El PSOE bloqueará la legalización del cannabis frente a la unidad de sus aliados

El Congreso de los Diputados es el escenario ideal para que los partidos de izquierdas demuestren su sintonía o sus suspicacias. En un momento en el que se habla casi todo el rato de "frentes amplios" y "espacios de unidad", las negociaciones parlamentarias que protagonicen el PSOE, Unidas Podemos, ERC o Más País se convierten en un escaparate con cientos de ojos pendientes. La primera muestra ha venido de la mano de una proposición de ley presentada por uno de los líderes de este sector. Íñigo Errejón llevará este martes al pleno de la Cámara una propuesta para que se debata la regularización del uso y consumo del cannabis. Pero el PSOE lo rechazará y la iniciativa quedará en nada.

El líder de Más País fue el más hábil con su propuesta porque sabía que Unidas Podemos y ERC andaban desde hace tiempo dándole vueltas a la cabeza sobre cómo afrontar esta reivindicación. De hecho, la formación ecologista y la de los independentistas catalanes conversaron hace unas semanas sobre la posibilidad de registrar un texto conjunto. No fue posible y Errejón se anticipó. La registró el primero y comunicó que su cupo de defensa de leyes ante el pleno del Congreso, en el periodo de sesiones actual, sería justo el de la ley del cannabis.

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El PSOE crea suspense

Fuentes parlamentarias han informado a El Periódico de España que las negociaciones para asegurar la toma en consideración de la propuesta se intensificaron durante las últimas horas del lunes. Poco a poco fueron llegando los apoyos. En esta fase tan inicial del procedimiento parlamentario lo básico es garantizar que habrá mayoría para que la proposición pase a la comisión correspondiente, donde tendrán lugar los trabajos para modificar el texto embrionario. Errejón, personalmente, comenzó a hacer la ronda de contactos. ERC, EH Bildu, Compromís, JxCat, Coalición Canaria, Nueva Canarias comunicaron su sí.

El PNV se desmarcó, lo que estaba previsto. No estaba tanto el respaldo de Ciudadanos, pero, como indican fuentes de este partido, ya registraron hace tiempo una proposición no de ley (sin alcance legislativo) en términos muy parecidos a los de Más País.

Descontados el grupo popular y el grupo vasco, Más País puso toda su energía en el "sí" del PSOE. Era de cajón el intento con los socialistas, pues sin ellos, el Congreso no admitiría la propuesta. El grupo que ahora dirige Héctor Gómez no se mostró muy entusiasta con la medida, al menos con lo que conoció de ella cuando Errejón la presentó. Su posición optó en principio por incentivar los trabajos de una subcomisión, creada hace una semana a instancias del PNV, para ensanchar el margen del cannabis con fines medicinales. Esto mismo es lo que comunicó a sus aliados: antes que asumir una proposición de ley, lo mejor es abrir el debate en dicha subcomisión. Abrirlo en todos los sentidos.

Usos particulares y una agencia estatal

Los objetivos de la medida de Más País son, a grandes rasgos, acabar con la inseguridad jurídica, atajar el mercado negro y permitir la afloración de la economía sumergida. Para ello, Errejón se propone, entre otras cuestiones, legalizar el consumo en la vía pública dentro de unos contornos similares a los que afectan al tabaco, por ejemplo. Se calcula que más de tres millones de personas consume cannabis habitualmente.

La proposición de ley abarca un abanico completo de usos del cannabis, tanto en lo que se refiere al consumo como a la comercialización o al transporte. También al cultivo. Así, uno de sus primeros preceptos regula los usos particulares, que quedan amparados en todos los campos: plantación, tenencia, transporte, depósito, almacenaje, consumo, consumo compartido, investigación o desarrollo.

Se estipula la obligación de colaborar con las autoridades en las inspecciones que lleven a cabo, si bien se regulan excepciones, como la de que "no podrán imponerse sanciones administrativas cuando los usos de los particulares regulados (...) se produzcan en las vías públicas, salvo que los mismos produzcan daños y perjuicios a terceros, impliquen un abuso del dominio público o comprometan la seguridad otras personas, especialmente en el caso de los menores de edad".

En esta línea, quedará sin sanción la conducción por la mera presencia de la sustancia en el organismo, aunque sí se castigará si se constata la influencia de dicha sustancia. Tampoco caben sanciones en el ámbito laboral si el consumo se produce en el tiempo de ocio del empleado, aunque el empleador podrá adoptar las medidas oportunas si son afectadas las prestaciones aparejadas al puesto de trabajo.

La norma regulará los usos profesionales medicinales y determinará un régimen fiscal especial, por lo que la actividad relacionada con el cannabis el Estado obtendrá la consiguiente recaudación. Los proponentes estiman que puede ascender a 3.000 millones de euros al año.

Al final del articulado provisional, Más País promueve la creación de la Agencia Estatal del Cannabis, cuya financiación provendrá de los presupuestos generales del Estado. Se encargará de la gestión y funcionamiento de los registros especiales por los que aboga el autor de la iniciativa.