Instituciones Penitenciarias

Los sindicatos culpan a Prisiones de que el depredador de Lardero estuviera en la calle

El presidente de Acaip-UGT, José Ramón López, y el de CSIF-Prisiones, Jorge Vilas, en momento de la rueda de prensa de los sindicatos mayoritarios de las prisiones.

El presidente de Acaip-UGT, José Ramón López, y el de CSIF-Prisiones, Jorge Vilas, en momento de la rueda de prensa de los sindicatos mayoritarios de las prisiones. / El Periódico

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Juan José Fernández

Francisco Javier Almeida, presunto asesino del pequeño Álex en Lardero (La Rioja), salió a la calle tras 20 años en el penal de El Dueso por decisión de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y contra el criterio mayoritario de los funcionarios que lo vigilaban en la cárcel cántabra, según ha denunciado el presidente del sindicato de prisiones ACAIP-UGT, José Ramón López.

En rueda de prensa celebrada en Madrid, el dirigente de esta central, y el presidente de la sección de prisiones de CSIF, Jorge Vilas, han unido el hecho de que el depredador sexual estuviera en libertad a "la actual deriva de la gestión penitenciaria". Ambos sindicatos, mayoritarios en las prisiones, están sosteniendo un conflicto colectivo con Instituciones Penitenciarias, secretaría dependiente del Ministerio del Interior.

La Junta de Tratamiento del centro penitenciario de El Dueso votó en contra de la salida de Almeida en tercer grado por seis votos a tres, ha contado López, "y esa decisión fue revocada por la Secretaría". "No hay ninguna argumentación técnica de por qué se le da el tercer grado a ese interno", ha insistido. "Antes esto no ocurría. Ha sido por criterios políticos, porque la prioridad de este secretario general no es la seguridad de la ciudadanía. A esta secretaría general solo le interesa maquillar los datos estadísticos y sacar internos sin tener en cuenta si están preparados o no", ha criticado Vilas.

López ha lamentado el asesinato del pequeño Álex con un mensaje para su familia: "Queremos decirle que los trabajadores penitenciarios lo sentimos, porque es el fracaso de la institución penitenciaria que estos hechos puedan producirse", ha declarado antes de contar que "en el centro penitenciario los trabajadores conocen bien a este interno porque llevaba muchos años (desde 2000). No estaba preparado para el tercer grado. Los permisos que ha tenido antes los había hecho acompañado del cura de la prisión, porque estaba bajo un seguimiento directo; sabían que no estaba aún preparado".

El líder de Acaip-UGT cree que fue un error si la decisión colegiada de la Junta de Tratamiento se revocó por el buen comportamiento intramuros del preso. "Este tipo de interno siempre tiene buena conducta. Los depredadores sexuales siempre son presos modelo", ha explicado.

Una vez en libertad provisional, el seguimiento externo del excarcelado en su domicilio en Lardero fue realizado por un trabajador social "y una sola vez", ha contado José Ramón López.

Violencia carcelaria

Los dos sindicatos han centrado buena parte de su comparecencia ante los medios en explicar el luctuoso suceso de Lardero como parte de "la actual deriva de la gestión penitenciaria", una situación de tensión con la alta dirección de las prisiones en la que su mayor motivo de queja es la violencia "gravísima" que viven los funcionarios.

En octubre pasado, se registraron 11 agresiones con lesiones en los centros penitenciarios de Albocàsser, Puerto II, León, Huelva, Jaén, Algeciras, Murcia II, Topas y Cuenca. Son parte de las 3.609 registradas los últimos cinco años. Los trabajadores penitenciarios, han denunciado Acaip-UGT y CSIF, sufren una agresión cada 36 horas.

Entre los 11 casos de violencia registrados en octubre, los intervinientes han destacado la "agresión sexual" a una profesora dependiente de la Junta de Andalucía en la prisión de Jaén, agarrada por el cuello por un preso que se había sacado los genitales el pasado día 22, y el ataque a un jefe de servicio en la cárcel de Cuenca el pasado 27, en el que un interno hizo un corte "a solo centímetros de la yugular" en el cuello del funcionario, en lo que López ha calificado de "intento de asesinato".

En opinión de Jorge Vilas, esta frecuencia de ataques violentos e incidentes regimentales en las prisiones se debe a tres factores: "Falta de personal, vestuario inadecuado" para atajar situaciones de violencia y "falta de formación continua y de calidad". Sobre el primer factor, ha explicado que las dos centrales calculan en 4.173 puestos los que faltan por cubrir en las prisiones, entre funcionarios y personal laboral.

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De esta situación han hecho culpable directamente al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz. Para paliar la violencia intramuros, Acaip-UGT y CSIF reclaman una Ley de Función Pública Penitenciaria en la que a los trabajadores de las cárceles se les otorgue el carácter de autoridad. Un ataque a un funcionario en una prisión sería así para el Código Penal un atentado a la autoridad, y supondría un incremento de pena para el autor. En opinión de los sindicatos, podría tener un efecto disuasorio que actualmente no existe.

En el fondo del conflicto laboral de las prisiones hay también un componente salarial. Los dos sindicatos llevan tres años exigiendo la equiparación de los sueldos de los funcionarios que en distintas cárceles dependientes del Ministerio del Interior hagan las mismas funciones.