El fiscal exculpa a Aragonès de los avales para el Tribunal de Cuentas

La Fiscalía Superior de Catalunya ha exculpado este lunes al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y a los 'consellers' Jaume Giró y Laura Vilagrà, de haber cometido los delitos de prevaricación y malversación de fondos en relación con la decisión del Ejecutivo catalán de crear un fondo de 10 millones de euros para cubrir la fianza de 5,4 millones de euros fijada por el Tribunal de Cuentas a los exdirigentes independentistas por los gastos exteriores del 'procés'. El Ministerio Público ha remitido un escrito ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el que se desestime la querella presentada por Vox y las denuncias de la entidad Convivencia Cívica y el diputado de Ciutadans Carlos Carrizosa.

La fiscalía tilda de "apresurado e irreflexivo" la interposición de las querellas y denuncias, a la vez que subraya que "en modo alguno" queda acreditada la conducta imputada a los altos cargos de la Generalitat, por cuanto "la aprobación" de la norma por la que se creaba el fondo no ha producido ningún perjuicio patrimonial a la Administración pública, sino que se "limita" a crear ese depósito. Al entender del fiscal tampoco se puede concluir "sin más" que ese decreto ley tenga como objeto "exclusivamente beneficiar a personas concretas y preseleccionadas", sino que su redactado contiene e una "vocación de continuidad". Por lo tanto, sostiene, carece de arbitrariedad y descarta la comisión de un presunto delito de malversación. Eso sí, avisa que este delito si podría aplicarse a las funcionarios encargados de la posterior tramitación de los avales, como el Institut Català de Finances (ICF) si se produce una "instrumentalización indebida",

Acto legislativo, no administrativo

Respecto a la supuesta prevaricación, tras realizar un somero análisis de la jurisprudencia, el fiscal Pedro Ariche incide que el decreto ley de la Generalitat por el que se crea el fondo "no constituye" una resolución administrativa, sino que "se trata de una disposición de naturaleza legislativa". Es decir, no se puede aplicar ese delito que castiga a "la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo". 

La Fiscalía de Barcelona, por su parte, mantiene abierta una investigación contra los miembros del ICF que gestionaron el aval de las fianzas solicitadas a los dirigentes del 'procés' encausados en el Tribunal de Cuentas. Por ahora, se ha tomado declaración a varios de sus componentes. El Tribunal de Cuentas decidió hace unos días rechazar este aval, por lo que ERC depositó la garantía y otros exaltos cargos, como Artur Mas, depositaron sus viviendas.