PSOE-Podemos acuerdan quitar las devoluciones 'en caliente' de la 'ley mordaza'

PSOE y Unidas Podemos quieren eliminar toda referencia a las devoluciones en caliente de la 'ley mordaza'. Los dos socios del Gobierno de coalición acordaron la semana pasada reactivar la derogación de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana que aprobó el PP en 2015. En los últimos días han alcanzado un "principio de acuerdo" sobre algunas de las materias, explican fuentes moradas. Partiendo de la base de los consensos que lograron en 2018, ambos partidos han pactado, entre otras cosas, reducir las cuantías de las multas, fijar un máximo de dos horas para la identificación de una persona en comisaría y sacar de la norma cualquier mención a los asuntos de extranjería.

Tras meses atascada en el Congreso, socialistas y morados han decidido reactivar la tramitación parlamentaria para tumbar algunos de los aspectos de la norma. Ambos partidos se presentaron a las elecciones de 2019 con el claro compromiso de derogar la 'ley mordaza' y en el acuerdo de coalición [Aquí en PDF], en el punto 5.6, se comprometieron a sustituir la ley por una nueva "a la mayor brevedad". Sin embargo, durante estos dos años han ido dilatando el proceso. Sus socios parlamentarios llevan meses afeándoselo. Ahora, además, deberán buscar sus 'síes' para aprobar sus propuestas. No obstante, en las últimas semanas han ido moviendo ficha.

Durante una reunión que mantuvieron a finales de esta semana lograron un "principio de acuerdo" sobre las enmiendas que presentaran al texto alternativo a la norma registrado por el PNV y que el Congreso aceptó a trámite en 2020 . Fuentes socialistas admiten que hay "avances significativos", aunque desde ambas formaciones avisan que aun quedan "importantes puntos por discutir".

Por el momento, han consensuado "omitir cualquier mención a asuntos de extranjería y fronteras" en la 'ley mordaza', según fuentes del partido morado. Su objetivo, explican, es que estos asuntos se regulen en una futura ley de extranjería "siempre conforme a lo establecido en los convenios internacionales suscritos por España". La intención de Unidas Podemos al eliminar las referencias a las devoluciones en caliente es que esta práctica pierda su amparo legal.

Multas y detenciones

Además, han acordado reducir la cuantía de las multas que se recogen en la norma y que pueden llegar a alcanzar los 600.000 euros. Plantean rebajar las cantidades "excesivas" y, sobre todo, vincularlas a la capacidad económica del administrado. Otro de los aspectos que pretenden reformar es la identificación de una persona por parte de la policía. En el caso de que una persona no pueda ser identificada, socialistas y morados quieren fijar un máximo de dos horas para su identificación en comisaría, "salvo causa excepcional". Además, quieren que los agentes tengan que devolver a la persona identificada al lugar desde el que fue trasladado a comisaría. Sobre los registros corporales han acordado que solo puedan realizarse cuando haya "indicios concretos y comprobables".

En la misma reunión pactaron que se garantice la protección del derecho fundamental a la reunión pacífica sin que en ningún caso "la ausencia de comunicación previa" impida su ejercicio. Esto avalaría la celebración de concentraciones sin necesidad de informar a la Delegación del Gobierno. En esta cita también llegaron a un entendimiento para que no se pueda sancionar la toma y difusión de imágenes de miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, salvo que afecte al derecho a la intimidad o la seguridad de los profesionales o sus familiares.

Búsqueda de consensos

Los dos socios del Gobierno seguirán negociando en los próximos días más enmiendas al articulado. Fuentes de Unidas Podemos explican que en la reunión de este jueves se constató que "quedan importantes puntos que discutir" y que su formación "seguirá trabajando para que el acuerdo supongan un avance en los derechos y las libertades". Será la próxima semana cuando la norma se desbloquee y reanude su tramitación parlamentaria al ser enviada a la Comisión de Interior. Ambos partidos tendrán también que negociar con el resto de socios parlamentarios, todos ellos muy críticos con la ley que impulsó el PP.