Por la moratoria del Gobierno

El TSJC frena el nuevo protocolo de la Generalitat en los desahucios

  • El tribunal considera que, mientras estén vigentes normativas provisionales como la moratoria del Gobierno, es "prudente" no avanzar hacia la redacción de un nuevo texto

Protesta por el desahucio de una familia vulnerable con un menor en Poble Sec.

Protesta por el desahucio de una familia vulnerable con un menor en Poble Sec. / CAPTURA VIDEO EFE

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Júlia Regué
Júlia Regué

Periodista

Especialista en información del Parlament de Catalunya, siguiendo la actualidad política catalana

Escribe desde Barcelona

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El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha frenado la pretensión de la Generalitat de actualizar el protocolo de actuación de las administraciones ante familias vulnerables afectadas por desahucios, vigente desde julio del 2013. El presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, ha alegado que no se retocará al menos mientras esté vigente la moratoria de lanzamientos que aprobó el Gobierno central por la pandemia.

El 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defendido en el Parlament la propuesta "consensuada" dentro del grupo de trabajo creado por la Generalitat (Presidència, Justícia, Interior y Drets Socials) que aspira a contar con el apoyo del mundo jurídico y los entes locales para detectar de forma anticipada situaciones de vulnerabilidad y poder ofrecer alternativas habitacionales antes de la ejecución de un desahucio. "Necesitamos muchas más herramientas para intervenir desde el principio [ante un desahucio]. Y eso es lo que persigue la propuesta de protocolo, pero quien lo ejecuta son los tribunales de justicia y, por lo tanto, nosotros no nos podemos poner en el lugar del juez", ha despejado Aragonès, a preguntas de la CUP, apelando a la "responsabilidad y a la sensibilidad" del TSJC.

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Sin embargo, en su acuerdo, Barrientos considera "prudente no avanzar en la redacción de un nuevo texto de protocolo" y opta por atenderse a las normas vigentes de "detallada regulación positiva" ante una normativa "en constante reforma y evolución" y recuerda que en la última reunión de la comisión de seguimiento del protocolo contra los desahucios ya se concluyó la necesidad de potenciar la cooperación institucional para agilizar la coordinación entre los Mossos d'Esquadra y servicios sociales a la hora de ofrecer soluciones alternativas a familias vulnerables en riesgo de desahucio.

Así, recuerda que los decretos vigentes ya permiten a los jueces suspender los lanzamientos a personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional pidiendo un informe que lo corrobore a servicios sociales que se tiene que emitir entre 10 y 15 días tras la solicitud. Unas medidas que Barrientos no descarta que se alarguen más allá del 31 de octubre, cuando está previsto que decaigan. El Govern ya ha pedido una reunión con el TSJC para intentar remediar la situación y avanzar en la elaboración del nuevo protocolo.