Sánchez y Díaz ceden y pactan un Presupuesto con alza fiscal y bajada 'light' de alquileres

Costó, pero finalmente hay un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 firmado por el PSOE y Unidas Podemos. Los segundos de la legislatura, quién sabe si los últimos. Los dos socios lograron cerrar este martes un doble acuerdo: para las cuentas del próximo año y para la ley de vivienda, dos asuntos que los morados habían ligado en unas negociaciones que se han prolongado durante semanas pero que se intensificaron en los últimos 15 días, hasta precipitarse en las últimas horas y rubricarse en una cita previa al Consejo de Ministros, en la que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz bendijeron el consenso trabajado por los ministros Félix Bolaños, María Jesús Montero y Ione Belarra. 

Mirando los grandes rasgos del acuerdo y a falta de conocer los detalles, las dos partes ceden, pero construyen unos PGE que comprenden, como principales novedades, y a falta de conocer los detalles, la fijación de un mínimo del 15% en el impuesto de sociedades y topes al alquiler, que operarán en las zonas tensionadas, y para ello habrán de ser las comunidades las que lo soliciten, de modo que su impacto será limitado. Además, se pondrá en marcha un bono de 250 euros mensuales para animar a los jóvenes a que se emancipen. No sale adelante un chequé bebé universal, exigencia de los morados. 

Las cuentas del Estado no se aprobaron este martes, como anhelaba Sánchez, pero sí saldrán camino del Congreso este próximo jueves, 7 de octubre, en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. Y aterrizarán en la Cámara baja, según confirmó la titular de Hacienda, María Jesús Montero, la semana próxima, probablemente el día 13. El objetivo es que los PGE queden aprobados antes del 31 de diciembre.

Los Presupuestos llegarán al Congreso la semana próxima, a fin de que estén aprobados antes del 31 de diciembre. El Consejo de Ministros lanzará la ley de vivienda en unas semanas

Queda por delante, por tanto, la negociación con los socios parlamentarios, aunque el Gobierno cree que no tropezará con demasiadas dificultades, porque sería complicado para ellos justificar su negativa a unas cuentas que contendrán la segunda anualidad, de 25.000 millones de euros, de los fondos europeos, un incremento del 2% en el salario de los funcionarios y una fuerte inversión social para propiciar eso que el presidente siempre repite, una “recuperación justa” que no deje “a nadie atrás”. 

La ley de vivienda tardará aún unas semanas en salir del horno. Pero al menos ya está cerrado el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, que fue imposible de materializar en el último año. Los morados querían que la rebaja de los precios del alquiler en las zonas tensionadas se aplicara a todos los propietarios, mientras que Hacienda defendía la vía de los incentivos fiscales. 

Dependerá de comunidades y ayuntamientos

La fórmula de consenso es mixta, aunque tiene más componente socialista. En las zonas que se declaren de mercado tensionado —aquellas que pidan las comunidades—, se impondrá la congelación de precios en todos los casos. Es decir, que no podrán subirse las rentas más allá del IPC. Las personas físicas, al margen del número de viviendas del que sean dueñas, podrán beneficiarse de deducciones fiscales vía IRPF si acceden a bajar el alquiler al inquilino. Las desgravaciones pueden llegar hasta el 90%. Las personas jurídicas (empresas) que sean grandes tenedores (más de diez inmuebles) tendrán que reducir la renta hasta el índice de precios de referencia. Es a este último caso al que se limita la intervención del mercado. 

El Gobierno se dará 18 meses desde la aprobación de la ley de vivienda por las Cortes para alumbrar un índice de precios de referencia

La ley de vivienda entrará en vigor cuando culmine su tramitación parlamentaria, pero no en su integridad, porque el Gobierno se dará 18 meses para construir un índice de precios de referencia “sólido, robusto”, tirando de los datos de los que disponen sus distintos departamentos y, posiblemente, de aquellos que cuelguen de comunidades y ayuntamientos. 

