La dirección del PSOE reúne a sus presidentes autonómicos para armonizar criterios por la financiación

El Gobierno ha abierto este noviembre, tras superar la primera prueba de totalidad de los Presupuestos, la reforma del modelo de financiación autonómica. Es una tarea que está pendiente desde 2014, cuando caducó el sistema vigente, aprobado en 2009 por José Luis Rodríguez Zapatero. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, empezará el largo trámite con la presentación de su propuesta de población ajustada —un concepto que incluye por variables demográficas y geográficas—, la pieza clave, para a partir de ahí ir construyendo una nueva arquitectura que pretende que esté diseñada en esta legislatura, tal y como afirmaba en una entrevista en EL PERIÓDICO. 

Del diseño a la aprobación, en este caso, habrá un trecho, y será complicado. En 2022 despertará el nuevo ciclo electoral con Andalucía (y tal vez en la Comunitat Valenciana y Castilla y León), prólogo de las municipales y del resto de autonómicas de mayo de 2023 y de las generales de finales de ese año o de comienzos de 2024. Con urnas de por medio, el Gobierno es consciente de que tejer consensos es complicado aunque no por ello ceja en su empeño: quiere que el nuevo modelo, para el que se requieren múltiples reuniones, y es un proceso muy lento, sea el resultado de un pacto de Estado con el PP, para que se apruebe en la siguiente legislatura, gobierne quien gobierne entonces. 

El proceso empieza este mes de noviembre, pero será largo y marcado por las elecciones que vendrán

El día 23 en Galicia

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ve con malos ojos la cumbre convocada por Alberto Núñez Feijóo para el 23 de noviembre. Según la ministra, solo profundiza en las “trincheras” y no permite “avanzar”. Pero ella y el presidente son conscientes de que ni siquiera hay una posición común dentro del PSOE. Por eso Sánchez encargó al jefe de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que asumiera la Secretaría de Política Autonómica en la nueva dirección del partido, para encauzar el debate. 

Los conservadores piden al Ejecutivo que deje de hacer "encuestas" a los consejeros y tome la iniciativa con propuestas concretas

Vara y la cúpula del PSOE mantendrán este viernes, justo para ese fin, un encuentro de trabajo con los presidentes autonómicos socialistas. No están convocados los barones que están en la oposición en sus territorios, y tampoco el andaluz Juan Espadas, nuevo coordinador del consejo político federal, el órgano que reúne a Sánchez y todos sus líderes regionales. Es decir, que el primer paso que adopta Ferraz es intentar alumbrar una posición de mínimos con los presidentes, que serán los protagonistas de un debate siempre conflictivo y que supera las fronteras ideológicas. 

El propio Vara, el castellanomanchego Emiliano García-Page y el aragonés Javier Lambán pretenden, no obstante, acudir a la cita del 23 de noviembre, porque entienden que es un foro “institucional” en el que no solo se hablará de financiación y que lleva años operativo: su última reunión fue en septiembre de 2018 en Zaragoza. Desoyen así el aviso de Montero, para quien Feijóo presentó la cita como un ariete para la “confrontación” con el Gobierno.

Casado exige que "no haya privilegios para los nacionalistas ni socios de Sánchez"

Para la vicesecretaria general de Acción Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, es paradójico que el Ejecutivo quiera que su partido le dé una posición única. "Es la primera vez que un proceso así empieza con un envite a la oposición. No vamos a negociar nosotros con nuestros consejeros", declara antes de exigir que sea Montero la que haga ese trabajo para aunar posiciones. En la formación conservadora, como en la socialista, las siglas no van parejas a los intereses. Nada tienen que ver las necesidades de Castilla y León, con 2,3 millones de habitantes y una superficie mayor que la de Portugal (94.226 km2 contra 92.212 km2), con las de la Comunidad de Madrid (6,7 millones y 8.030 km2). Lo que pide el popular Alfonso Fernández Mañueco coincide en poco con lo que reclame Isabel Díaz Ayuso.

Rodríguez, que fue directora general de Presupuestos y secretaria de Estado de esa materia en los gobiernos de José María Aznar, también lamenta que Montero vaya "haciendo encuestas" a las autonomías sobre cómo hacer las cosas. Pone el ejemplo de cuando el Gobierno tuvo que decidir si la transferencia de 13.486 millones de euros para hacer frente al covid este año la hacía teniendo en cuenta el PIB o la población ajustada y la mayoría eligió la segunda opción. "Nuestros consejeros no tienen que resolver los problemas. El ministerio tiene mucha ciencia para hacer propuestas", añade.

Fuentes de la dirección de Pablo Casado aseguran que estarán pendientes para que "no haya privilegios para los nacionalistas ni socios de Sánchez" y se intente combinar las respuestas para las comunidades con crecimientos poblacionales y las más envejecidas y despobladas, a las que "les cuesta más cada servicio público". Además, esas fuentes señalan que, ante la dificultad de "aumentar los ingresos", el nuevo modelo de financiación de poner también la lupa sobre la "eficiencia del gasto público" y la "reducción del despilfarro".