Los 5 escollos que amenazan el pacto Govern-CUP para los presupuestos

Los servicios públicos y las políticas sociales

La CUP exige el fortalecimiento del sistema público tras una década marcada por los recortes y por la pandemia del covid-19. En materia sanitaria, el refuerzo de las plantillas sigue aparcado, pero sí se prevé que se destine un 17% de la partida sanitaria a la atención primaria, pese a que acordaron que fuera del 25% en el pacto de investidura. El Govern también se abre a contemplar la internalización del 061 aunque en los casos de interés sanitario, algo que podría dejar fuera a los teleoperadores (extremo que enerva a la CUP y ante el que no quiere ceder) y la del transporte sanitario, que ya ha empezado a tramitarse como proposición de ley con el aval de los socios en el Govern.

Otra reivindicación estrella son los 1.000 millones de euros para políticas de vivienda, de los cuales el Ejecutivo sólo prevé disponer de 749 millones de euros (410 millones de euros más que en las anteriores cuentas) priorizando la compra de vivienda por tanteo y retracto, la construcción de vivienda para alquiler social y las situaciones de dificultad -para acceder o por pérdida de la vivienda- derivadas del contexto de pandemia. El destino concreto de esta partida inquieta a la CUP, que presiona para que se dediquen a ampliar el parque público de vivienda que actualmente es del 2% y no para promotores privados.

En cuanto a la energética pública, se contemplan 500.000 euros (escasos para la CUP) para empezar a estudiar su viabilidad que quede pendiente de estudio para su creación. Lo contemplado por el Govern es la puesta en marcha de un programa que permitirá la dotación de personal para impulsar dicha compañía en los próximos meses, y que activará un grupo de trabajo para estudiar cómo debe ser la empresa pública. La propuesta de funcionamiento debería estar lista en seis meses.

También se reservan 90 millones de euros para la gratuidad del P2, una de las medidas estrella del Ejecutivo Aragonès.

Los macroproyectos

La CUP quiere ir más allá del acuerdo de investidura y exige que se aparquen los macroproyectos como el Hard Rock o la candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno –para los que Economía prevé 800.000 euros dedicados a celebrar una consulta en el territorio sobre su idoneidad- después de las tensiones exhibidas durante el debate sobre la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. El Govern defiende estas iniciativas para la creación de numerosos puestos de trabajo y su inversión millonaria, mientras los 'cupaires' reclaman un plan de reindustrialización hacia un modelo de transición energética para que no se fomenten este tipo de atracciones. 

La fiscalidad

El Govern cierra la puerta a subir impuestos, como queda plasmado en la ley de acompañamiento, pese a la insistencia de la CUP. El documento refleja que no habrá cambios en el IRPF ni en patrimonio. En sucesiones, abre la puerta a prolongar el plazo de pago a dos años en algunos supuestos. Sí se prevé avanzar en el camino para que el Institut Català de Finances (ICF) se convierta en un banco público, algo que lleva años exigiendo la CUP y que en Esquerra comparten. Giró trató de convencer, sin éxito, a los anticapitalistas del beneficio de bajar impuestos a las familias con menos ingresos –es decir, al 72% de los que declaran menos de 30.000 euros anuales--, pero ellos, en cambio, siguen exigiendo la creación de un nuevo tramo de IRPF -a partir de los 60.000 euros anuales y hasta los 90.000 de +0,5%- y rebajar el tope a las personas exentas de pagar el impuesto de patrimonio, de 500.000 a 300.000 euros, así como gravar "mucho más" a los patrimonios superiores a 10 millones de euros de patrimonio.

El modelo policial

La retirada de las acusaciones particulares contra manifestantes independentistas –en los casos en que no se acrediten lesiones—sigue enturbiando las relaciones, caldeadas además por el hecho de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) frenara la pretensión de la Generalitat de actualizar el protocolo de actuación de las administraciones ante familias vulnerables afectadas por desahucios. Todo esto, así como el uso de las balas de foam, se discutirá en la recién constituida comisión sobre el modelo policial que preside precisamente la CUP y en la que se abordará la propuesta de crear una oficina externa, pública e independiente que fiscalice las malas praxis que puedan tener algunos agentes durante su actuación, por lo que el Govern apuesta por sacar este debate de la negociación presupuestaria.

El 'procés'

La confrontación con el Estado que reclama la CUP choca con la mesa de diálogo, con el aval a la tramitación de los Presupuestos del Estado y con la negativa a comprometerse con la celebración de un referéndum de independencia en esta legislatura como pide la formación, y que Junts rechaza alabando el 1-O y ERC aparca al no querer fijar plazos sin saber si los podrán cumplir. También está pendiente la constitución del Acord Nacional per l'Amnistía i l'Autodeterminació, un organismo paralelo formado por expertos para que dibujen una nueva hoja de ruta independentista que contente a todo el soberanismo.