las organizaciones que forman la candidatura 'cupaire' y los representantes de sus asambleas en el territorio analizarán la última oferta del Govern y, a partir de ahí, decidirán si cambian su posición y facilitan las cuentas o si consideran que debe ser la militancia quien se pronuncie a través de la urna telemática a lo largo del domingo, ya que el lunes se celebra el pleno del Parlament para debatir sobre las enmiendas a la totalidad.

La última oferta

Después de que el Govern pidiera "concreciones", los anticapitalistas movieron ficha y desarrollaron sus peticiones en cinco ámbitos -macroproyectos, vivienda, fiscalidad, hoja de ruta independentista y orden público-, cuyas exigencias respondió este viernes la Generalitat. Los avances se centran en el 'task force' que fue ofrecido el miércoles por la secretaria general Marta Rovira y que, según fuentes republicanas, fue "bien acogido" por los anticapitalistas y por acotar el margen de exploración de ERC en la mesa de diálogo, que se revisará "la primera mitad" de 2023.

En paralelo, el Executiu cedió en una de las demandas más icónicas de la CUP que es que se cumpla el pacto de investidura que preveía que se dedicaran 1.000 millones a políticas de vivienda en 2022 y seguirá presionando para un nuevo protocolo de lanzamientos judiciales para minimizar la actuación de los antidisturbios, un documento que frenó el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Las cuentas preveían 749 millones en vivienda, "un incremento de 410 millones, con respecto al 2020", pero la CUP lo minimizó recordando que es un compromiso que adquirió el propio Govern tras las elecciones del 14-F, por lo que desdeñan haber entrado en un terreno de renegociar lo ya negociado para aprobar los presupuestos y no ir más allá de un pacto que en su momento ya tacharon "de mínimos". Insistieron, además, en que los 251 millones de euros hasta los 1.000 se deben dedicar íntegramente a aumentar el parque público de vivienda, que se sitúa en el 2%, y volvieron a exigir a Junts que retire las enmiendas a la ley antidesahucios porque “desvirtúan el espíritu” de la norma que se está trabajando desde el Parlament y que, a su juicio, incumple pactos previos entre las fuerzas independentistas.

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Pese a esto, fuentes de la CUP aseguran que tomarán su decisión en base a una "visión global" de los avances. Eso es, que ninguna condición es indispensable para modificar su posición. En materia de fiscalidad, por ejemplo, las posiciones siguen enquistadas y es que el Govern rechaza impulsar una subida de impuestos, pese a la obcecación cupera. Sólo se desplegarán los impuestos previstos en la ley de cambio climático, empezando por los cruceros en 2022 y por el de actividades económicas que generan gases de efecto invernadero en 2023.

Sobre la retirada de las acusaciones a manifestantes, el Executiu ya se ha comprometido a revisar todas aquellas causas en las que se ha personado -aquellas en que un agente acredita lesiones y se conoce la autoría del agresor-. No hay novedad en cuanto a los macroproyectos, ya que la Generalitat cedió en la retirada de la partida de 120 millones de euros para el Hard Rock del Camp de Tarragona y comprometió la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno a la consulta en el territorio para la que se guardan 800.000 euros.