Los rescoldos de ETA: 187 presos, 50 fugados y medio arsenal perdido

Diez años después del anuncio de cese de su actividad armada, ETA se reduce hoy a un entramado de presos en progresión hacia mejor vida en la cárcel, un entorno que organiza homenajes de recibimiento a los que van cumpliendo condena, medio centenar de terroristas en paraderos más o menos desconocidos, entre ellos dos de los más sanguinarios, un punteo residual de zulos perdidos y 379 crímenes sin resolver.

La disolución total de la organización nunca se ha producido, opinan fuentes de la lucha antiterrorista, por cuanto no han entregado sus antiguos integrantes todas las armas que constituían su arsenal, ni tampoco, y sobre todo, todos los explosivos, que sospechan siguen en viejos escondites franceses o han sido vendidos. Las mismas fuentes, sin embargo, no dudan de su total incapacidad operativa y consideran los diez años transcurridos un periodo suficientemente prudencial como para sostener que ya no se producirá ninguna escisión violenta de ningún sector que estuviera en contra del proceso de cancelación de la violencia que impulsaba la izquierda abertzale.

Menos encarcelados

La evolución de la política penitenciaria del Estado con los presos de la organización terrorista es el rasgo principal de su momento actual. Quedan 187. En diez años han ido dejando las cárceles 373. Por primera vez no hay ya ningún preso de ETA en primer grado, salvo el caso de Unai Fano, cuyo paso a segundo grado está recurrido porque la Fiscalía duda de que haya cumplido correctamente el trámite de expresión de voluntad de reinserción. Hasta este año, los condenados por su relación con la organización terrorista cumplían la totalidad de la pena en primer grado, con lo que eso supone: 20 horas diarias de celda y 4 de patio en un módulo de especial seguridad.

En prisiones de la mitad norte

Además este mismo año ha certificado Interior el final de la fase más férrea de la política de dispersión. No quedan etarras en cárceles a más de 500 kilómetros. Las prisiones madrileñas de Estremera y Aranjuez son ahora los puntos de cumplimiento de pena más lejanos, con cinco internos de los llamados “duros”. Entre ellos, Javier García Gaztelu, Txapote (condenado a 105 años el 7 de noviembre de 2011, 17 días después del comunicado de ETA, en el juicio por el asesinato de Fernando Buesa y su escolta) y su pareja, Irantzu Gallastegi, que mataron al concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco.

El panorama ha cambiado de forma radical en estos diez años. En octubre de 2011, cuando ETA anunció su cese definitivo, había en las cárceles españolas 595 etarras, y otros 140 estaban en prisiones francesas. Hoy, del total del colectivo entre rejas, el 44 % está encerrado en centros penitenciarios del País Vasco y Navarra.

Prófugos de renombre

Los abogados de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) acostumbran a sostener que fuera de España hay entre 50 y 60 miembros de ETA que escapan a la acción de la Justicia. Venezuela es su destino preferente. Fuentes policiales matizan esa cantidad, porque alguno de los que las víctimas considera prófugos no tienen ya causas pendientes. Los cinco que las Fuerzas de Seguridad del Estado señalan como más buscados sí las tienen. La lista la encabezan dos históricos de renombre.

El hecho de que Interior haya ido trasladando presos hacia el norte del país, no ha supuesto un contacto directo de las autoridades penitenciarias con los familiares de presos. “Nos enteramos de los traslados antes por la prensa que por nuestros abogados”, certifica la portavoz de Etxerat, la organización de las familias de presos.

De esos traslados que se han ido produciendo desde que se formó el actual gobierno y bajo la dirección en el ministerio de Fernando Grande-Marlaska, sí han ido siendo informadas puntualmente las asociaciones de víctimas del terrorismo, principalmente la AVT y la vasca COVITE. “Es un compromiso personal del ministro”, confirman en Interior.

Hay en estos momentos 157 presos de ETA que han accedido al segundo grado penitenciario. Seis de ellos han alcanzado el beneficio de medidas especiales recogidas en el artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Otra decena de condenados están en tercer grado y cuatro bajo medidas de prisión atenuada.

En Etxerat celebran que “han pasado muchas cosas en estos diez años”, pero denuncian que aún no han conseguido la excarcelación por motivos humanitarios de un condenado afectado por ELA ni la de otro que sufre espondilitis anquilosante. “Hay nueve enfermos incurables en el colectivo, sin contar los que tienen problemas psicológicos de larga duración”, explica la portavoz del colectivo de familiares, Patricia Vélez de Zubiría.

Advierten en Etxerat de una diferente sensibilidad entre las juntas de tratamiento penitenciario, ahora más proclives a apreciar la progresión de grado, y los jueces de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional. Esa situación, coinciden todas las fuentes consultadas, cambiará cuando el Gobierno Vasco acabe de asumir las competencias en materia de prisiones, en un proceso que comenzó el pasado 1 de octubre y que entre los presos ha generado grandes expectativas de accesos al tercer grado, según fuentes penitenciarias.

“No se pueden utilizar las competencias penitenciarias para una aplicación laxa de la ley, no puede haber reinserciones ficticias”, advierte la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua, hermana de Joseba, policía herniarra al que mató ETA. “Me da igual dónde cumplen condena los asesinos de mi hermano –dice Consuelo Ordóñez, hermana del político donostiarra popular Gregorio Ordóñez, con el que ETA inició una cadena de asesinatos de cargos electos-. Lo que es evidente es que la izquierda abertzale quiere seguir mercantilizando a los presos de ETA”. 

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