Candidato para el TC

Arnaldo, el 'conseguidor legal' del Partido Popular que vicia la renovación del Constitucional

La actividad de su bufete, simultánea a su condición de letrado, sus colaboraciones en FAES y sus vínculos con Jaume Matas enturbian su imagen de independencia

Arnaldo, el 'conseguidor legal' del Partido Popular que vicia la renovación del Constitucional
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Tono Calleja / Cristina Gallardo

Las actividades privadas del profesor de Derecho Constitucional y letrado en el Congreso de los Diputados Enrique Arnaldo a través de su bufete Estudios Jurídicos y Procesales S.L., unido a su presencia en más de cien actos de la Fundación FAES en los últimos años, desvelan sus fuertes vínculos con el PP y las relaciones con investigados y presuntos testaferros de las tramas en las que se investiga a miembros del partido. Todo ello cuestiona su perfil independiente como candidato de esta formación para la próxima renovación del Tribunal Constitucional (TC). 

Además, Arnaldo estuvo imputado en el caso 'Palma Arena' por el juez de Palma de Mallorca José Castro, que investigó la 'macrocausa' de actividades corruptas del expresidente balear Jaume Matas, si bien finalmente no le llevó a juicio. En el sumario se acredita la labor asesora que el catedrático prestó a Matas cuando gobernaba, y se detalla como tras su abandono de la política éste fue contratado por el bufete de Arnaldo en relación con negocios desarrollados en Latinoamérica.

El líder de los populares, Pablo Casado, justificó el retraso en llegar a un acuerdo con el PSOE para los nombres del tercio del TC que tocaba renovar al Congreso desde noviembre de 2019 en la necesidad de buscar perfiles independientes y técnicos para el cargo, con el objetivo de "despolitizar" la justicia. Sin embargo, los dos candidatos designados -además de Arnaldo se ha elegido a la juez Concepción Espejel, fue apartada para juzgar el caso 'Gürtel'- no parecen cumplir estos objetivos.

Ambos, junto a los candidatos por parte del PSOE Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez, serán elegidos el próximo jueves por el Pleno del Congreso, en una votación individual pero finalmente telemática, para evitar aglomeraciones por el coronavirus. Para superar el trámite parlamentario deberán obtener al menos 210 apoyos.

Explicaciones en el Congreso

Durante su comparecencia en la Comisión de Nombramientos celebrada el pasado 2 de noviembre Arnaldo defendió que nunca ha militado en un partido político y que, si bien ha acudido a debates y foros de la fundación FAES, también lo ha hecho a otros de distinto signo y siempre sobre asuntos técnico-jurídicos.

Explicó que sacó su oposición para letrado del Congreso y ejerció inicialmente entre 1986 y 2001, año en el que fue designado por el Pleno del Congreso de los Diputados como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Un año más tarde solicitó oficialmente la compatibilidad que permite a estos funcionarios trabajar a tiempo parcial en otros ámbitos, y ha ejercido en la actual legislatura en comisiones no legislativas como la de Estudio del Problema de las Adicciones y la de Seguridad Vial.

Arnaldo, en el turno de respuesta a los diferentes diputados, se describió como una persona templada y jurista profesional que sabe escuchar y equilibrado. Insistió, sobre el hecho de que hubiera sido imputado en el caso 'Palma Arena', que ya fue exonerado "y como tal" le gustaría ser tratado. "Me gustaría también decir que cuando alguien acude a un juzgado no puede ser considerado eterno sospechoso. Pertenece a otras épocas pasadas lo de ser sospechoso de por vida, felizmente superadas", indició el candidato.

Actividades sospechosas

El futuro presidente del Tribunal Constitucional, que según todas las previsiones será el magistrado Pedro González-Trevijano, maniobró siendo rector de la Universidad Rey Juan Carlos con Arnaldo para facilitar "algún vínculo académico" al expresidente balear Jaume Matas. Así se acredita en una carta que firmó en 2010, cuando Arnaldo y Matas ya estaban siendo investigados en la 'macrocausa' Palma Arena.

La misiva fue escrita por González-Trevijano conociendo la situación en la que se encontraba entonces su amigo Arnaldo, que estaba imputado, que fue catedrático de esa universidad, por expreso deseo de éste, según refleja el documento. En la Rey Juan Carlos obtuvieron sus máster Cristina Cifuentes y Pablo Casado. También es catedrático de esta universidad Miguel Cardenal, que cuando fue secretario de Estado para el Deporte fichó a Arnaldo de presidente del Tribunal Administrativo del Deporte a la vez que asesoraba a la misma comisión parlamentaria.

También gracias al sumario del caso Palma Arena se ha conocido que el candidato del Partido Popular al Tribunal Constitucional reconoció en su día al juez Castro que su empresa Estudios Jurídicos y Procesales SL llevó a cabo 562 servicios profesionales entre 2002 Y 2009 a decenas de administraciones públicas. 

Estos trabajos fueron un total de cinco para la Administración del Estado, 83 para comunidades autónomas, 15 para la Diputación Foral de Álava, dos para el Cabildo Insular de Gran Canaria y dos para el de Lanzarote, entre otros. 

En relación con estos trabajos, la investigación de 'El Periódico de España' ha revelado que Arnaldo facilitó documentos e información a la Televisión Pública de Baleares (iB3), que le había contratado durante la presidencia de Jaume Matas (PP), acerca de la tramitación del Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual en el Congreso de los Diputados.

Relación con presuntos testaferros

En un escrito remitido el 21 de abril de 2010 al instructor del 'Palma Arena' Arnaldo también alude a una carta escrita por el fiduciario uruguayo Fernando Belhot, en el que informa de que ambos habían firmado un "acuerdo marco de colaboración" para el establecimiento de una red iberoamericana de despachos de abogados.

El nombre de Belhot apareció como presunto testaferro del considerado como máximo responsable de la trama Lezo, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, pero también en el caso Erial, en el que está imputado el expresidente de la Comunidad Valenciana y exministro Eduardo Zaplana, tal y como informó en su día la cadena SER. Tanto Zaplana como González han rechazado que Belhot sea su testaferro.

Las sospechas que rodean a su actividad profesional fueron puestas de manifiesto por una de sus socias del despacho ante el juez Castro. Mercedes González de Estrada Álvarez-Montalvo señaló en su declaración que el bufete pagó al expresidente de Islas Baleares Jaume Matas "comisiones por las operaciones en las que intervenía cuyo porcentaje variaba en función de la importancia de la operación pero que podía llegar hasta una tercera parte del beneficio que en cada operación obtenía Estudios Jurídicos y Procesales".

Pinchazos de Lezo

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Su nombre también aparece en la investigación de una de las causas contra el PP que aún se investiga en la Audiencia Nacional, por la presunta actividad delictiva del expresidente madrileño Ignacio González. A finales de 2016 la Guardia Civil interceptó una llamada entre González y el hoy candidato al Constitucional en el que ambos hablaban de los nombramientos en el seno del Ministerio de Justicia y la supuesta influencia de Arnaldo en los mismos.

“Estoy moviéndome para que el nuevo que sustituya a esta señora - la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal- sea bueno”, responde Arnaldo, que añade: “Si yo tuviera algún [dato] nuevo, te llamaría en seguida”. El Confidencial desveló otros negocios más recientes del candidato que se mueven en la línea de lo irregular, al apuntar que vulneró presuntamente la prohibición de cobrar de dos universidades distintas con la firma de un contrato privado con el centro Cardenal Cisneros que le permitió seguir dando clase hasta este mismo año 2021.