Audiencia Nacional

Un informe de Hacienda eleva a 12,6 millones el mayor pelotazo del clan Villarejo

Los Pérez-Maura pagaron al comisario 7,5 millones y al empresario Enrique Maestre otros 5,1 millones a cambio de impedir su extradición a Guatemala

La próxima semana declara en la Audiencia Nacional como investigado Francesc Xavier Tauler Ferré, también implicado en los casos Pujol y del 3%

Villarejo      David Castro

Villarejo David Castro / David Castro

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José Manuel Villarejo y su socio Enrique Maestre ingresaron en sus empresas un total de 12,6 millones de euros de sociedades de los empresarios Pérez-Maura, según consta en un informe de la Agencia Tributaria, al que ha tenido acceso 'El Periódico de España'. La Fiscalía Anticorrupción considera que recibieron estos fondos, los de mayor cuantía recibidos por el clan en el 'caso Tándem', a cambio de frenar la extradición de Ángel Pérez-Maura a Guatemala, que había sido reclamado por el presunto pago de 30 millones en mordidas para el entonces presidente del país centroamericano Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti.

De esta forma, Hacienda desvela que el trabajo que realizó el comisario jubilado para frenar la entrega de Ángel Pérez-Maura a las autoridades guatemaltecas permitió que las empresas del ex mando policial Cenyt SL y Stuart & Mckenzie Spain, giraran en 2016 y 2017 facturas por 5.001.260 euros y 2.497.440 euros; respectivamente. La sociedad de Maestre, Adessan, cobró en los dos ejercicios mencionados 5.131.797 euros, lo que suma entre los dos un total 12.630.497 euros.

"Se ha comprobado que A. Pérez y Cía SL [la empresa de los navieros] no practicó retenciones ni ingresos a cuenta por estos pagos, que tampoco fueron declarados por Ángel Pérez-Maura en el IRPF", relata el informe de la Agencia Tributaria, que reconoce que con anterioridad al inicio de su actuación inspectora Pérez y Cía SL sí ingresó 1,4 millones de euros en concepto de retenciones e ingresos a cuenta, considerando como base del ingreso los importes de las facturas emitidas por Cenyt, S.L. y Stuart & Mckenzie Spain, S.L., IVA incluido. Sin embargo, la naviera solicitó después "la devolución de las cantidades ingresadas", resalta el documento.

Impuesto de sociedades

En sus conclusiones, los funcionarios de Hacienda aseguran que han verificado que el gasto en el que ha incurrido Pérez y Cía en relación con Cenyt y Stuart "no se incluye en la base imponible del impuesto de sociedades". Igual ha ocurrido en relación a Adessan, la empresa del socio de José Manuel Villarejo.

Sin embargo, prosiguen los funcionarios, no resultan fiscalmente deducibles los gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico, ni tampoco los correspondientes a servicios no acreditados, ni los que representen una retribución de fondos propios. Si se considerara cualquier de estas circunstancias, concluyen, resultarían cuotas superiores a los 120.000 euros, una suma que marca el límite para imputar un delito contra la Hacienda pública en cada uno de los ejercicios fiscales.

Precisamente, el juez de refuerzo del “caso Tándem” Joaquín Gadea decidió imputar un nuevo delito contra la Hacienda Pública a los navieros españoles. El magistrado decidía, gracias a las conclusiones que le trasladó la Agencia Tributaria, ampliar su investigación contra los Pérez-Maura y su empresa por los presuntos delitos fiscales mencionados.

Un delito fiscal

El magistrado acordaba esta imputación tras recibir un documento de la Unidad de Asuntos Internos, que se basa en el mencionado de la Agencia Tributaria, que le alertaba de los nuevos indicios aparecidos: “El oficio policial recibido permite inferir la existencia de un presunto delito contra la Hacienda pública cometido por los investigados”, especificaba el juez en su resolución.

El pago de las estas cantidades al clan de Villarejo desde la compañía naviera de los Pérez-Maura y las presuntas irregularidades detectadas en la venta de la terminal de contenedores a la multinacional Maersk provocaron quejas entre los accionistas de Pérez y Cía, tal y como prueban los documentos incautados por los agentes de la Unidad de Asuntos Internos durante los registros ordenados por el juez García Castellón.

Problemas en la familia

Y fruto de estos problemas, Álvaro Pérez-Maura remitió a varios de sus parientes un correo electrónico en el que se incluía una carta de su hermano Ramón en la que defendía las actuaciones que habían desarrollado en Guatemala: "Que a estas alturas haya que explicar que el pleito de Guatemala no es contra Ángel, sino contra todos nosotros, porque es al que elegimos como representante y porque si se pierde va a afectar patrimonialmente a todos los beneficiados por la operación original, es algo que cuesta creer".

La misiva, que está incluida en el sumario de la pieza separada del 'caso Tándem' denominada Pit, completa que para Ramón Pérez-Maura es "doloroso que una fantástica operación que ha multiplicado el patrimonio de la familia en veinte años es ahora cuestionada de esta forma".

APM Terminals, filial del gigante danés Maersk, que compró una de las empresas de los hermanos navieros, solicitó sin éxito una fianza de 764 millones de euros a la mercantil Pérez y Cía por el perjuicio causado en esta operación, al considera que se les ocultó que la sociedad estaba siendo investigada por un caso de corrupción.

Declaración de Tauler Ferré

La próxima semana está citado a declarar como investigado el empresario Francesc Xavier Tauler Ferré, también implicado en los casos Pujol y del 3%,. En esta ocasión por su presunta intermediación en la mordida abonada por los Pérez-Maura al expresidente de Guatemala y su entonces vicepresidenta.

La investigación desarrollada por los representantes del Ministerio Público muestra que la empresa TCQ, que resultó adjudicataria de la obra para construir el Puerto Quetzal, ubicado en la costa del Pacífico de Guatemala, contrató a CCG el 25 de octubre de 2013. Y el presidente de esta firma, Francesc Xavier Tauler Ferré, promovió la facturación “a sociedades instrumentales a través de contratos de obra ficticios” por un montante de al menos 4,5 millones de dólares.

“El modus operandi consistiría en el ingreso por parte CCG de cantidades en las cuentas bancarias de un grupo de sociedades instrumentales creadas con la única finalidad de canalizar el delito de cohecho cometido y todo ello simulando una actividad contractual ficticia relacionada con aspectos de la construcción que jamás se llegaron a efectuar”, especifican los fiscales en el escrito de 15 de julio en el que reclaman la imputación del constructor catalán.

Tres modificaciones de contrato

Además, el contrato inicial resultó modificado hasta en tres ocasiones llegando alcanzar los 82 millones de dólares. Esta operación para los fiscales buscaba dar “cobertura para la facturación ficticia a través de la cual se llevaría a efecto el pago de cantidades producto del delito cohecho”, completa el documento de los fiscales.

Por ello, el juez considera que “existen indicios de la comisión de un delito de cohecho y de la posible participación en los hechos de Francesc Xavier Tauler Ferré”, ya que “fue él quien firmó los negocios jurídicos ficticios, esenciales para la articulación del pago ilícito de cantidades” al expresidente de Guatemala y a su número dos, concluye el auto de 21 de julio en el que acuerda la imputación de este empresario catalán.