Abogacía

Los otros Arnaldos: altos funcionarios compaginan su puesto con trabajos sin control en la privada

Letrados de las Cortes y del Consejo de Estado compatibilizan su empleo en la Administración con la actividad privada

Los otros Arnaldos: altos funcionarios compaginan su puesto con trabajos sin control en la privada
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Rafael Méndez

El pasado 20 de octubre, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) despedía a Lucas Blanque, que desde 2010 había ocupado el cargo de director de los servicios jurídicos. Pero no se fue al paro. Porque Blanque compaginaba el cargo, por el que cobraba 10.000 euros al mes, con el de letrado del Consejo de Estado además de asesor en un bufete de abogados. 

El Consejo de Estado, máximo órgano consultivo, no tenía problema con esta situación. No podía tenerlo. No podía alegar desconocimiento porque el pasado mes de abril una sentencia alertó de esa situación. Blanque demandó al CGAE por acoso laboral y la juez relata los sueldos pactados. “Por los servicios profesionales pactados el CGAE abona al letrado la cantidad de 120.000 euros anuales, sin incluir IVA, pagaderas en 12 mensualidades, previo el envío mensual de una factura por importe de 10.000 euros cantidad a la que habrá que añadir el IVA y descontar el porcentaje de retención del IRPF vigente en cada pago”.

Blanque tenía flexibilidad total. "El actor dispone de plaza de garaje abonada por el CGAE. Cuando se implantó el registro horario y tuvieron que fichar incluso los directores, el actor nunca lo hizo": Además, el letrado tenía otra ocupación como asesor de un despacho de abogados al que a veces contrataba el CGAE. Este diario ha intentado, sin éxito, obtener su versión.

Pero no es el único. En el Consejo de Estado, 12 de los 30 letrados, que elaboran los informes que sirven de base a los de los consejeros, trabajan a la vez en la privada, a menudo en despachos de abogados. Una portavoz del organismo que preside María Teresa Fernández de la Vega insiste en que lo hacen a cambio de una reducción del complemento específico del 85% y sin reducción de carga de trabajo, por lo que no merma su rendimiento. Al contrario que otros funcionarios, estos no tienen despacho ni obligación de acudir a diario al centro de trabajo.

Los informes del Consejo de Estado son fundamentales en la Administración. Esta semana, por ejemplo, tumbaron la moratoria de los exámenes de recuperación que había planteado Educación en contra de la ley.

Letrado, catedrático y abogado

Ellos son los otros Enrique Arnaldo, altos funcionarios con una doble vida consentida. Trabajan a la vez en el sector público y en el privado, a menudo a cambio de altos sueldos y con frecuencia pleiteando contra la Administración. Antes de entrar en el Tribunal Constitucional, Arnaldo era letrado de las Cortes, el cuerpo que asesora en la elaboración de leyes, desde 1986 y obtuvo la compatibilidad en 2002. A la vez que letrado ha sido catedrático, profesor en una universidad privada y mantiene su propio despacho de abogados, desde el que asesoraba a organismos como la televisión balear cuando la dirigía Jaume Matas.

Es normal que Arnaldo no viese problema. La compatibilidad de los letrados de las Cortes es algo histórico. José Manuel Serrano Alberca fue letrado en la comisión que redactó la Constitución y después se mantuvo durante años como funcionario. A la vez, desde su despacho de abogados, desarrolló una teoría jurídica según la cual las expropiaciones de terreno rústico debían valorarse como suelo urbano si servían para construir infraestructuras. Esa teoría, que consolidó en los tribunales, costó miles de millones a los tribunales y le hicieron rico en su despacho.

Actualmente, al menos 12 de los 36 letrados tienen concedida la compatibilidad. Entre ellos, el exsecretario de Estado de Seguridad Ignacio Astarloa, que asesora al despacho CMS Albiñana. 

La abogacía del Estado también tiene funcionarios con compatibilidad. Hace años eran muy frecuentes pero en 2016, Justicia cortó el grifo y dejó de darlas. Los abogados del Estado en despachos privados rebajan su sueldo y bajan su nivel en la Administración a un nivel 24 -30 es el máximo-. 

Antes de eso hubo casos sonados, como el de Joaquín José Abajo Quintana, abogado del Estado en la Agencia Tributaria y, al mismo tiempo y sin compatibilidad autorizada, secretario del consejo de administración de Afinsa, condenada por una estafa masiva a través de una inversión en sellos. Abajo Quintana fue condenado a seis años de cárcel y en el juicio el fiscal se sorprendió de ver papeles de Afinsa con el membrete de la Abogacía del Estado. O Catalina Miñarro, que a la vez era abogada del Estado en la Audiencia Nacional y consejera de Mapfre. Cuando El País publicó el caso ella pidió una excedencia.

