El TSJC deja a un paso de juicio a Roger Torrent por desobediencia

La magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Maria Eugènia Alegret, ha finalizado la investigación contra el expresidente del Parlament y actual 'conseller' de Empresa, Roger Torrent, así como contra otros exmiembros de la Mesa de la Cámara catalana, por presunta desobediencia al haber permitido la tramitación dos resoluciones a favor del derecho de autodeterminación y en contra de la Monarquía, desoyendo con ello las advertencias del Tribunal Constitucional (TC). La jueza considera que existen indicios y "apariencia razonable" de la comisión de uno o más delitos y acuerda la continuación del proceso judicial para que la fiscalía y las acusaciones presenten sus calificaciones. De esta manera, el alto cargo del Ejecutivo catalán queda a un paso de ser juzgado, al igual que el resto de imputados: Josep Costa (JxCat), Eusebi Campdepadrós (JxCat) y Adriana Delgado (ERC).

En su auto, la magistrada sostiene que Torrent y el resto de diputados de la Mesa actuaron "con desprecio a la legalidad constitucional y previamente advertidos por el TC" al permitir la votación de ambas resoluciones, que eran similares a otras que habían sido suspendidas previamente. Las propuestas defendían el derecho del pueblo de Catalunya a la autodeterminación y la reprobación de la Monarquía, lo que, recalca la resolución, es "contrario a la configuración constitucional del Rey" reconocida en la Constitución, así como a la "inviolabilidad y a la exención de responsabilidad" de "la persona del Monarca".

El 22 de octubre de 2019, detalla el auto, los diputados acordaron admitir a trámite las resoluciones para su discusión en el pleno, "no obstante hallarse ya notificados y requeridos de la suspensión de incisos similares contenidos en otras propuestas parlamentarias". La reconsideración de la Mesa planteada por otros partidos, argumenta, "fue rechazada con los votos de Torrent --que utilizó su voto de calidad--, así como por los de Costa y Campdepadrós en la sesión del 29 de octubre.

Pleno adelantado

El pleno que debía debatir las mociones fue fijado para el 12 de noviembre a las 15.00 horas, pero Torrent adelantó la hora de inicio a las 9.00 horas, "sospechando el presidente del Parlament y los grupos mayoritarios que el TC suspendería de inmediato la tramitación de la moción", subraya la jueza. El entonces presidente no interesó informe de los servicios jurídicos pese a haber sido solicitado por algún grupo. La instructora destaca que las órdenes del Constitucional "eran vinculantes" para Torrent y la Mesa y que el Parlament "está obligado a ejercer sus poderes de acuerdo con lo establecido por el Estatut y la Constitución".

"El Parlamento no es un lugar inmune al cumplimiento de la legalidad y al principio de jerarquía normativa", insiste la magistrada, tras recalcar que "las democracias más avanzadas no solo se fundamentan en el principio de división de poderes, sino también en el compromiso de sus instituciones con el estado de derecho, que obliga a todos a someterse al imperio de la ley y a sus formalidades para modificarla". En este contexto, añade, "el debido acatamiento y cumplimiento de las decisiones judiciales es presupuesto indispensable de la estabilidad del sistema".

Torrent sostuvo en su declaración que actuó correctamente en defensa de “la libertad de expresión e ideológica de los diputados”, a la vez que advirtió que una eventual sentencia condenatoria sería un “precedente nefasto” para el debate parlamentario. E insistió en la "neutralidad política" de la Mesa del Parlament a la hora de tirar adelante cualquier iniciativa de los grupos políticos.