'Fact-check': ¿76% o 30%? Govern y CUP chocan sobre el grado de cumplimiento del pacto de investidura

Educación

El proyecto de presupuestos para el 2022 incluye la gratuidad de P2 (90 millones de euros) y el Govern ofrece la rebaja de ratios progresiva en los ciclos de infantil y primaria para pasar de 25 a 20 alumnos por aula y empezar el curso 2022-2023 con 1.545 nuevos profesionales (un incremento de 56,8 millones de euros), ambos compromisos dentro del acuerdo. En cuanto a la formación profesional se queda en una contratación escasa, de 400 nuevos profesores y 70 nuevos grupos, pero sí se avanza en la integración de escuelas concertadas a la red pública con al menos cuatro centros durante el 2022, como pedía la CUP. 

Sanidad

ERC y CUP pactaron avanzar hacia un sistema de titularidad y gestión pública que incluía la red de servicios auxiliares. En cuanto al 061, se asegura "una hoja de ruta para la internalización", algo que se abren a estudiar también para el 112, con "una evaluación sistemática del modelo de gestión que dé paso a la toma de decisión" sobre si debe ser gestionado íntegramente de forma pública. En cuanto a la atención primaria, el proyecto de presupuestos se queda en un 17% y no el 25% acordado, pero sí se incorporan referentes de bienestar emocional en los centros y se estabiliza a la actual plantilla para dar respuesta al covid-19. El refuerzo de equipos se basa en la creación de nuevas especialidades, pero no al fortalecimiento de equipos básicos de medicina e enfermería como reclamaba la CUP.

Vivienda

En materia de vivienda, las cuentas se quedan cortas respecto al pacto, que fijan 749 millones de euros y no los 1.000 prometidos. Además, el Govern contempla adquirir unas 1.050 viviendas públicas nuevas por la vía de tanteo y retracto (un 70% de partida más) y construir otras 2.000 para dedicarlas a alquiler social (un 515% de inversión), lejos de las 5.000 pactadas inicialmente. También prevén 100 millones de euros para ayudas al alquiler (53.000 familias beneficiarias) y reforzar la inspección para el cumplimiento de la ley de vivienda y de alquileres. La modificación del protocolo de lanzamientos judiciales se ha impulsado, pero ha sido frenado por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), por lo que el Govern se compromete a “limitar tanto como sea posible” su actuación y a monitorizarla, pero no a eliminar su intervención en lanzamientos de familias vulnerables como acordaron tras las elecciones.

Políticas sociales

La oficina para diseñar un plan piloto para estudiar la implementación de la Renta Básica Universal se aprobó en junio y, dos meses y medio después, el Govern nombró al doctor en sociología Sergi Raventós como jefe. La Generalitat se compromete a que la prueba esté en marcha, como tarde, el 1 de diciembre del 2022 con una nueva partida de cuatro millones de euros, cumpliendo así con el pacto de investidura. Paralelamente, crece la dotación de la Renta Garantizada de Ciudadanía (11 millones de euros) para llegar a 230.000 beneficiarios, se lanzará un plan contra la pobreza energética (13 millones de euros) y para los jóvenes extutelados con un 25% más de gasto (60 millones de euros). Asimismo, se mantendrán los profesionales de las residencias contratados a raíz del impacto del covid-19 (411 personas).

Orden público

Tras las elecciones, ERC y CUP pactaron la retirada de las acusaciones particulares contra manifestantes independentistas siempre que los agentes no acreditaran lesiones con certificado médico y, en esta línea, el Govern ofrece su retirada en siete casos a raíz de los alborotos del 30 de enero del 2018, ante la investidura fallida del 'expresident' Carles Puigdemont, y se propone el inicio de un proceso sistemático de todos los procedimientos abiertos, revisando además su papel en el caso de que no se pueda demostrar la autoría.

Otro punto cumplido es el hecho de que la defensa penal de los Mossos d'Esquadra esté ahora en manos del Gabinete Jurídico Central, que depende de Presidència, y no uno a parte sólo pendiente de Interior; además de la creación de una comisión de estudio sobre el modelo de policial para revisar el uso de los proyectiles de foam que ya está en marcha y preside la CUP. Eso sí, critican que se mantengan las "redadas policiales racistas" en la policía catalana, pese a que se ha puesto en marcha en el Parlament una comisión sobre racismo institucional.

Macroproyectos, energía e industria

El Govern se compromete a no asumir "en ningún caso" el coste de la compra de los terrenos de CRT-Vilaseca para la construcción del macroproyecto del Hard Rock y no formalizará la candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno hasta que el territorio no haya votado sobre este proyecto, a cuya votación destinarán unos 800.000 euros. Estos dos avances son significativos para la CUP, aunque remachan que el Executiu mantiene su propuesta vigente aspirando a que no tenga coste sobre la administración pública.

Para estudiar la creación de una energética pública durante el primer semestre del 2022 se guardan 500.000 euros (irrisorios para la CUP) y otros 56 millones de euros para el pacto para la industria. También prevén desplegar un servicio de apoyo técnico-jurídico a las zonas que quieran revisar las concesiones de las centrales hidroeléctricas y desarrollar antes del final del 2022 los impuestos pendientes de la ley de cambio climático con el impuesto a los cruceros este noviembre. Lo que no se ha cumplido es la moratoria sobre las renovables.

En cuanto a la banca pública, está pendiente de la petición de una ficha bancaria de marzo en el Banco de España.

Hoja de ruta independentista

No hay avances sobre el compromiso del pacto de investidura para “generar las condiciones y los acuerdos necesarios para que podamos plantear un nuevo embate democrático, durante esta legislatura, por la vía que el conjunto del independentismo valore como la más adecuada”. De hecho, las tensiones se evidenciaron en el Parlament cuando la CUP forzó una fecha para celebrar la consulta antes del 2025 que decayó por la abstención de ERC contra los plazos y el voto en contra de Junts, que sigue dando validez al 1-O. Por contra, se aprobó que sólo un referéndum acordado puede sustituir el de 2017.

Lo pactado sobre la mesa de diálogo sigue vigente pese al escepticismo de la CUP. Y es que ERC sigue explorando “al máximo” este foro durante dos años sin que esto comprometa el “apoyo u oposición” de los ‘cuperos’ al Govern, que se han manifestado en las calles contra del deshielo.

Tampoco hay novedades sobre el Acord Nacional per l’Amnistia i l’Autodeterminació para “preparar las condiciones para un nuevo embate democrático”, aunque fuentes de la CUP aseguran que no ha sido por falta de voluntad del Executiu, sino porque faltan miembros para cerrarlo.

Sobre la soberanía parlamentaria, se han tramitado todas las propuestas de resolución que tienen que ver con la autodeterminación y la monarquía, pese a las advertencias en otras legislaturas del Tribunal Constitucional y de las causas, ya juzgadas o en proceso, contra exrepresentantes independentistas en la Mesa del Parlament.