Los morados logran llevar a la ley su demanda de bajada de los alquileres, y los socialistas, a su vez, se salen con la suya de estimular a los propietarios para que reduzcan los precios vía deducciones. Pero, al final, el impacto de la norma dependerá de que la activen las autonomías, y es poco previsible que las gobernadas por el PP —caso de Madrid— lo hagan. También se habilitará a los municipios para que impongan un recargo de hasta un 150% en el IBI para penalizar las viviendas que estén vacías sin justificación por dos años o más. La capital, ya lo advirtió este martes su alcalde, José Luis Martínez-Almeida (PP), no lo aplicará, pero la norma al menos sí servirá para dar cobertura a la ley catalana de vivienda y satisfacer la demanda de regidores como Ada Colau, en Barcelona. Además, advierten fuentes del Gobierno, en las zonas que no se declaren tensionadas no se podrá usar el índice de referencia, pero se forzarán medidas para los grandes tenedores. Y eso sí puede afectar a Madrid.

El paquete se completó con el anuncio del presidente del bono para los jóvenes de 18 a 35 años, para ayudarles a que se independicen: 250 euros mensuales, y durante dos años, para aquellos con rentas anuales del trabajo inferiores a 23.725 euros. Y también con la imposición del mínimo del 15% en sociedades, tal y como el PSOE había introducido ya en los Presupuestos fallidos de 2019 y como Sánchez defenderá en el G20 de Roma a finales de mes. Belarra, sin embargo, dijo a la noche, en 'Hora 25', en la SER, que no conocía el bono joven y que puede hacer que los arrendadores suban los precios. La ministra subrayó que la medida no está incluida en la ley de vivienda (sí lo está en la de PGE) y advirtió de que aunque "el presidente puede hacer los anuncios que considere oportunos", "mucha gente recuerda" la experiencia anterior, con José Luis Rodríguez Zapatero en el Ejecutivo, que con una iniciativa similar, en 2007, hizo que algunos arrendadores optaran por subir el precio de la renta para compensar la ayuda del Estado.

El primero tras la marcha de Iglesias

Más allá de este inesperado borrón, las partes se mostraron satisfechas tras amarrar ese doble acuerdo. Unos PGE “imprescindibles” para consolidar la recuperación “justa”, celebró Bolaños en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros. Un “buen acuerdo”, dijo Díaz, que incluye una ley de vivienda y “que las grandes empresas paguen lo que toca”. Un pacto que demuestra, añadió, la buena salud de la coalición y que es el primero de calado después de la salida de Pablo Iglesias del Ejecutivo. 

Belarra asegura que su formación no conocía el cheque de 250 euros al mes para los jóvenes y alerta de que puede hacer que suban los precios de los alquileres

No fue fácil llegar hasta ese punto. Pero el camino se desbrozó definitivamente en la noche del lunes, en un intercambio de documentos entre el titular de la Presidencia, Félix Bolaños, y la responsable de Derechos Sociales y Agenda 2030 y líder de Podemos, Ione Belarra. El último paso se transitó ya este martes, en dos reuniones sucesivas. La primera a las 8 de la mañana con, Bolaños, Belarra, Montero y la responsable de Transportes, Raquel Sánchez. Ahí se perfilaron los detalles técnicos, aunque concluyó sin acuerdo. Luego el presidente llamó a los ministros implicados y a Díaz y se vio con ellos —ya sin Sánchez— poco antes del Consejo de Ministros. Allí se dio el visto bueno al acuerdo político global. El presidente accedió a que la limitación de precios afectara a los grandes tenedores que sean personas jurídicas, pero Unidas Podemos, a cambio, tuvo que renunciar al 'cheque bebé' universal, medida que no figuraba en el programa de coalición, suscrito por los dos socios en diciembre de 2019.

Sánchez cumple el objetivo que se había marcado. Había asegurado que los PGE se presentarían en el Congreso "en tiempo y forma", entre finales de septiembre y principios de octubre. El presidente podrá exhibir el proyecto de ley en el 40º Congreso del PSOE, que arranca el viernes 15 en València, y también podrá remitir ese día, como es preceptivo, el plan presupuestario a Bruselas. Sin embargo, la Constitución impone, en su artículo 134, que las cuentas del Estado para el año siguiente se remitan a la Cámara baja tres meses antes de la expiración de las anteriores. O sea, antes del 30 de septiembre, de modo que sí hay un pequeño incumplimiento del precepto constitucional. El año pasado, el acuerdo entre los socios se firmó el 27 de octubre, pero se aceleraron los trámites en el Parlamento, a fin de que los PGE quedaran aprobados antes del 31 de diciembre, y se logró. Pero en esta ocasión el PSOE no quería apurar tanto los plazos. Ya no será necesario.