La lucha contra el olvido

PSOE y Unidas Podemos pactan que la ley de memoria permita juzgar los crímenes del franquismo

  • ERC tilda de "humo" las propuestas de socialistas y morados y las ve insuficientes para respaldar la ley de memoria democrática

  • La compensación económica a las víctimas del franquismo enfrenta al Gobierno con los republicanos catalanes

Exterior de la basílica del Valle de los Caídos, en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial, el pasado 20 de julio de 2021.

Exterior de la basílica del Valle de los Caídos, en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial, el pasado 20 de julio de 2021. / DAVID CASTRO

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Miguel Ángel Rodríguez
Miguel Ángel Rodríguez

Periodista

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Cuarenta y cuatro años después, la ley de amnistía sigue generando polémica. El consenso amplísimo que se alcanzó en 1977 entre tensiones provoca fricciones ahora entre el Gobierno de coalición y su principal socio parlamentario, ERC. PSOE y Unidas Podemos sellaron un acuerdo este miércoles para presentar una treintena de enmiendas [aquí en PDF] a la futura ley de memoria democrática y, entre otros cambios, parece que abren la puerta a una de las asignaturas pendientes de España en esta materia: que la Justicia pueda investigar los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Para los republicanos catalanes es todo "humo", una "especie de triunfalismo absurdo" de los dos partidos del Ejecutivo y resulta insuficiente para apoyar la norma. Al Gobierno se le complica así la aritmética parlamentaria.

En lo que parecía un intento por atraer a ERC —según defendieron en Unidas Podemos—, socialistas y morados pactaron este miércoles que las leyes internacionales para la persecución de los delitos de lesa humanidad se apliquen "como derecho vigente en España" (algo que ya está reconocido en la Constitución), de tal manera que la ley de amnistía se interprete y aplique teniendo en cuenta que los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen "consideración de imprescriptibles y no amnistiables". Esto podría permitir, entre otras cosas que el que el gerifalte de la dictadura Rodolfo Martín Villa, procesado en Argentina por tortura, fuera llevado ante los tribunales en España.

El portavoz de Unidas Podemos y principal negociador morado en este asunto, Enrique Santiago, recalcó que de esta forma se "va a acabar definitivamente con la impunidad" de los delitos del franquismo, aunque reconoció que "el efecto no va a ser muy importante en materia de justicia" ya que la gran mayoría de los autores de estos delitos ya han fallecido. Además, recalcó que "la Justicia no consiste solamente en sanciones", sino también en "conocer una verdad judicial". En este sentido, incorporaron una enmienda para concretar que la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática —creada a partir de esta ley— se centre en "la investigación de los hechos que tuvieron lugar con ocasión del golpe de Estado, la Guerra y la dictadura".

El descontento

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Enmiendas conjuntas PSOE-UP a la ley de memoria democrática (17 de noviembre de 2021)

Enmiendas conjuntas PSOE-UP a la ley de memoria democrática

Nada más conocerse los propósitos del Gobierno, distintas alas del movimiento memorialista lamentaron que no impulsen una derogación o reforma expresa de la ley de amnistía. En los últimos años, varios querellantes ya han presentado ante los tribunales el argumento del Derecho Internacional Humanitario y la respuesta de la Justicia siempre ha sido que no se podía hacer nada mientras estuviese vigente la ley de amnistía.

ERC —que registró 65 enmiendas— tiene un pensamiento similar. "Se está engañando a la gente. No se está haciendo nada", denunció el portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián. El diputado catalán explicó que la Constitución ya recoge una alusión sobre la aplicación del derecho internacional y que aun así no se han podido juzgar los crímenes del franquismo. "No se quiere cambiar [la ley de amnistía] porque sería reconocer un terrible error que se cometió hace más de 40 años", recalcó en una rueda de prensa convocada para "atajar" los mensajes que lanzaban socialistas y morados. Su homólogo en el PSOE, Héctor Gómez, rechazó tocar esta norma: derogar la ley de amnistía "no sería la panacea".

Resarcimiento económico

Este no es el único encontronazo del Gobierno con sus socios republicanos. PSOE y Podemos pactaron otro cambio en la futura norma para recoger que "las víctimas de la guerra y la dictadura tienen derecho al reconocimiento y la reparación integral por parte del Estado". Además, pretenden incluir un reconocimiento del derecho al "resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la dictadura".

Rufián lanza la sospecha de que el Gobierno quiere pactar con Cs, pero los socialistas solo dicen que hablarán con todos los grupos

Parecía que así daban cumplimiento a unas de las principales exigencias de ERC: la compensación a las víctimas del franquismo. Pero tampoco fue así. Rufián sostuvo que los cambios propuestos por sus socios en el Gobierno no inciden en el articulado de la ley destinado al resarcimiento económico ni establecen mecanismos para ello. "O se están equivocando o alguien está engañando a alguien", se cuestionó. Lo único que pareció gustarles fue la propuesta de cambiar el nombre del Valle de los Caídos a Valle de Cuelgamuros.

El 'no' de los republicanos dificulta, por el momento, la aprobación de la norma. Además, Rufián lanzó la sospecha de que los socialistas están negociando con Ciudadanos para sacarla adelante. "Vamos a seguir dialogando con todos los grupos parlamentarios", aseveró Gómez cuando se le preguntó, sin querer inclinar la balanza a favor de un entendimiento con ERC.

Revocación de distinciones

Además, PSOE y Podemos propusieron que los retratos u otras representaciones artísticas de personas vinculadas a la represión franquista no podrán mostrarse ni en lugares representativos ni en áreas de acceso al público y se completará el procedimiento para la revocación de las distinciones honoríficas en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado —lo que hubiera permitido retirar las medallas al excomisario fallecido 'Billy el Niño'—, así como la supresión de 33 títulos nobiliarios y grandezas de España concedidos por Franco entre 1948 y 1978, como los ducados de Primo de Rivera o Calvo Sotelo, el marquesado de Queipo de Llano o el señorío de Meirás.

Las enmiendas de PSOE y UP plantean la supresión de 33 títulos nobiliarios y grandezas de España concedidos por el franquismo

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Entre las modificaciones pactadas por los socios de coalición también figura la ampliación del censo de víctimas del franquismo para incorporar a las personas supervivientes, como reivindicaban los colectivos, y la creación de un reconocimiento a las víctimas de la Transición (de 1978 a 1982). Además, los descendientes de los brigadistas internacionales podrán solicitar la nacionalidad española y se creará una oficina de víctimas de la dictadura y un Centro de Memoria Democrática con participación de las víctimas y sus organizaciones.

Por último, en materia educativa y de formación, se garantiza el derecho a la investigación histórica de los crímenes del franquismo frente a posibles alegaciones sobre el derecho al honor de personas ya fallecidas que hubieran participado en los mismos y se añade una referencia a la necesidad de introducir estos contenidos en los libros de texto y materiales curriculares.