Entrevista con la ministra de Justicia

Llop: “El modelo judicial está agotado, no puede asumir la gran litigiosidad que tenemos”

  • “Es inaceptable que ante 1.100 mujeres y 41 niños asesinados se rebata aún la violencia de género; hay que acabar con el negacionismo”

  • “Nunca tiro la toalla, y no pierdo la esperanza de que el PP cumpla con la Constitución y permita la renovación del Consejo del Poder Judicial”

Pilar Llop, ministra de Justicia.

Pilar Llop, ministra de Justicia. / La Nueva España / Irma Collín

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Luis Ángel Vega

La ministra de Justicia, Pilar Llop Cuenca, tiene a gala su cuartillo de sangre asturiana, más en concreto maliayesa, merced a su abuela materna Soledad. Quizá por ello, y porque Asturias está a la cabeza de la digitalización, eligió este viernes Avilés para presentar su plan de choque para un modelo judicial que “está agotado y es incapaz de asumir la gran litigiosidad que tenemos en España”. Una de las primeras juezas de violencia contra la mujer, Pilar Llop clama que “hay que combatir el negacionismo: no puede ser que, con 1.100 mujeres asesinadas, se diga que no hay violencia de género”, un claro mensaje a Vox, al que también culpa del embrollo de la sentencia que declaró inconstitucional el decreto del estado de alarma. Y asegura que no pierde la esperanza de que el PP “cumpla la Constitución” y permita renovar el Consejo General del Poder Judicial.

La detención de Carles Puigdemont, ¿le complica las cosas al Gobierno con Cataluña?

–El Gobierno de España sabe desde el principio que sus posiciones y las del Gobierno catalán son divergentes, distantes, pero la única posibilidad es seguir dialogando porque el objetivo es recuperar la concordia, los acuerdos y que Cataluña sea una tierra de progreso. La vía es el diálogo. Hay que seguir insistiendo. Sabíamos que no iba a ser algo de un día para otro, necesita su tiempo y su proceso. Cataluña no puede perder esta oportunidad de un Gobierno dialogante y que entiende y aprecia la diversidad territorial.

–Tras el arresto, Aragonès ha reiterado su petición de amnistía. ¿Cabe en el ordenamiento?

–Evidentemente, somos un Estado de Derecho, en el que se aplican las leyes por igual a todos los ciudadanos y las ciudadanas, que tienen obligación de someterse a los Juzgados y Tribunales.

"Dejan de existir los juzgados de paz, sustituidos por las oficinas judiciales municipales"

–Hace unos meses se hablaba de redefinir los delitos de rebelión y sedición. ¿Cómo va eso?

–En el plan anual normativo de 2021 se retiró la reforma de Código Penal, que no solo abarcaba los delitos de rebelión y sedición, sino otros muchos tipos delictivos. Se ha retirado, no porque no se esté trabajando internamente en ello en el Ministerio de Justicia, sino porque era inviable la reforma de un Código Penal, que es una ley orgánica que requiere consensos muy importantes con fuerzas políticas que tienen posiciones muy diferentes. Ya indicó el presidente del Gobierno que ahora no se daban los consensos necesarios. Por otro lado, no debemos mezclar la reforma de los delitos de rebelión y sedición con lo que pasa en Cataluña. Esos delitos no responden a la realidad actual, tienen unas penas que, con relación a otros países del entorno europeo, pueden resultar desproporcionadas. Hay que separar esos debates, porque en algún momento esos delitos se van a tener que explorar. Y que no esté la reforma en el plan normativo de este año, no quiere decir que no se pueda recuperar en otro momento.

–¿Qué pretende el plan Justicia 2030 que presentó en Avilés?

–Es un plan centrado en la Justicia como un servicio público universal y que tiene unos ejes que además están en línea con los fondos europeos “Next Generation”, que son la transición digital, la transición ecológica, la cohesión social y territorial y la igualdad. Está dotado con unos fondos 470 millones de euros, con la finalidad de que, a través de tres leyes, las leyes de eficiencia –digital, procesal y organizativa–, se consiga evolucionar todo el sistema de Justicia y acompañarlo hacia la modernidad, hacia la digitalización.

–¿Qué supondrá para el ciudadano?

–La ley de eficiencia digital va a suponer un cambio de paradigma en la celebración de juicios, la celebración de vistas, la recogida de pruebas y evidencias. Se van a potenciar los juicios telemáticos, que ya se están haciendo con la pandemia._El actual modelo de Justicia está agotado, no responde a las necesidades de la ciudadanía porque es incapaz de asumir la gran litigiosidad que tenemos en España. Además, se están perdiendo recursos que no se están optimizando porque los procedimientos son muy poco flexibles.

–¿Y a nivel organizativo?

–Lo que hará será reunir los 3.000 juzgados de primera instancia en 431 tribunales de instancia. Con las oficinas judiciales, que estaban contempladas en la ley, pero no desarrolladas, cambiará la organización para que sea mucho más eficiente, se optimicen los recursos y cambie esa imagen del Juzgado atomizado. Ahora habrá un “pull” de funcionarios, con un “pull” de jueces y juezas que resolverán. Y algo fundamental para la cohesión territorial serán las oficinas de justicia municipales, que estarán implantadas en los lugares más pequeños, pero que serán una puerta accesible, digital, que acompañará a aquellas personas que no sepan cómo acceder digitalmente a la realización de determinados trámites. Y también estarán abiertas a la administración local.

–Desaparecen los Juzgados de paz.

