Las cuentas catalanas

El Govern avanza en la negociación de los presupuestos con la CUP

  • ERC y Junts rechazan abrir la puerta al PSC y exploran un acuerdo con los anticapitalistas con los 'comuns' en la recámara

Jaume Giró, en el Parlament.

Jaume Giró, en el Parlament. / ACN / GUILLEM GUARDIOLA

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Júlia Regué
Júlia Regué

Periodista

Especialista en información del Parlament de Catalunya, siguiendo la actualidad de Cs, PP, Vox y CUP

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Fidel Masreal
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Los presupuestos de la Generalitat para el 2022 avanzan con las dos primeras semanas de noviembre subrayadas en rojo en el calendario. Tanto el ‘president’, Pere Aragonès, como el 'conseller' de Economia, Jaume Giró, insisten en que su socio prioritario es la CUP, pese su desafecto y a las reiteradas manos tendidas de los socialistas, sin ceder ante la presión de sectores empresariales para evitar que los anticapitalistas sean de nuevo decisivos para definir los ingresos y gastos de un presupuesto de más de 30.000 millones de euros.

En cualquier caso, la previsión es no postergar más la entrada de las cuentas en el Parlament --prevista como máximo hasta el 10 de octubre por ley y aplazada por demoras técnicas de los departamentos--, en las que se contará con 3.500 millones de euros adicionales para desplegar el primer plan de Govern de un mandato bajo la batuta de ERC. La subida de impuestos está descartada, pero sí se prevé desplegar los impuestos incluidos en la ley contra el cambio climático y una rebaja en los tramos más bajos del IRPF para aligerar la presión fiscal a las rentas de menos de 30.000 euros.

Giró y la diputada de la CUP Eulàlia Reguant siguen manteniendo encuentros, aunque desde las filas 'cuperas' afirman que no han visto el detalle de las partidas. Su pretensión de impulsar una reforma fiscal para elevar la presión a las rentas más altas está lejos de fructificar, pero sí confían en que los presupuestos incluyan los 1.000 millones de euros en vivienda, el 25% del presupuesto de sanidad para la atención primaria e internalizar el 061, entre otras medidas ya acordadas para la investidura de Aragonès.

Los anticapitalistas piden ir más allá de lo ya firmado, y buscarán un pacto político que pueda quedar reflejado en la ley de acompañamiento, para dar su 'sí'. Un acuerdo para el que se podría precisar la implicación directa del 'president'. "El marco político no nos gusta, pero queremos jugar la partida", asegura una fuente del partido, que recuerda que la última palabra la tendrá la militancia de la formación. Si el plan A fracasa, ahí está el PSC. Los socialistas se abren incluso a negociar sin condiciones previas su apoyo, pero el Govern les sigue cerrando la puerta.

Sin embargo, los sectores más liberales de Junts no esconden su distancia respecto a los 'cupaires' en proyectos estratégicos como la ampliación del aeropuerto de Barcelona, la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno y otros proyectos de infraestructuras viarias. Sin embargo, en sentido contrario, la línea roja trazada por Junts contra el PSC (y todos los "cómplices" de la suspensión de la autonomía en 2017) hace difícilmente digerible el pacto con los socialistas. Tampoco el 'president' y ERC dan margen por ahora a que sea el PSC el aliado para las cuentas pese a los cantos de sirena del partido de Salvador Illa.

De la investidura a la gobernabilidad

Pero el pacto con la CUP no está cerca. El distanciamiento de los 'cupaires' con el Govern se agudizó después del debate de política general, en el que el resto de fuerzas independentistas descartaron un referéndum en esta legislatura y se reafirmaron en proyectos como la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno. El acuerdo para la investidura de Aragonès no se está cumpliendo, opina la CUP, por lo que la gobernabilidad, afirman, está en sus manos con los presupuestos como primera prueba.

En el Govern, en cambio, insisten en que en los primeros compases de la legislatura sí se ha cumplido con aspectos sensibles para los 'cupaires', como la creación de una oficina para estudiar una renta universal de ciudadanía o la supresión de la oficina jurídica de Interior, por lo que los Mossos pasarán a estar representados por los servicios centrales y no por un ente específico.

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A diferencia del PSC, los 'comuns', por ahora, se mantienen a la expectativa porque tampoco tienen incentivos para ceder ante propuestas como los macroproyectos a los que se oponen. Si bien se entendieron con ERC en 2020 –los del 2021 quedaron prorrogados–, el veto cruzado entre Junts y los morados complica un acercamiento. Y es que es fundamental aquí recordar que las llaves presupuestarias han pasado de manos republicanas a posconvergentes.

La ampliación de El Prat, además, abre una nueva brecha: el empeño del 'vicepresident' Jordi Puigneró se encuentra de frente con el 'no' de la CUP y los 'comuns' y el malestar de ERC, pero con el PSC como potencial aliado. De hecho, Junts y los socialistas transaccionaron una enmienda a favor de la inversión de 1.700 millones de euros ante el estupor de Esquerra.