¿En qué te afecta la ley de la vivienda? Bonificación fiscal del 90% para quien baje el alquiler

Declaración de zona tensionada

La mayoría de las medidas de la norma se aplican en las zonas declaradas como mercado residencial tensionado, aquellos lugares con escasez de viviendas en condiciones asequibles. A petición de cada comunidad, se concederá esta categoría por tres años a aquellas zonas en las que la carga media de la hipoteca o del alquiler, más los suministros, supera el 30% de los ingresos medios de un hogar o en las que el precio haya subido cinco puntos por encima del IPC en los últimos cinco años.

Tope a los precios

En aquellas zonas declaradas tensionadas y dentro del periodo de vigencia de la declaración, las personas físicas que alquilen un piso no podrán subir los precios al realizar un nuevo contrato, exceptuando la actualización al IPC. El texto recoge la salvedad de un incremento del 10% en el caso de que los últimos dos años se haya rehabilitado la vivienda, se haya mejorado su eficiencia energética o el contrato se firme por 10 o más años.

Rebajas para las grandes empresas

Las empresas que tengan más de 10 inmuebles deberán rebajar el precio de los alquileres en aquellas zonas tensionadas. Al firmar o renovar un contrato, la renta no podrá superar el límite máximo establecido en el índice de precios de referencia del Ministerio de Vivienda, el cuál se elaborará en los 18 meses próximos a la aprobación de la ley. Esta medida, por tanto, no tendrá una aplicación real hasta la primavera de 2024.

Sistema de bonificaciones

Para fomentar la bajada de precios por parte de pequeños propietarios en zonas tensionadas, la norma recoge un sistema de bonificaciones fiscales del IRPF: del 90% si se rebaja la renta un cinco por ciento; del 70% si se alquila a jóvenes de entre 18 y 35 años; del 60% si la vivienda ha sido objeto de actuaciones de rehabilitación en los dos años anteriores. En el caso de no cumplir ninguno de los requisitos la bonificación será del 50%.

Recargo del IBI

La norma pretende aumentar el mercado del alquiler incrementando los impuestos sobre las viviendas vacías. Los ayuntamientos podrán imponer un recargo del IBI del 50% a los inmuebles que lleven desocupados más de dos años; del 100% a los que superen los tres años; y del 150% a los que pertenezcan a un propietarios que tenga dos viviendas o más en la misma zona tensionada. La ley exceptúa las segundas viviendas y otras casuísticas.

Vivienda pública y desahucios

La ley establece mecanismos para que aquellos territorios que quieran puedan reservar un 30% de todas las nuevas promociones de vivienda sobre suelo urbanizado a vivienda protegida. Los ayuntamientos deberán compensar a las promotoras. Por otro lado, la norma agiliza los trámites para evitar desahucios en riesgo de exclusión permitiendo que las administraciones públicas actúen de oficio al comprobar si están en situación de vulnerabilidad.