El CGPJ pasa a la ofensiva y presiona al PP y al PSOE para ser renovado

La imposibilidad de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realice nombramientos mientras se encuentre en funcione ya tiene una consecuencia práctica: ha tenido que asumir, con carácter extraordinario, las competencias de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central, ante el pase a la situación administrativa de reserva de su auditor presidente, Carlos Melón Muñoz. Sin la reforma que limitó sus funciones cuando sus miembros estén con el mandato caducado, se nombraría a otra persona en su lugar y la Sala de Gobierno seguiría su labor habitual, pero ante las presentes circunstancias ha decidido asumirlo el órgano de gobierno de los jueces.

Como advertencia de lo grave que puede ser la situación, el CGPJ también ha informado de los nombramientos discrecionales pendientes a fecha de este miércoles que son ya 48, de los que 42 corresponden a la jurisdicción ordinaria y 6 a la jurisdicción militar. La cifra aumentará a los 57 a 31 de diciembre de 2021 -51 en la jurisdicción ordinaria y 6 en la jurisdicción militar-, según el informe del que el presidente del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, ha dado cuenta este miércoles a la Comisión Permanente

La Comisión Permanente ha aprobado hoy el acuerdo de avocación de competencias de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central por cinco votos frente a tres. Para ello ha tenido en cuenta que la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central no tiene un número fijo de integrantes, sino que la Ley Orgánica de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar establece que esté formada por el auditor presidente y por sus vocales togados en servicio activo, sin que quepa la sustitución de estos últimos, cuyo número debe ser de dos.

Actualmente, el Tribunal Militar Central está compuesto por cuatro miembros: el auditor presidente general consejero togado, un vocal togado general auditor –ambos en servicio activo– y otros dos vocales togados –ambos en la reserva-, por lo que el pase a la situación de reserva del presidente -que se produjo este martes- o del vocal togado en activo supone per se una paralización temporal de las funciones gubernativas.

Los vocales en situación de reserva, que pasarán a situación de retiro en 2022 no pueden formar parte de la Sala de Gobierno. Ello se suma a la imposibilidad de nombrar un nuevo auditor presidente.

Sin competencias disciplinarias militares

El acuerdo de avocación de competencias gubernativas aprobado por la Comisión Permanente es de aplicación desde este miércoles y durará mientras la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central no pueda ejercerlas por insuficiencia de los miembros requeridos legalmente para su actuación. El órgano de gobierno de los jueces, sin embargo, no asumirá las competencias disciplinarias militares, dado que le son ajenas.

Noticias relacionadas

Sémper (PP) llama "ultra" a Vox, pero deja la puerta abierta a gobernar con ese partido

El PP ve una "excentricidad" los seis cara a cara propuestos por Sánchez y no aclara si Feijóo acudirá

La Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central tendrá las atribuciones de gobierno del propio tribunal y de los órganos judiciales militares inferiores, la potestad disciplinaria judicial militar y ejercerá la inspección de los Tribunales Militares Territoriales y de los Juzgados Togados”.

El acuerdo ha sido adoptado con los votos del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y de los vocales José Antonio Ballestero, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya. Los vocales Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda han votado en contra.