El Govern intenta atraer a la CUP a los presupuestos con la energética pública y el 061

A menos de 24 horas de que el Consell Executiu apruebe este martes el proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2022, el propio Govern ha redoblado esfuerzos para lograr el plácet de la CUP a las cuentas. O, como mínimo, para tratar de garantizarse que superen el primer trámite parlamentario, la semana que viene, y evitar que una enmienda a la totalidad devuelva el proyecto al Executiu. A los 749 millones que se dedican a vivienda, como avanzó este domingo EL PERIÓDICO, se suma la recuperación de la gestión pública del 061, como ha avanzado este lunes 'Nació Digital' y, sobre todo, una de las medidas más demandadas por los anticapitalistas: la puesta en marcha de una compañía energética pública catalana. Todo ello, para contentar a la militancia 'cupaire', que, reunida este próximo fin de semana, votará sobre el futuro de las negociaciones.

Los escollos principales que amenazan el acuerdo se mantienen (macroproyectos, impuestos, hoja de ruta independentista, servicios públicos y políticas sociales), pero la Generalitat los va diluyendo a medida que se agota el tiempo. El anuncio de la energética pública lo realizó el propio 'president', Pere Aragonès, en Glasgow, donde participó de la Cumbre del Clima de la ONU. En concreto, lo que explicó Aragonès es la puesta en marcha de un programa que permitirá la dotación de personal para impulsar dicha compañía en los próximos meses, y que activará un grupo de trabajo para estudiar cómo debe ser la empresa pública. El programa, que dependerá de la Conselleria d'Acció Climática que lidera Teresa Jordà, permitirá tener una propuesta de funcionamiento en seis meses.

Las dudas de la CUP

Según Aragonès, mediante esta compañía, el Govern participará en la producción y generación de energía. Jordà, presente también en la ciudad escocesa, ha aclarado que esta energética pública "no pretende ser una comercializadora, sino que, al contrario, pretende producir", y hacerlo en espacios que promotores privados probablemente descartan por tener poco rendimiento económico, como canales, infraestructuras, carreteras y edificios públicos. Este relato coincide con las demandas que ha puesto la CUP sobre la mesa, pero desde el partido aseguran que las cuentas solo destinan 500.000 euros a este compromiso, algo que consideran "insuficiente" para que sea una realidad.

ERC apela a la "coherencia" de quien apoyó la investidura de Aragonès hace solo cinco meses

En cuanto a la internalización del 061, los anticapitalistas recalcan que hay que leer con atención la letra pequeña, porque su objetivo es que tanto los teleoperadores como los gestores sean subrogados (es decir, que no estén contratados por empresas privadas), mientras que, según ellos, el texto del Govern se refiere solo al personal de "interés sanitario", intentando que los telefonistas queden fuera, algo ante lo que no piensan ceder.

Los cuperos analizan al detalle la propuesta del Govern y consideran que todavía hay margen para llegar a un pacto, conscientes de que la alternativa puede pasar por un acuerdo con el PSC que hurgaría en la estrategia de "estabilización" que detestan. Confían, precisamente, en que las cuentas reflejen, "como mínimo", el acuerdo de investidura, por lo que esperan movimientos del Govern para generar simpatía entre su militancia antes de que el 15 de noviembre voten sobre la presentación o no de una enmienda a la totalidad.

ERC, vía su portavoz, Marta Vilalta, apeló, por su parte, a la "coherencia" de la CUP, puesto que no han transcurrido siquiera cinco meses desde que los anticapitalistas depositaron su confianza en Aragonès, mediante un pacto de investidura, y que solo con unos presupuestos de nuevo cuño se puede dar salida a muchos de los puntos que contenía ese pacto. Para Vilalta, el proyecto "supone un giro a la izquierda", por lo que puso en valor la presencia de ERC en la presidencia de la Generalitat. Una forma de subrayar lo contrario, es decir, y como señalan los republicanos fuera de micrófono, si la CUP no pacta con ERC, va a tener que vérselas con la llamada 'sociovergencia', es decir, la entente entre Junts y PSC, como ya pasó en la polémica sobre la ampliación del aeropuerto.