Aprobación el martes

PSOE y Podemos salvan la ley de vivienda en plena tormenta por la reforma laboral

Una mujer pasa ante el escaparate de una inmobiliaria en Barcelona.

Una mujer pasa ante el escaparate de una inmobiliaria en Barcelona. / Gustavo Santos

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Miguel Ángel Rodríguez
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Periodista

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Juan Ruiz Sierra
Juan Ruiz Sierra

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La coalición del PSOE y Unidas Podemos vivió el pasado viernes una jornada tensa y contradictoria. El partido morado anunció que se querellaría por prevaricación contra la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, quien había retirado el escaño al diputado Alberto Rodríguez, condenado por pegar una patada a un policía en 2014. También exigió en público una reunión por las presuntas "injerencias" de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en la reforma laboral, prefigurando la que será la principal batalla dentro del Gobierno central. Sin embargo, mientras caía toda esta tormenta, hubo un importante avance. Los socios cerraron la ley de vivienda, uno de los asuntos que más les ha enfrentado durante la legislatura, y la norma dará su primer paso en el Consejo de Ministros de este martes.

A primera hora del pasado jueves, socialistas y morados seguían afanados en la redacción del texto -al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO- y había quienes auguraban un fin de semana largo de negociaciones. Sin embargo, el acuerdo definitivo llegó el viernes. Las conversaciones finales quedaron al margen de la batalla interna en el Ejecutivo. El borrador de la ley recoge todas las medidas que ya se habían avanzado, en un claro ejemplo de que los puentes continúan funcionando: límites a los alquileres de empresas que tengan más de 10 inmuebles, incentivos para que los pequeños propietarios los bajen, sanciones para quienes tengan casas vacías en las consideradas zonas tensionadas y destinar el 30% de las nuevas construcciones a vivienda protegida, aunque aquí los ayuntamientos tendrán que compensar a los promotores. 

El Consejo de Ministros dará hoy el visto bueno al anteproyecto de ley. Iniciará entonces el trámite de consulta pública y será después cuando llegue al Congreso de los Diputados. En el Gobierno confían en que su aprobación definitiva llegue a finales de 2022. En todo caso, se aplicará solo en aquellas comunidades y municipios que así lo decidan, lastrando su capacidad para cambiar el mercado. Madrid y Galicia, por ejemplo, ambas gobernadas del PP, ya han anunciado que se desentienden de la norma. A esto se suma que algunas de las medidas más contundentes no se podrán desplegar hasta la primavera de 2024. Para entonces, ya se habrán celebrado elecciones generales y habrá un Gobierno nuevo en la Moncloa, sea cual sea su color.

Requisito para los Presupuestos

“Por fin, después de más de 40 años, se aprobará la primera [ley de vivienda] de la historia de la democracia”, dijo Pedro Sánchez este domingo, durante la clausura del congreso del PSOE extremeño, una cita en la que el presidente del Gobierno anunció que el próximo Consejo de Ministros aprobará también 100 millones adicionales para ayudar a los hogares vulnerables. Sánchez no se detuvo en los choques de los últimos días en el seno de la coalición. 

Pocos asuntos han provocado tantas discusiones entre el PSOE y Podemos como la ley de vivienda. Su capacidad para tensar el Ejecutivo solo es superada por la reforma laboral, la gran pugna que se avecina, con Díaz asegurando que se "derogará" la regulación del PP y los socialistas impulsando a Calviño, crítica con este planteamiento, para dar tranquilidad a la patronal y la UE.

La regulación del mercado inmobiliario es fundamental para el partido morado, donde varios de sus dirigentes provienen de movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), y el pacto inicial sobre esta norma permitió desatascar el acuerdo global de los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Las palabras del desacuerdo

En las negociaciones de las cuentas públicas del pasado año la regulación de los alquileres ya jugó un papel clave. Pablo Iglesias, en aquel entonces vicepresidente segundo, amenazó con no apoyar los Presupuestos si no había un compromiso para bajar los precios de los inmuebles. Sánchez atrajo a su socio con un acuerdo en el que se comprometían a impulsar una ley de vivienda en el plazo de tres meses. Un año después aquella promesa empieza a materializarse.

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Socialistas y morados llevaban meses discutiendo a cuenta de cinco palabras que venían recogidas en aquel pacto: la creación de mecanismos que permitieran la contención o "eventualmente bajada de los precios". Iglesias y Ione Belarra, quien tomó el relevo en la negociación tras la marcha del exlíder morado, exigían medidas que obligasen a rebajar los alquileres. Sus socios se mostraban reticentes y pusieron sobre la mesa propuestas basadas en beneficios fiscales.

La norma, finalmente, supone un compendio de ambas posiciones. Al menos, ambos partidos parecen satisfechos con su redacción y sacan pecho de las medidas introducidas. El PSOE ha salvado a los pequeños propietarios de rebajas obligadas y Unidas Podemos aplaude que la ley vaya a obligar a los grandes tenedores -empresas que tengan más de 10 viviendas- a bajar los precios hasta el índice que marque el Gobierno, que se ha dado para elaborarlo un plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de la ley. Falta por ver si la satisfacción interna que transmiten socialistas y morados se traduce en el apoyo parlamentario necesario.