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PSOE y Podemos acuerdan mantener el acta de Alberto Rodríguez y piden aclaración al Supremo

La Mesa del Congreso ha acordado no imponer sanción alguna al diputado de Unidas Podemos una vez visto el informe de los letrados

PSOE y Podemos acuerdan mantener el acta de Alberto Rodríguez y piden aclaración al Supremo

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Ana Cabanillas
Ana Cabanillas

Periodista

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La Mesa del Congreso, gracias a la mayoría de PSOE y Unidas Podemos, ha acordado este martes mantener el acta del diputado morado Alberto Rodríguez, que fue condenado por el Tribunal Supremo a 45 días de prisión y de inhabilitación para sufragio pasivo. Además, no se ha optado por ninguna sanción adicional que se barajaba en un principio, como la suspensión de empleo y sueldo durante los días de pena.

La decisión se ha tomado después de que el informe jurídico de los letrados avalara mantenerle en su cargo público, y finalmente los socialistas se han puesto del lado de sus socios de coalición frente a PP y Vox que exigían la retirada de su cargo parlamentario.

En la reunión de la Mesa de este martes, en la que cada grupo parlamentario ha expuesto su postura pero en la que no ha habido votación, también se ha pedido al Tribunal Supremo una aclaración de los términos de ejecución de la sentencia. Una fórmula que deja la decisión ya tomada a expensas de la última palabra del Alto Tribunal.

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Tanto PP como Vox habían pedido en sendos escritos la retirada del acta de diputado a Rodríguez, que fue condenado por delito de atentado contra la autoridad por haberle propinado una patada a un policía nacional durante unas protestas en 2014 en La Laguna (Tenerife). Estas peticiones se amparaban en la teoría de la "ilegilibilidad sobrevenida" que ya se aplicó en casos como el de Quim Torra u Oriol Junqueras, a quienes se les retiraron sus cargos públicos tras haber sido condenados a inhabilitación.

Fuentes de Vox también adelantaban a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que en caso de no quitarle al dirigente morado la condición de diputado, presentarán un recurso ante el Tribunal Supremo o, en su caso, ante el Tribunal Constitucional. Un extremo que, de darse, podría desembocar en una maraña judicial como la que propició la pérdida del acta de Torra.