Pitufeo

El PP de València gastó un millón en la campaña de 2007 pero declaró 150.000 euros

La cuantía podría ser incluso mayor ya que la consultora encargada de los actos recibió aportaciones de 18 empresas contratistas por 2,6 millones

La candidatura del PP al Ayuntamiento de València que ganó las elecciones locales de 2007.

La candidatura del PP al Ayuntamiento de València que ganó las elecciones locales de 2007. / DANIEL GARCÍA-SALA

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B.L. / Laura Ballester

La alcaldesa de València de 1991 a 2015, Rita Barberá, toco el cielo en las elecciones municipales de 2007. La candidatura del Partido Popular de la ciudad de València ganó en los 19 barrios y pedanías de la ciudad. La «alcaldesa de España» como se la llegó a bautizar entonces por sus compañeros iniciaba su quinto mandato al frente del consistorio del Cap i Casal gracias a las 235.158 papeletas de electores que la apoyaron, una cifra que representaba el 56,67 por ciento de los votos y que le concedió 21 ediles (dos más que en 2003). La candidatura del PSPV que encabezó Carmen Alborch, logró 140.187 votos, el 33,78 % de los sufragios, lo que permitió mantener los doce concejales de 2003 y ser el único partido en la oposición.

Catorce años después un auto judicial encuentra una explicación a ese techo electoral sin precedentes alcanzado por el Partido Popular de la ciudad de València en 2007. El PP «superó con seguridad y ampliamente el millón de euros» para financiar aquella campaña electoral coordinada por el entonces vicealcalde Alfonso Grau. Formalmente los responsables de la campaña declararon haberse gastado solo 150.000 euros, según el contrato suscrito el 3 de abril de 2007 entre Alfonso Grau y la consultora de comunicación Laterne Product Council, propiedad del fallecido Vicente Sáez Tormo.

Delitos prescritos

El titular del Juzgado de Instrucción 18 incluso teme que el gasto en la campaña electoral pudo ser mucho mayor «pudiendo superar la cota de los millones». De hecho, las «aportaciones» a Laterne Product Council antes de la campaña electoral por parte de 18 empresas contratistas del Ayuntamiento de València ascendieron a 2.683.750 euros, según consta en el auto dictado el pasado 19 de octubre. Las empresas no han sido procesadas en la causa porque los hechos han prescrito para ellas. La consultora Laterne también recibió «encargos» de varias fundaciones del ámbito municipal por realizar trabajos que no han aparecido durante la instrucción judicial, lo que le ha costado al exvicealcalde de València, Alfonso Grau, la imputación por un presunto delito de malversación.

Una operativa similar, pero mucho más modesta económicamente se produjo en las elecciones de 2011 en las que Rita Barberá revalidó su quinta victoria electoral con mayoría absoluta aunque con un ligero freno respecto a 2007.

Los electores dieron a la candidatura del PP de València ciudad un 52,5 % de los sufragios (frente al 56,6 % de los comicios de 2007) y 20 concejales (uno menos respecto a los 21 de las elecciones anteriores). Aunque en estos nuevos comicios el coordinador de la campaña, que volvió a ser Alfonso Grau, no pudo contratar a Laterne, que ya había desaparecido ahogada por las deudas. Y su propietario fallecido de forma repentina. Por ello tuvo que recurrir a la empresa Trasgos Comunicación cuyo propietario es Antonio Puig Payá con el que se pactó una campaña por 170.000 euros.

El PP pagó 167.678 euros pero el coste final de los gastos electorales fue de 277.129,2 euros, que nuevamente sufragaron en parte contratistas del ayuntamiento «simulando una relación comercial inexistente con las empresas de Antonio Puig», señala el juez. Un gasto que el PP ocultó al Tribunal de Cuentas ya que el partido declaró haber gastado «150.000 euros en la provincia de València (incluida la capital) con cargo a la cuenta electoral».

El juez corrige el auto para incluir a Miquel Domínguez

El juez del caso Taula ha dictado un auto de rectificación para incluir formalmente al ex concejal de València, Miquel Domínguez, como formalmente investigado ya que no aparecía en el listado de procesados en la pieza separada del pitufeo. En el mismo auto de corrección el magistrado aprovecha para eliminar del listado de las personas que se sentarán en el banquillo de los acusados al marido de una asesora investigada para el que se sobreseyó la causa en 2016.

Una decisión que ya es firme, por lo que su inclusión en el auto de procedimiento abreviado que inicia el camino hacia el juicio oral por esta pieza separada del caso Taula ha sido un error, probablemente de transcripción.

En el auto de rectificación, notificado ayer a la partes, el magistrado recuerda que «los tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material que adolezcan».

De ahí que detectados los dos errores cometidos, el magistrado procede a «rectificar la parte dispositiva del auto de 19 de octubre de 2021 en el sentido de añadir a Miquel Domínguez como investigado» y excluir del procesamiento por el pitufeo a la persona a la que se sobreseyó la causa en 2016, que responde a las iniciales de R. C. Z.

El exconcejal Miquel Domínguez fue investigado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por su condición de aforado tras ser elegido diputado en las Corts por el Partido Popular, aunque acabó en el grupo de no adscritos tras ser investigado. No obstante, la causa se archivó contra él de manera provisional y no definitiva en febrero de 2017 porque la magistrada instructora consideró insuficientes los indicios para acreditar la participación» del ex concejal en el presunto pitufeo.

En 2019, cuando Domínguez dejó de ser diputado, la Fiscalía Anticorrupción pidió al Juzgado de Instrucción que lo volviera a investigar, petición que ha sido atendida ante el juicio oral.

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