Primer visto bueno del Gobierno

Catalunya quiere blindar su regulación de alquileres en la nueva ley de vivienda

  • El Govern confía en que haya "voluntad política" para introducir enmiendas en el texto que sirvan para proteger la norma catalana

  • El Ejecutivo trata de acortar los plazos de tramitación para que el proyecto esté aprobado en el segundo semestre de 2022

Catalunya quiere blindar su regulación de alquileres en la nueva ley de vivienda
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Xabi Barrena
Xabi Barrena

Periodista

Especialista en información sobre el Govern de Catalunya, de ERC y en el seguimiento de la actualidad del Parlament.

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Miguel Ángel Rodríguez
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Pedro Sánchez y Pablo Iglesias acordaron regular los alquileres hace exactamente un año y se conjuraron para hacerlo en menos de 90 días. En una negociación que terminaron cerrando mano a mano, acordaron impulsar una ley de vivienda en España, la primera en la historia. El calendario y sus encontronazos desbordaron su objetivo temporal. Con diez meses de retraso y ya sin Iglesias en el Ejecutivo, el Consejo de Ministros aprobó este martes un anteproyecto que se tramitará con carácter de urgencia. Bastante retraso acumula ya a sus espaldas. El Gobierno quiere que la norma llegue al Congreso antes de que termine el 2021 para iniciar su camino parlamentario. Más allá de las críticas -que las hay de todos los colores-, también hay quien ve una oportunidad, siempre y cuando haya "voluntad política". La Generalitat, que en público amenaza con recurrir la ley al Tribunal Constitucional si invade competencias, quiere proteger su propia regulación de los alquileres -actualmente impugnada- en la norma estatal a través del proceso de enmiendas.

La ley de vivienda ofrece, a ojos del Govern, una opción para blindar la norma catalana que regula la renta de los inmuebles y que fue recurrida ante el Constitucional por el Gobierno de Pedro Sánchez. Según fuentes del Executiu, el texto permite añadir, en su tramite parlamentario, una disposición adicional que explicite el respeto a las normas autonómicas, en especial, la catalana por cuanto se ancla sobre dos materias sobre las que Catalunya, en virtud del Estatut del 2006, tiene competencias exclusivas. Por un lado, la vivienda y, por el otro, los contratos de arrendamiento urbano que derivan del código civil catalán.

Siempre según estas fuentes, la inclusión o no de esta disposición adicional depende de la "voluntad política" del Gobierno. Y que dada la fortaleza competencial de las tesis catalanas, incluso no se descarta un fallo favorable del Tribunal Constitucional "más allá de su composición". Fuentes del Ministerio de Vivienda evitan pronunciarse sobre cómo afectará la ley estatal a la legislación aprobada en Catalunya. Por el momento, piden esperar a que el TC resuelva el recurso y no se aventuran a explicar qué pasará si ambas leyes llegan a coexistir. Para eso todavía falta. En el Ejecutivo confían en poder tramitarla de urgencia una vez la ley de vivienda llegue al Congreso, pero el horizonte temporal que barajan para su aprobación definitiva es el segundo semestre de 2022.

Críticas y discrepancias

Otra cosa es el contenido de la ley española. "La buena es la nuestra, que lleva un año en marcha y ha demostrado que permite congelar las rentas", continúan fueltes del Executiu. Fuentes de ERC dudaron de la "eficacia" de los bonificaciones fiscales que promueve el texto del Ejecutivo de Pedro Sánchez para los pequeños propietarios que bajen los precios, así como la actuación sobre los grandes tenedores de inmuebles que, según los republicanos, por si solo no permite regular el mercado. Y concluyen que la ley del Gobierno no es "sin duda" la que quería Unidas Podemos.

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No obstante, la norma, foco de conflicto durante casi un año entre socialistas y morados, ha dado su primer paso en mitad de la crisis abierta en el seno del Gobierno por la derogación de la reforma laboral. Los puentes siguen en pie. Aun así, el anuncio sobre la aprobación del anteproyecto reflejó las tensiones que se están viviendo estos días en el Ejecutivo. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, fue la encargada de dar publicidad a la norma, mientras que la responsable de Derechos Sociales, Ione Belarra, no fue convocada a la rueda de prensa, pese a ser coproponente. Esto no evitó que la líder de Podemos se adelantara a su compañera con un vídeo publicado en redes sociales para defender el texto. Algo que molestó a los socialistas.

Los dirigentes del PP no compartieron la satisfacción de Belarra. A falta de un año para que la norma se apruebe, el portavoz de los populares, José Luís Martínez-Almeida, reiteró que no hará uso de ella. Los presidentes autonómicos conservadores, tampoco. Así, la ley casi no tendrá efecto en todos estos territorios.