Cónclave en las filas socialistas
El PSOE presionará a Podemos con una ley que castigue a los clientes de las prostitutas
Impulsará una ley abolicionista en esta legislatura para ganar a sus socios esta batalla feminista
El partido avala la 'ley trans' y consuma la derrota de las feministas históricas del partido
Unidas Podemos ganó a los socialistas la carrera por liderar el nuevo feminismo y el PSOE les ha vencido ahora con el impulso de la abolición de la prostitución. La lucha perenne entre ambos partidos por liderar el avance en derechos sociales de la izquierda ha quedado este fin de semana en tablas.
El congreso del PSOE finalizará este domingo con la promesa de intentar aprobar durante esta legislatura una ley abolicionista, que planteará por primera vez el castigo de los clientes. La ponencia ha incluido este asunto en su redacción final, a raíz de una enmienda de la federación socialista valenciana, que ya planteaba la persecución de los también llamados "prostituidores".
El texto final asume esta reclamación y señala que es "imprescindible un marco legal que ponga el foco en quienes acuden a la prostitución y en quienes se lucran de ella". De esto modo apuestan por "sancionar la demanda", por "perseguir todas las formas de proxenetismo" y por "la recuperación de la tipificación penal de la tercería locativa", para prohibir que un tercero, un particular o el dueño de un local, se lucre de la explotación sexual de una mujer. "Este es el camino para acabar con la mayor expresión de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en el mundo".
Según han explicado fuentes del partido, el Gobierno "hará un esfuerzo" para que esta ley abolicionista esté aprobada esta legislatura. Desde muchos ámbitos se anhelaba una promesa temporal más completa, pero no ha sido posible porque esta futura norma debe pactarse en el Gobierno con Unidas Podemos. El partido morado no tiene una postura común en este tema. Hay partidarios de trabajar por la erradicación de la prostitución, otros que consideran que como es imposible terminar con ella es más útil una regulación que mejore las condiciones de trabajo de las mujeres e incluso quienes piensan que ellas tienen la libertad de hacer con su cuerpo lo que quieran.
Este vacío en la posición de Unidas Podemos lo ha aprovechado el PSOE. Después de años en los que han defendido teóricamente la abolición, ahora finalmente se comprometen a sacarlo adelante. La ley abolicionista contaba con suficiente respaldo en el partido con grandes defensores como el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que el sábado lo citó en su discurso, y la exvicepresidenta, Carmen Calvo. "Se dice que es el oficio más viejo del mundo como una forma exculpatoria, claro, igual que la discriminación de la mujer es la más vieja del mundo y las más insoportable", dijo Zapatero.
Pero este avance en las posturas del feminismo socialista ha tenido como contrapartida una derrota en sus intentos de corregir la llamada ley trans. Esta batalla la ganó Podemos en el Gobierno. El proyecto del Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, contemplaba el cambio de género sin más requisitos que acudir al Registro Civil. Carmen Calvo, que fue quien lideró la oposición a esta norma, sólo consiguió corregirla para que el proceso incluyera una primera solicitud, que debe confirmarse tres meses después, y la obligación de que para revertir el cambio civil de sexo se deba acudir a los tribunales.
Aunque el denominado feminismo histórico del PSOE había presentado enmiendas para ampliar los requisitos en la autodeterminación de género y contra la ley trans, que denominan "de Podemos", el partido no se ha hecho eco de sus reclamaciones y ha dado todo su aval a la legislación aprobada por el Gobierno. Este debate, que se mantenía latente, ha muerto definitivamente en este congreso. Desde el PSOE, indica el texto final de la ponencia, "hacemos nuestras las reivindicaciones del colectivo trans con esta nueva legislación".
El debate sobre la nueva financiación autonómica, que divide a las comunidades socialistas, ha quedado finalmente diluido después de que el anuncio de una reunión en Santiago de Compostela el próximo 2 de noviembre, con presidentes del PSOE y del PP, avivara las diferencias entre los barones. El encuentro entre Ximo Puig y Juanma Moreno en Sevilla para hacer frente común en la defensa del peso de la población tuvo la respuesta de la llamada España vaciada (Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja y Extremadura). Esta proliferación de grupos ha molestado al Gobierno, que ha impuesto rebajar la discusión interna sobre financiación. Esto se ha reflejado en el texto final de la ponencia. El Ejecutivo, señala, que el nuevo sistema debe tener en cuenta el coste real de prestación de los servicios públicos y asegura que su intención es "alcanzar a la mayor brevedad un acuerdo político", tras el retraso que ha supuesto la irrupción de la pandemia.
Otro de los temas polémicos, la petición en algunas enmiendas de una comisión de investigación sobre el Rey o la retirada de su inviolabilidad se ha solventado con una defensa de la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones del Estado, "incluida la Casa Real", y un recordatorio de que "la falta de ejemplaridad" en cualquier instancia pública "comporta un daño gravísimo al funcionamiento del Estado". La Justicia, prosigue, debe aplicarse "de igual manera para quienes vulneren la ley", en un momento en que ha trascendido que la Fiscalía dará carpetazo a todas las investigaciones abiertas sobre el rey emérito.
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