Batalla jurídica

ERC paga a Puigdemont la fianza que le reclama el Tribunal de Cuentas

  • Los republicanos dan apoyo económico a todos los cargos del Govern entre 2016 y 2017 para evitar embargos

  • La Generalitat recurrirá el veto del organismo a sus avales y el Síndic lleva el caso al Consejo de Europa

El ’president’ de la Generalitat, con el ’vicepresident’, Jordi Puigneró, y la ’consellera’ de Presidència, Laura Vilagrà, a su llegada a la reunión del Govern de este 12 de octubre de 2021.

El ’president’ de la Generalitat, con el ’vicepresident’, Jordi Puigneró, y la ’consellera’ de Presidència, Laura Vilagrà, a su llegada a la reunión del Govern de este 12 de octubre de 2021. / ACN

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Xabi Barrena
Xabi Barrena

Periodista

Especialista en información sobre el Govern de Catalunya, de ERC y en el seguimiento de la actualidad del Parlament.

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El Govern ha decidido interponer recurso contra la decisión del Tribunal de Cuentas de rechazar los avales de la propia Generalitat (a través del Institut Català de Finances) para apoyar a los dirigentes a los que el propio tribunal exige 5,4 millones de euros en relación a la acción exterior de la Generalitat. De este modo, sigue la batalla jurídica entre la Generalitat -que defiende el decreto por el que el Institut Català de Finances (ICF) puede avalar a los procesados- y el órgano institucional estatal, pendiente de renovación.

Pero también se ha reabierto la batalla política. ERC ha anunciado este viernes que ha avanzado el pago de 2,2 millones de euros, que corresponderían a los gastos imputables a todas las personas que tuvieron responsabilidades de Govern entre 2016 y 2017, lo que incluye al entonces 'president', Carles Puigdemont, y a otros cargos de JxCat. Sin embargo, Junts ha replicado que los republicanos han sufragado la responsabilidad solidaria fijada para Raül Romeva, que no hay ningún otro aval "individualizado" y que no se han puesto en contacto con Puigdemont.

Fuentes del Govern han confirmado que se están estudiando los argumentos jurídicos con los que se presentará el recurso. En concreto, la propia ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas prevé la posibilidad de que se presente recurso contra sus decisiones ante la Sala de Justicia del organismo durante los cinco días posteriores a la notificación de la resolución "sin que ello implique la suspensión de las actuaciones". Es decir, que el embargo de los bienes proseguiría hasta que se resuelva el recurso que el Govern está elaborando.

La decisión del Govern contó con el apoyo unánime de los miembros del Consell de Garanties Estatutàries y tanto la Abogacía del Estado como el Gobierno central eludieron presentar batalla jurídica. El PSC avaló la operación y, junto con los 'comuns', no se ha opuesto a la misma en el Parlament a la hora de aprobar el decreto. Aunque han afirmado que respetan la decisión del Tribunal de Cuentas, los socialistas catalanes han defendido en las últimas horas la legalidad del decreto.

ERC acude a "todas las instancias posibles"

Esquerra Republicana ha mostrado su indignación y ha anunciado que las defensas de los afectados recurrirán a "todas las instancias posibles" y activarán "todos los instrumentos legales al alcance" para denunciar lo que califican de "injusticia". Los republicanos hablan de "escándalo" por parte de un órgano "que persigue al movimiento independentista con una cacería económica sin precedentes". Una forma, concluye, de "extorsión económica".

El Síndic llama a la puerta de Europa

Por su parte, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha elevado el caso al Consejo de Europa, al considerar que se trata de una "grave lesión de derechos" y una "indefensión" para los procesados. Ribó denuncia que la decisión del órgano estatal no respeta una norma con rango de ley en Catalunya, y que fue avalada por el Consell de Garanties Estatutàries. Ribó también ha trasladado su denuncia al Defensor del Pueblo.

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El origen del conflicto

El caso se originó cuando la delegada instructora del Tribunal de Cuentas, Esperanza García, impuso el pago de 5,4 millones de euros de en concepto de liquidación provisional por la responsabilidad contable en la que pudieron incurrir los 'expresidents' Artur Mas y Carles Puigdemont, así como el 'exvicepresident' y líder de ERC, Oriol Junqueras, junto a otros altos cargos por gastos vinculados a la internacionalización del 'procés' y el 1-O. Mas, al igual que otros encausados, presentó este mismo jueves su vivienda familiar como aval tras retirarla de la fianza de responsabilidad civil del 9-N de 2014, por el que ya fue condenado.

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