La norma estaría en un año, pero el índice de referencia tardará 18 meses más

El despliegue real de la ley de vivienda no estará listo hasta después de las generales de 2023

  • Casado tilda la norma de "intervencionismo suicida" y avisa de que la recurrirá ante el Constitucional nada más ser aprobada

  • Sánchez intenta tranquilizar a los populares y les pide que den una "oportunidad" al texto para alcanzar un acuerdo de Estado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro croata, Andrej Plenkovic, pasan revista a las tropas en Zagreb, la capital del país, este 6 de octubre de 2021.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro croata, Andrej Plenkovic, pasan revista a las tropas en Zagreb, la capital del país, este 6 de octubre de 2021. / EFE / ANTONIO BAT

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Miguel Ángel Rodríguez
Miguel Ángel Rodríguez

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Juanma Romero
Juanma Romero

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Especialista en información de Gobierno y PSOE.

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La primera ley de vivienda en España está pactada, pero aún no redactada. Al menos eso es lo que apunta un relevante ministro del Gobierno de coalición, que admite cierta perplejidad al comprobar la enorme polvareda y ruido político que ha levantado el simple anuncio de un acuerdo. Desde luego el proyecto para intentar frenar la subida de los alquileres no ha dejado indiferente a la oposición. Todo lo contrario. El líder del PP, Pablo Casado, ha llegado a avisar de que recurrirá ante el Tribunal Constitucional, a pesar de que no se conoce —y aún tardará unos días o semanas— la letra pequeña de la nueva norma. Tampoco parecen haber hecho los populares cuentas para intuir cuándo podría estar realmente en vigor una ley de estas características: se calcula que su trámite parlamentario llevará al menos un año. A eso hay que sumarle los 18 meses que, a partir del día de su aprobación, calcula el Ejecutivo que tardará en tener disponible un índice de precios al que deban atenerse los 'grandes' propietarios de viviendas.

El cálculo temporal antes mencionado nos sitúa en la primavera de 2024, mientras que las próximas elecciones generales están programadas (adelantos mediante) para finales de 2023 o incluso comienzos del año siguiente. Así las cosas, es posible que para cuando el proyecto de ley sea una realidad, haya un Gobierno nuevo en la Moncloa, sea cual sea su color. En el aire también estará si las comunidades gobernadas por el PP —detractoras de la norma— pasan a manos más proclives a regular los precios. O viceversa. Lo único que está claro es que hasta ese momento, los propietarios de más de 10 inmuebles, fundamentalmente grandes empresas, pueden respirar tranquilos.

No será necesario esperar tanto para otras partes de la norma. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se mostró confiado este miércoles en que se tarde "un máximo de un año" para lograr el aval de las Cortes, con lo que el proyecto de ley podría estar aprobado para finales de 2022. Será entonces cuando las autonomías que lo deseen puedan empezar a pedir bonificaciones fiscales para todos los pequeños propietarios que rebajen los precios de sus alquileres. No solo eso. Fuentes del ala socialista del Gobierno aseguran que una parte de la ley no quedará en manos de las autonomías, sino que será de obligado cumplimiento y garantizarán derechos a los inquilinos nada más aprobarse la norma.

"Expropiación" y comunismo

La puesta en marcha de la norma, aunque lejana, ha disparado la tensión política. A los reproches y acusaciones que Casado lanzó el pasado martes ha sumado una amenaza: en cuanto el proyecto de ley sea aprobado en la Cámara baja acudirán al Tribunal Constitucional. Hasta entonces, lo único que le queda es seguir arrojando críticas contra el Gobierno de coalición. Así, a primera hora de este miércoles, el líder del PP dejo clara su posición en una entrevista en Telecinco: "Este intervencionismo es suicida".

El dirigente conservador concedió la autoría de la norma a Unidas Podemos —algo de lo que los morados se sienten orgullosos— y a su extremismo para, acto seguido, insistir una vez más en que el Ejecutivo de Sánchez es el "más radical de Europa". "Esto es el comunismo, exprópiese a las empresas o a los autónomos que ganan dinero y hágase como yo quiera la propiedad privada de las familias. Eso es inadmisible", remató, antes de avisar que ninguna de las comunidades que gobierna los populares pondrán en marcha las medidas.

Dicho y hecho, los presidentes autonómicos del PP, en pleno, refrendaron sus palabras. El jefe del Ejecutivo de Murcia, Fernando López Miras, resumió la posición de sus compañeros de partido tildando la ley de "expropiatoria" e "intervencionista". Caso especial fue el del alcalde de Madrid, el popular José Luís Martínez-Almeida, que dio la razón a los que le acusa de no querer hacer "nada" para regular los alquileres.

Una oportunidad al acuerdo

Los socialistas, reticentes hasta la mañana del pasado sábado a acordar ningún tipo de medida que obligara a una bajada de los precios, se entregaron a fondo en un intento de tranquilizar a la oposición y a los propietarios. "No se puede decir que no a un proyecto de ley que ni siquiera ha podido leer y que ni se ha debatido en las Cortes Generales", les afeó el propio Sánchez a los populares desde Eslovenia, al término de la cumbre UE-Balcanes Occidentales.

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El presidente del Gobierno aseguró que la norma, cuando nazca, será "respetuosa" con la propiedad privada y "equilibrada", así que demandó dar una "oportunidad" al texto y que este sirva para construir un gran acuerdo de Estado para dar salidas a un problema cada vez más acuciante. Las autonomías lideradas por el PSOE sí celebran el texto pero algunas ya avisan de que en sus territorios no existen áreas tensionadas, como es el caso de Extremadura.

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