Una empresa belga implicada en el desvío de fondos al 'procés' está investigada por corrupción

Una empresa belga presuntamente implicada en el desvío de fondos al 'procés' está siendo investigada en su país de origen por presunto blanqueo de capitales y corrupción, según la respuesta remitida por las autoridades de Bélgica a la jueza de Barcelona Carmen García, que instruye una causa sobre la financiación de la internacionalización del independentismo. La magistrada había reclamado datos sobre un supuesto informe en materia de defensa que la Generalitat encargó a la sociedad SC Services en julio de 2015 y por el que desembolsó algo más de 4.000 euros. Esta compañía, según el informe enviado al juzgado catalán, no tiene trabajadores.

El informe enviado a Barcelona por Bélgica detalla que hay otras dos sociedades que están vinculadas a SC Servicies, pero que son antiguas. "La sociedad no ha sido objeto de un control en lo que concierne a sus obligaciones fiscales", destaca. En la base de datos policiales belgas, siempre según este documento al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, existen expedientes por "blanqueo y corrupción". El informe detalla, además, quiénes son sus administradores.

Este es uno de los contratos investigados que, supuestamente, se adjudicaron a dedo para fines que exceden las competencias del Govern y cuyo importe total se acerca al millón de euros. Una decena de cargos vinculados a la llamada "acción exterior" de la Generalitat entre 2011 y 2017, entre ellos Raül Romeva, permanecen investigados en esta causa que se abrió el año pasado por la titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona.

Once contratos bajo sospecha

De los 11 contratos a dedo que están siendo investigados, el que se firmó con la empresa belga suscitó un especial interés por parte de la jueza, ya que sospecha que ese trabajo sobre política europea de defensa pudo ser una "tapadera para sustraer dinero público". Entre otras cosas, porque no se ha acreditado, por el momento, que la transferencia se haya destinado a pagar el informe. "No se conoce la elaboración del informe original, ni su destino, ni su finalidad, ni quién lo tradujo, dónde está y para qué se transfirió el dinero a una cuenta en el extranjero", detalla la magistrada en el auto para tramitar la Orden Europea de Investigación (OEI), un mecanismo de colaboración en materia penal entre países de la Unión Europea. La togada también pidió a Bélgica información sobre la cuenta bancaria donde la Administración catalana abonó 4.132 euros y si se han producido otras transferencias de la Generalitat.

La contratación del informe en materia de defensa estuvo presuntamente plagada de irregularidades, apunta la jueza. La Generalitat no mantuvo ninguna comunicación institucional o formal con la empresa, ni se interesó sobre su capacidad para asumir un trabajo cuyo original, subraya, "no ha aparecido". Esa verificación, a su entender, se dejó en manos del sociólogo y escritor Salvador Cardús, que hizo de "intermediario" y declaró ante la policía como testigo.