Una de las últimas en obtener la compatibilidad es Elisa de la Nuez, abogada en un despacho y miembro de la fundación por la regeneración Hay derecho. De la Nuez era compañera de Blanque en un despacho. Ella explica que la actual abogada general del Estado, Consuelo Castro, ha trasladado que no le gusta que haya abogados del Estado con la compatibilidad. De la Nuez señala que en los abogados del Estado con compatibilidad sufren una importante rebaja de sueldo público y son destinados a tribunales, donde su trabajo es medible: “En la abogacía del Estado se controla el número de demandas”.

¿Alguien está controlando esto o no? En la abogacía se controla más bien cuando sale algo publicado. Es más bien reactivo

Sí admite que no hay controles sobre si una vez en con un pie dentro y otro fuera surgen conflictos de intereses. Nadie controla qué empresas contratan a estos abogados o si ellos no llevan un caso pero sí un compañero de despacho al que echan una mano. “¿Alguien está controlando esto o no? En la abogacía se controla más bien cuando sale algo publicado. Es más bien reactivo. No hay una supervisión constante, sino si hay alguna noticia. Igual pasaba con los disputados, que se les daba una compatibilidad pero luego nadie vigilaba”, afirma De la Nuez.

Uno de los requisitos es que el funcionario que obtiene la compatibilidad “no puede pleitear contra su Administración". "Tú puedes litigar contra un Ayuntamiento o una comunidad autónoma. Y a la vez un letrado de la comunidad autónoma puede hacerlo contra la Administración General del Estado”, explica De la Nuez. Como los contenciosos contra decisiones de las Cortes o del Consejo de Estado son mínimos, los procedentes de esos cuerpos tienen un camino abierto en la privada. 

Los inspectores de Hacienda no pueden tener compatibilidad así que si quieren ir a la privada tienen que pedir una excedencia. Cuando se ha planteado, la Asociación de Inspectores ha señalado que no ve ético que alguien pueda ser inspector de Hacienda por la mañana y asesor fiscal por la tarde. En la universidad es hay profesores que sin solicitar la compatibilidad ejerzan asesorías y hagan dictámenes para tribunales.

Los inspectores de Hacienda no pueden tener compatibilidad así que si quieren ir a la privada tienen que pedir una excedencia

Los que sí van contra su antigua Administración sin problema son los abogados del Estado que piden la excedencia, es el caso de Juan Ramón García Notario, que fue abogado del Estado en Puertos y se dedica al sector, y de otros que han pasado por el Ministerio de Industria y ahora asesoran a fondos internacionales en arbitrajes internacionales contra España.

Andrés Boix, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Valencia, critica la situación que ha tenido Arnaldo hasta entrar en el Tribunal Constitucional. "Si se le aplicara la lógica de la ley de incompatibilidades a una situación como la de Arnaldo tendríamos un caso de libro de incumplimiento de la norma porque la idea central de la misma es que, salvo en supuestos muy excepcionales, y que no concurren, no se pueden compatibilizar dos puestos de trabajo en el sector público, y menos aún dos puestos de una alta responsabilidad. Por lo demás, tampoco casa con el espíritu de la norma en materia de Universidades impartir docencia regular en un centro privado aunque sea bajo la cobertura formal de un supuesto ‘asesoramiento".

Sin embargo, cree que hay que ir más allá. “Con todo, el problema es que la norma en materia de incompatibilidades no se aplica estrictamente a cuerpos como el de letrados de las Cortes, y por mucho que supuestamente haya de inspirar su régimen jurídico en la práctica son decisiones de estos propios cuerpos los que concretan el día a día de un régimen de incompatibilidades que, por sorprendente que parezca, para estos altos cuerpos de funcionarios públicos, es de una laxitud extrema”. 

La ley de incompatibilidades es de 1984 y Hacienda prepara un proyecto para actualizarla

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Critica que “dado que este tipo de situaciones son relativamente habituales entre altos funcionarios de muchas de las principales instituciones del país, resulta llamativo, por no decir incluso hipócrita, que la crítica vaya dirigida en este caso a Arnaldo por su concreta situación personal y no a la impresentable, a pesar de conocida por todos los actores de nuestro peculiar establishment, situación en materia de incompatibilidades en esos ámbitos".

El Ministerio de Hacienda trabaja en una ley que regule la incompatibilidad de los funcionarios y las excedencias. Aunque el sector duda de que, con solo dos años de legislatura pueda abordar un asunto tan espinoso. La anterior regulación es de 1984. Nadie la ha cambiado.