Por las fianzas del Tribunal de Cuentas

El Parlament aprueba la tramitación del proyecto de ley de los avales del 'procés'

El hemiciclo avala que el ICF actúe como avalador provisional ante el Tribunal de Cuentas por los 29 exaltos cargos de la Generalitat

El conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, interviene en una rueda de prensa posterior a una reunión del Consell Executiu.

El conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, interviene en una rueda de prensa posterior a una reunión del Consell Executiu. / DAVIZ ZORRAKINO

Júlia Regué

Júlia Regué

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El 'conseller' de Economia, Jaume Giró, ha defendido este viernes en el hemiciclo del Parlament la idoneidad y encaje dentro de la ley del Fondo Complementario de Riesgos dotado con 10 millones de euros para cubrir las fianzas de 29 exaltos cargos de la Generalitat por la causa abierta por promocionar el "procés" en el exterior ante el Tribunal de Cuentas, que todavía no ha decidido si admite los avales.

Durante el debate sobre el proyecto de ley de creación de este fondo (que se impulsó inicialmente como decreto del Govern y fue convalidado en julio con la abstención del PSC y los 'comuns'), Giró ha defendido que los servidores públicos deben quedar protegidos ante "la persecución por su trabajo" y ha asegurado que el fondo actuará como "mecanismo para garantizar el restablecimiento de la libertad para hacer acción política sin miedo". El 'conseller' ha agradecido a los socialistas su "actitud siempre positiva y favorable a entender las razones que había detrás de este decreto", al tiempo que ha dicho que es comprensible que Cs haya presentado un texto alternativo por su postura política, una enmienda a la totalidad que sólo han apoyado sus seis diputados (con la abstención de los tres miembros del PPC).

Este fondo pretende hacer frente a los riesgos no cubiertos por las pólizas de seguros de responsabilidad civil, patrimonial y contable suscritas por la Generalitat para cubrir al personal de la administración. Ahora bien, en cuanto haya una resolución judicial firme y se hayan agotado las vías de impugnación, deberán devolver las cuantías cedidas junto a los intereses.

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) resolvió en julio por unanimidad -a petición del PSC, Cs y el PPC- que el texto se ajusta a la Constitución y al Estatut, pero sugirió una serie de mejoras al Ejecutivo para “disipar” dudas que se contemplarán en la tramitación como proyecto de ley. Entre ellas, animó a acotar la provisionalidad del uso del Institut Català de Finances (ICF) como avalador, precisando que es una herramienta “excepcional y muy limitada en el tiempo” mientras encuentra un banco dispuesto a participar en la operación.

Ante el cuestionamiento que generó en algunos grupos, como Cs, de que sea la administración perjudicada –la Generalitat- la que salga al rescate de los que presuntamente incurrieron en las posibles responsabilidades contables, pidió un informe a la Abogacía del Estado que rechazó pronunciarse sobre el asunto. Paralelamente, la fiscalía abrió una investigación, tras aceptar la denuncia de Cs, para determinar si la cúpula del ICF incurrió en algún delito al firmar los avales. Tres miembros del ICF, de hecho, dimitieron del cargo antes de que se produjera la votación.

El PSC ha defendido que hay que dar cobertura a los servidores públicos y ha celebrado que el Govern haya cumplido con las recomendaciones del CGE impulsando el fondo como proyecto de ley.