En tres piezas del 'caso Tándem'

Villarejo se enfrenta a su primer juicio por sus servicios de espionaje contra rivales y competencia

  • La fiscalía pide que sea condenado a más de un centenar de años de cárcel por distintos delitos

El excomisario Villarejo llega a la Audiencia Nacional, el 4 de marzo, después de ser puesto en libertad.

El excomisario Villarejo llega a la Audiencia Nacional, el 4 de marzo, después de ser puesto en libertad. / David Castro

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Ángeles Vázquez
Ángeles Vázquez

Periodista

Especialista en Tribunales y Justicia

Escribe desde Madrid

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Hubo un tiempo en que no eras nadie si no recurrías a los servicios del entramado de empresas del excomisario José Manuel Villarejo para enterarte de qué tenía la competencia contra ti o para ver qué podías conseguir contra ella. Ahora esos tiempos han llegado al banquillo de los acusados. El expolicía será juzgado a partir de este miércoles en la Audiencia Nacional por tres de la treintena de piezas en que se han dividido sus contratos presuntamente delictivos con sus clientes, entre los que había desde particulares hasta empresas del Ibex 35.

Villarejo es el principal acusado, como durante la instrucción del caso Tándem, en el que se investigan las cloacas policiales, lo ha sido como imputado. Se enfrenta a 109 años de cárcel y en el banquillo le acompañarán una treintena de personas, entre ellas, su socio, Rafael Redondo, y su mujer, Gema Alcalá, para los que se piden 115 y 86 años de cárcel, respectivamente. Muchos de ellos, en su mayoría clientes de Villarejo, han alcanzado acuerdos con la Fiscalía Anticorrupción; deberán ratificar al comenzar la vista oral para que tengan validez.

El excomisario que salió absuelto de su primer juicio, por las injurias que le atribuía haber cometido el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán, ejercerá su propio defensa junto con su abogado, Antonio García Cabrera, como hace desde que salió de prisión ante el riesgo de que cumpliera el máximo de cuatro años de prisión preventiva sin haber podido ser juzgado.

Iron: el bufete de abogados

La pena más alta para Villarejo, 57 años de cárcel, se solicita en la pieza Iron, en la que se investiga la contratación de su empresa Cenyt en junio de 2013 por el despacho de abogados Herrero y Asociados presuntamente para espiar a otro fundado por exsocios y extrabajadores suyos. Según Anticorrupción, el encargo consistía en que Villarejo obtuviera "datos reservados y sensibles" del nuevo bufete para presentar una denuncia que le causara un daño reputacional.

La fiscalía dice que Herrero y Asociados pagó 302.500 euros entre agosto y noviembre de 2013 de "forma opaca" y considera los hechos constitutivos de los delitos de cohecho pasivo y activo, descubrimiento y revelación de secretos, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil, siempre con la agravante de haberlos cometido con prevalimiento de su carácter público, informa Europa Press.

Land: la herencia millonaria

Anticorrupción explica que la compañía Procisa contrató a Cenyt entre 2012 y 2014 para obtener "información reservada" sobre terceros y utilizarla ante "situaciones de crisis empresarial". Pagó 340.252 euros. Dentro de los encargos estaba un informe elaborado por Villarejo sobre una juez que condenó a la mercantil a pagar más de 34 millones de euros y sobre las empresas implicadas en el litigio. En una segunda etapa, 'Land' derivó en trabajos de inteligencia, análisis de información y "intoxicación informativa en los medios de comunicación".

Algunos de los presuntamente investigados por Cenyt fueron Silvia Concepción Gómez-Cuétara, viuda del dueño de Proceisa, Luis García-Cereceda, con el presunto objetivo de beneficiar a Susana García-Cereceda en el reparto de la herencia; Jaime Ostos Alcalá, a quien buscarían presionar para apartarlo de la gestión del elevado patrimonio de su mujer, Yolanda García-Cereceda, que poseía acciones de Procisa, y el arquitecto Joaquín Torres Vérez, para disuadirle de los contenciosos que tenía con la empresa. Villarejo se enfrenta a 38 años y 10 meses de cárcel por estas prácticas.

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Pintor: extorsión entre empresarios

Por último, en 'Pintor' se juzgará el encargo que habrían hecho los empresarios Fernando y Juan Muñoz, entre último esposo de la presentadora Ana Rosa Quinta, a Villarejo en 2017 para supuestamente extorsionar a otro empresario, Mateo Martín Navarro, y a su abogado, el exjuez Francisco Javier Urquía, para que revocara su declaración de insolvencia y afrontara el pago de una deuda de más de 1,5 millones de euros que Hacienda les reclamaba de forma solidaria. Anticorrupción pide para Villarejo casi 14 años de cárcel por descubrimiento y revelación de secretos y extorsión en grado de conspiración.