CAMBIARÁ UNA LEY DE 1984

Hacienda abre un frente con los funcionarios con una ley de puertas giratorias en la Administración

Las asociaciones de funcionarios critican que no han sido informadas de las intenciones de Función Pública

Hacienda quiere regular las puertas giratorias de los funcionarios.

Hacienda quiere regular las puertas giratorias de los funcionarios. / Sara Martínez

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Rafael Méndez

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha preparado un borrador de proyecto de ley para regular las puertas giratorias de los funcionarios. El texto, que salió a consulta pública antes de verano, ha puesto en alerta a los cuerpos de altos funcionarios, sobre todo porque no han sido consultados. Ni en Fedeca, la asociación que agrupa a los cuerpos de altos funcionarios, ni los inspectores de Hacienda sabían de la tramitación.

El pasado mes de mayo, el Gobierno publicó una "consulta pública previa sobre el anteproyecto de ley de prevención de conflictos de intereses del personal al servicio del sector público". La norma viene a reformar el estatuto del empleado público de 1984, que regula las incompatibilidades.

Estatuto anticuado

Función Pública -que después de la remodelación ministerial pasó al Ministerio de Hacienda- señala que ese estatuto ha quedado anticuado y que hay que adaptarlo para hacerlo "más exigente". También pretende "establecer un sistema de prevención y gestión de conflicto de intereses que no esté dirigido exclusivamente al desempeño de una segunda actividad". Y añade que la aparición nuevas formas de trabajo "exige una regulación que las contemple de forma específica".

Los funcionarios tienen limitada su compatibilidad pero, por ejemplo, nadie controla qué hacen una vez se van de excedencia. Los altos cargos sí tienen una regulación y a menudo se quejan de que los altos funcionarios -abogados del Estado, técnicos comerciales o inspectores de Hacienda- pasan al sector privado de un día para otro sin ningún control.

Sin indemnización

Abogados del Estado en excedencia, por ejemplo, asesoran en los arbitrajes internacionales de renovables que reclaman 5.000 millones a España. El problema para la Administración es que los políticos que tienen dos años de incompatibilidad perciben a cambio una indemnización. Los funcionarios no la tienen.

El sector daba por hecho que este proyecto de ley no saldría adelante por ser muy conflictivo pero fuentes de Hacienda señalan que está dentro de su plan normativo. Ni en Fedeca ni en asociaciones de funcionarios como las de los abogados del Estado o la de inspectores de Hacienda habían sido informados y han pedido una reunión para tratar el asunto. Para los funcionarios es un asunto capital y no entienden que no haya habido reuniones para abordar el tema.

Consensos complicados

Joaquín Meseguer, director general de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla y León, destaca que la norma es "tan oportuna como complicado es conseguir los consensos necesarios". "La ley de 1984 está obsoleta, es muy restrictiva en algunos puntos y luego deja abiertos otros. A menudo limita mucho a los niveles más bajos de los funcionarios pero no a los más altos, que son los perfiles más atractivos para la empresa privada".

Meseguer ha participado en los grupos de consulta que ha realizado el ministerio con aportaciones. Las aportaciones de la Junta de Castilla y León piden que la reforma no se limite "a un retoque de cuestiones puntuales" por las "muchas limitaciones y problemas interpretativos que genera la ley citada": "Creemos que la necesidad de aprobar una nueva norma es evidente y urgente; no ahora, sino desde hace ya décadas". 

Regular las compatibilidades

Además de la excedencia, en algunos cuerpos hay cierta compatibilidad. Los abogados del Estado, por ejemplo, tienen una figura en la que bajan a nivel 24 -30 es el máximo- y de sueldo a cambio de tener la compatibilidad para trabajar en la empresa privada. Una vez que salen del ministerio no hay ningún control sobre sus actividades. Lo mismo ocurre con los letrados de Cortes o los letrados del Consejo de Estado. En los últimos años, la Abogacía General del Estado dejó de dar esa compatibilidad pero la mantenía a los que ya la tenían concedida.

El comisario José Manuel Villarejo ejercía a la vez como policía y como detective privado con permiso del Ministerio del Interior, para sorpresa del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), cuyas recomendaciones dice Hacienda que pretende cumplir.

El escándalo de Fernando Peña

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La mayoría de los letrados del Consejo de Estado trabajan a la vez en despachos de abogados sin horario ni oficina en el organismo público. Los inspectores de Hacienda no tienen compatibilidad pero muchos piden excedencia para trabajar como asesores fiscales. Alguno, incluso, ha protagonizado sonoros escándalos. Fernando Peña, el cerebro del despacho Nummaria, acusado de fraude fiscal, es inspector de Hacienda en excedencia.

Ransés Pérez Boga, presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda, destaca que ellos nunca han visto ético que haya una compatibilidad. Pero sí cree que la norma es ya bastante restrictiva incluso con las clases que pueden dar. "Dar clases obliga a formarse y es bueno para la Administración". Pérez Boga destaca que no han sido informados de la tramitación de la ley: "Los trámites de información pública nos lo mandan siempre y este no nos lo han mandado. No lo conocíamos y podían habérnoslo dicho. Nosotros tenemos algo que decir porque ya tenemos un régimen muy estricto de incompatibilidades pero no sabemos nada más allá de las cuatro ideas que da el pdf".