Investigación

La fiscal general urge a su equipo a desmontar las "graves acusaciones" del 'caso Stampa'

Dolores Delgado reunió de urgencia a sus colaboradores el pasado lunes

Dolores Delgado, en una imagen de archivo.

Dolores Delgado, en una imagen de archivo. / periodico

Ernesto Ekaizer

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La fiscal general del Estado (FGE), Dolores Delgado, mantuvo el pasado lunes, 15 de noviembre, una reunión con su equipo, al que solicitó disposición para contrarrestar lo que, según fuentes judiciales, denominó las “mentiras” del fiscal del 'caso Tándem-Villarejo', Ignacio Stampa. La fiscal general denegó a Stampa una plaza fija en la Fiscalía Anticorrupción, un mecanismo utilizado para apartarle de la investigación. Delgado ha incorporado este punto en el orden del día de la reunión del Consejo Fiscal el próximo 24 de noviembre.

Según esas fuentes, participó en el encuentro de la mañana del lunes Pilar Rodríguez, fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, destino al que Stampa volvió en noviembre de 2020, tras vencer su comisión de servicios en Anticorrupción. También estuvo presente la fiscal jefe de la Inspección, María Antonia Sáinz Gaite.

Delgado hizo posteriormente llamadas telefónicas a los vocales del Consejo Fiscal, órgano asesor de la FGE, Aurelio Blanco (Unión Progresista de Fiscales) y Concepción Talón (Asociación de Fiscales). Quiere que la próxima reunión del Consejo Fiscal dé una respuesta contundente sobre el 'caso Stampa'.

"Difamaciones"

Según una comunicación de la FGE al Consejo Fiscal, en posesión de EL PERIÓDICO, Dolores Delgado señala que, a la vista de “las gravísimas y difamatorias informaciones en relación al Consejo Fiscal, “tomé la decisión de añadir un punto específico en el orden del día del Consejo Fiscal del 24 de noviembre, al objeto de recabar detallada información sobre esta cuestión”.

Este asunto ha recobrado actualidad a raíz de las preguntas registradas el pasado 11 de noviembre en el Consejo Fiscal, por el fiscal de lo Penal del Tribunal Supremo, Salvador Viada, a su vez presidente de la Asociación Independiente de Fiscales (APIF).

Fue el Consejo Fiscal el que suscribió la propuesta de Delgado, el 27 de octubre de 2020, de no conceder a una plaza fija de las ocho vacantes a la que aspiraba Stampa en la Fiscalía Anticorrupción tras impulsar desde 2017 el 'caso Tándem-Villarejo', que se ha empezado a enjuiciar en la Audiencia Nacional.

Presuntas irregularidades

Las preguntas de Viada, basadas en presuntas irregularidades de la actuación de la fiscal general del Estado, expuestas y documentadas minuciosamente en una demanda de reparación patrimonial presentada por Stampa ante el Ministerio de Justicia, indagan hasta qué punto el Consejo Fiscal, que arropó la decisión de la FGE, conocía esos detalles a la hora de adoptar una decisión que derivó no solo en denegarle una plaza fija, sino también en apartarle del 'caso Tándem-Villarejo'.

Esos detalles se refieren, en primer término, a que la fiscal general del Estado dio instrucciones para mantener abiertas de manera artificiosa unas diligencias de investigación en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid solo en relación con Stampa a raíz de una denuncia anónima que le imputaba a él y al otro fiscal del 'caso Tándem-Villarejo', Miguel Serrano, haber hecho filtraciones del sumario. Es decir, la fiscal general que impulsaba esas diligencias era quien, a su vez, proponía denegarle la plaza.

Y, en segundo término, el hecho de que el exjuez Baltasar Garzón, pareja de la fiscal general del Estado, defendió, en su calidad de abogado, a uno de los investigados, el excomisario Enrique García Castaño, y su bufete lo hacía con otros investigados. El fiscal Viada pregunta sobre este posible conflicto de intereses.

Fuentes judiciales señalan que el “frente” de las asociaciones de fiscales implicadas en la decapitación de Stampa en el Consejo Fiscal del 27 de octubre de 2020 ha empezado ha requebrajarse pese al intento de la fiscal general del Estado de obtener una respuesta conjunta a Stampa.

Malestar entre los fiscales

En principio, el pasado lunes 15 se barajó la posibilidad de un comunicado conjunto entre la Unión Progresista de Fiscales (UPF), una de las asociaciones cuyos vocales forman parte del Consejo Fiscal, y que consiguió la elección de Delgado como vocal de dicho consejo en 2018, y la conservadora Asociación de Fiscales (AF), a la que pertenecía Stampa, desmintiendo los hechos.

Esta idea fue rechazada por la AF. Finalmente, la UPF, en línea con los argumentos, según fuentes judiciales, de la fiscal general, señala ante las preguntas de Viada que, “en modo alguno, Ignacio Stampa fue apartado del conocimiento de las diligencias previas del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional”, es decir el 'caso Tándem-Villarejo'.

“Este compañero se encontraba prestando servicio como fiscal en comisión de servicio hasta la fecha de su vencimiento... presentó su candidatura en el Pleno del Consejo Fiscal del 27-10-2020 para la obtención de plaza donde no obtuvo ningún informe favorable para la misma. Como todos sabemos, las comisiones de servicio nunca aseguran la obtención la titularidad de las plazas cuando estas salen a concurso…”.

La respuesta dice desconocer las “preguntas concretas” sobre el 'caso Tándem-Villarejo' en lo que sería una referencia implícita a la actividad del exjuez Garzón porque, afirma “carecemos de competencia para ello”, Asimismo, “desconocemos el contenido” de las diligencias de la Fiscalía del TSJ de Madrid “por ser de carácter reservado y exceder de nuestra competencia”.

"Presión mediática"

Por su parte, este martes 16, la Asociación de Fiscales ha emitido un comunicado en el que señala que las recientes informaciones sobre el 'caso Stampa' constituyen “acusaciones muy graves que exigen una respuesta muy detallada de la propia FGE en el Consejo Fiscal”.

La AF, que apoyó a Delgado en apartar a Stampa por lo que calificó la existencia de “una presión mediática”, ataca ahora a la fiscal general por “su trayectoria marcada por el intencionado desconocimiento del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y el Reglamento, cuyas disposiciones han sido obviadas de manera sistemática… desgraciadamente el episodio que ahora se conoce, sino que forma parte de una manera de dirigir la institución”.

Por su parte, Viada explica a este diario: “Cuando dicen que el fiscal Stampa no ha sido apartado del 'caso Tándem-Villarejo' faltan a la verdad. Porque supongamos, a efectos dialécticos, que otros aspirantes hubiesen tenido más méritos que él, en tal situación se le podía, en virtud de haber impulsado la investigación durante cuatro años desde el comienzo de la misma, haberle asignado ese caso en base al artículo 26 del Estatuto. En interés de la justicia y de la Fiscalía por su conocimiento del asunto”.

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