El independentismo se divide sobre la celebración de un referéndum en esta legislatura

La iniciativa parlamentaria de la CUP para mover las piezas del tablero catalán y presionar a los socios en el Govern para que se pronuncien sobre un nuevo referéndum en esta legislatura ha hecho estallar las relaciones entre los aliados independentistas. Los anticapitalistas se han quedado solos este jueves en la defensa del texto que insta al Executiu a "llevar a cabo" una consulta de autodeterminación antes de que finalice la legislatura y a "iniciar inmediatamente los debates y trabajos necesarios para garantizar su realización".

Después de una reunión a puerta cerrada en el Parlament, los anticapitalistas han constatado que ni Esquerra ni Junts apoyan su propuesta. Los republicanos se abstuvieron en el hemiciclo porque no están de acuerdo con el hecho de que se fijen plazos y los posconvergentes votaron en contra al considerar que el 1-O sigue siendo válido y sólo sustituible por una consulta pactada con el Estado, explicaron fuentes parlamentarias.

Las relaciones son tensas y la CUP ha intentado remediar el fuego abierto ayer en el hemiciclo ofreciéndose a incorporar un punto en la resolución pactada entre ERC y Junts sobre el 'procés' para incorporar un redactado con un tono más bajo sobre el referéndum y retirar así su propuesta en solitario. Pero no ha fructificado y, para no hurgar en la herida, los 'cuperos' no votaron en contra de ninguna resolución de los socios en el Govern en materia soberanista, aunque no la compartan del todo por la falta de claridad sobre la estrategia.

"No ha sido posible la transacción. Hemos pedido que el redactado no fuese tan contundente y explícito con los plazos porque no sabemos si los podemos cumplir", defendieron fuentes de ERC.

Junts y el PSC, por la ampliación del aeropuerto

Por otro lado, Junts y el PSC pactaron una resolución conjunta que se aprobó por la ampliación del aeropuerto de El Prat y que reclama volver al acuerdo inicial entre la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y el 'vicepresident' Jordi Puigneró. El texto apuesta por la inversión económica de 1.700 millones de euros inicialmente prevista por Aena y, por ello, insta al Govern a exigir al Estado que se mantenga lo pactado entre ambas administraciones del pasado 2 de agosto, incluidas las inversiones en alta velocidad en los aeropuertos de Girona y Reus.

También reclama que el nuevo plan director del aeropuerto contemple "el máximo respeto a la biodiversidad, el espacio natural protegido del Delta del Llobregat y las directivas ambientales europeas", y exigen "concretar" la participación de la Generalitat en la gestión de los aeródromos catalanes.