Euroorden de Llarena

Puigdemont pide a la justicia europea que le devuelva la inmunidad tras su detención en Cerdeña

El 'expresident' presenta una nueva demanda de medidas cautelares ante el Tribunal General de la UE

La hemeroteca del otoño del 'procés'

Carles Puigdemont  en el Encuentro Internacional de Adifolk,

Carles Puigdemont en el Encuentro Internacional de Adifolk, / YARA NARDI

Silvia Martinez

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El Tribunal General de la Unión Europea ya tiene sobre la mesa una nueva petición de medidas cautelares para que el ex presidente de la Generalitat y eurodiputado de Juntspercat, Carles Puigdemont, recupere la inmunidad como eurodiputado que la corte europea le retiró el pasado 30 de julio. A raíz de la detención del dirigente catalán en Cerdeña (Italia) la semana pasada, el abogado del político independentista catalán, Gonzalo Boye, anunció su intención de presentar una nueva demanda que finalmente han presentado este viernes. “Les comunicamos que hoy, 1 de octubre de 2021, ha dado entrada en la Secretaría del Tribunal General una nueva demanda de medidas provisionales”, ha anunciado la corte en un escueto comunicado.

La decisión de la juez italiana de dejarle libre el pasado 24 de septiembre tras su breve detención en Cerdeña, con plena libertad de movimientos tanto en la isla como fuera de Italia, había llevado al equipo de abogados de Puigdemont a retrasar la presentación de las medidas cautelares. Sin embargo, los abogados del ex president, han decidido finalmente mover ficha antes de que el ex president acuda a comparecer en la vista del proceso de extradición fijado por el Tribunal de Apelación de Sassari (Cerdeña) para el próximo 4 de octubre y en la que deben decidir si entregan al político catalán a España. Aunque no hay plazos para que la corte con sede en Luxemburgo tome una decisión, según explicaba hace unos días Boye, el resultado podría estar listo en un plazo de entre 24 y 72 horas.

El nuevo movimiento se produce un día después de que el presidente del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, remitiera un nuevo escrito a las autoridades italianas pidiendo la entrega de Puigdemont y ratificando que la euroorden contra el ex president por sedición y malversación está activa y que la Abogacía del estado sabía que no estaba suspendida. “Tal cual anunciamos el sábado 25 y una vez comprobado que no existe voluntad por parte del juez Llarena de garantizar los derechos de los eurodiputados Puigdemont, Comín y Ponsatí hoy hemos presentado una solicitud de medidas cautelares que no cautelarísimas”, ha confirmado Boye en las redes sociales.

Según el abogado del ex presidente, esta solicitud, por su proceso de tramitación y duración, no afecta a la vista señalada para el próximo lunes ante los tribunales italianos toda vez que debería darse traslado de la misma tanto al Parlamento Europeo como al Reino de España para que se pronuncien al respecto”. Boye también recuerda que la situación no es la misma que la vez anterior que solicitaron medidas cautelares para proteger la inmunidad parlamentaria. “El Reino de España indicó que no existía riesgo de detención lo que se ha demostrado incierto a la luz de lo sucedido la semana pasada en Alghero y de la comunicación emitida ayer por Llarena”, advierte.

Riesgo de detención

La corte europea decidió devolverle cautelarmente la inmunidad parlamentaria retirada por el Parlamento Europeo pero el Tribunal General decidió finalmente retirársela el 30 de julio al considerar que no existía riesgo inminente de detención porque las autoridades españolas habían asegurado que “expresamente” que la cuestión prejudicial planteada previamente por Llarena al TJUE había dejado en suspende las órdenes de detención nacionales dirigidas contra Puigdemont y los ex consejeros, algo que Llarena ha vuelto a desmentir esta semana. El auto del pasado 30 de julio, sin embargo, también dejaba la puerta abierta a que el ex president pudiera recuperar la inmunidad.

“En la hipótesis de que, una vez dictado este auto, el daño alegado pudiera plantearse con una probabilidad suficiente, en particular en el caso de una detención de los demandantes por una autoridad de ejecución de un Estado miembro o la activación de un procedimiento para su entrega a las autoridades españolas, quedaría la posibilidad de presentar una nueva solicitud de medidas cautelares”, apuntaba el auto del vicepresidente del Tribunal General, Savvas Papasavvas.