–Dejan de existir, sustituidos por las oficinas municipales. Hay que hacer un reconocimiento a los jueces de paz, que han acercado la Justicia a la ciudadanía, pero ese modelo está agotado, hay que evolucionar. La pandemia nos ha demostrado que tenemos que ir a un modelo de Justicia más eficiente, también profesionalizado.

"Cataluña no puede perder la oportunidad de un Gobierno que es dialogante"

–¿Ya han tirado la toalla en la renovación del Consejo General del Poder Judicial?

–Yo nunca tiro la toalla, en nada, nunca pierdo la esperanza. No contemplo otro escenario que sea cumplir con la Constitución y renovar el órgano de gobierno de los jueces. En diciembre serán tres años con el Consejo General del Poder Judicial en funciones, con las competencias del Consejo además limitadas, sin que pueda hacer nombramientos. Hay vacantes en el Tribunal Supremo, en presidencias de órganos judiciales y no se pueden cubrir. Eso genera disfunciones muy importantes. ¿Y qué pasa con los candidatos a vocal? Los jueces han propuesto a 50 compañeros para que, de ellos, el Congreso y el Senado designe a doce como vocales. Una mayoría muy cualificada del Consejo ya procede de la judicatura y ha sido propuesta por los jueces y las juezas. El Comisario de Justicia, Didier Reinders, ha manifestado que hay que renovar ya, y que luego se puede hablar de una reforma del modelo. No se puede soportar este bloqueo. El PP tiene que cumplir la Constitución. Cuando han gobernado, siempre lo han renovado, pero cuando han perdido las elecciones, la han retrasado. Dos años en la V Legislatura, un año en la VIII y tres años en estas últimas legislaturas. Son seis años de privación de un Consejo que es de los ciudadanos, no de los jueces...

–¿Es un solo nombre el que les separa de un acuerdo?

–El Gobierno tiene que ser muy respetuoso y no puede entrar en la elección de los nombres de los vocales. Eso es un papel del legislativo. El Gobierno puede instar, puede impulsar, evidenciar que es necesario cumplir con la Constitución, puede abrir vías de diálogo. Yo me he reunido con los grupos parlamentarios, con el Comisario Reinders, con la vicepresidenta Vera Jourova. El Consejo es el más independiente de Europa frente a la injerencia del Gobierno, y el que tiene más competencias.

–El modelo que propone el PP, ¿sería una regresión?

–Es que sinceramente no sé qué modelo propone el PP. Le pido al PP que cumpla con la Constitución. El modelo que tenemos lo ha avalado el Constitucional.

–Ahora que cita al Constitucional, les ha dado un buen rapapolvo con el estado de alarma…

–La sentencia fue controvertida. Fueron cinco, frente a seis, los integrantes del Constitucional los que consideraron que el estado de alarma era perfectamente válido y respondía a las necesidades de aquel momento. El Gobierno actuó como había que actuar, salvando la vidas de las personas en un momento en que había que estar a la altura de las circunstancias. Estar a la altura de las circunstancias significa entender la complejidad de la situación. El Constitucional tiene ahora una vacante por la renuncia del magistrado Valdés y el voto de calidad del Presidente no podía operar. Precisamente, el Presidente fue uno de los cinco miembros que entendió que el estado de alarma era correcto. Lo chocante es que, quien recurre, es un partido político, Vox, que apoyó el mismo decreto. Hay una contradicción.

"No debe mezclarse la reforma del delito de rebelión con lo que pasa en Cataluña"

–Como expresidenta del Senado, ¿cree que debería convertirse en una cámara territorial? ¿Eso evitaría problemas como el planteado con los catalanes?

–Más que evitar problemas, el Senado tiene un valor imprescindible para destensar tensiones territoriales. Quienes están participando en la elaboración de las leyes, como la de Educación, la de Eutanasia, la de Cambio Climático, la de protección de los menores…, son los senadores elegidos directamente, pero también los que han sido designados por los parlamentos autonómicos De esta forma están contribuyendo a la elaboración de la ley nacional. Es imprescindible en un Estado compuesto como el nuestro. Como Presidenta del Senado, ofrecí la Cámara para que tuviese lugar el debate territorial. Al Senado pueden llevarse mesas bilaterales, y es el lugar para ese encuentro territorial. Es una cámara neutral, no representa a ninguna fuerza política, sino a todas.

–A la vista de que los crímenes machistas siguen ahí, ¿se necesitan más reformas?

–En el ámbito de la violencia de género tenemos herramientas e instrumentos legales e institucionales muy potentes. España ha sido referente para muchos países que se han inspirado en nuestra legislación. Lo que ha hecho la ley es que aflore mucha de la violencia que antes permanecía oculta. Pero hay un instrumento que quiero poner en valor, que es el Pacto Institucional contra la Violencia de Género. Las fuerzas que lo suscribieron estuvieron de acuerdo en hacer más de 600 medidas para ampliar el concepto de violencia de género a todas las formas de violencia. Lo que no puede ser es que, ante más de 1.100 mujeres asesinadas, haya quien niegue la violencia de género. Hay 41 niños asesinados desde 2013 por sus padres o las parejas de sus madres por esa violencia vicaria que es la más terrible, y hay quien todavía niega la violencia de género. Hay que combatir esos discursos negacionistas.

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–¿Y los delitos de odio?

–Ha habido un repunte, quizá porque la gente se atreve más a denunciar. Por eso hay que combatir los discursos del miedo, y hay que desarrollar los instrumentos policiales y judiciales, ver qué unidades se pueden crear... Este Gobierno está comprometido en la erradicación de esas conductas, porque socavan la convivencia y la democracia. Necesitamos convivir con respeto, respetar la singularidad de cada cual.