Aragonès carga contra el Estado pero trata de salvar el diálogo ante las invectivas de Junts

Uno de los efectos de la detención del 'expresident' Carles Puigdemont ha sido constatar la debilidad del proceso de diálogo recientemente reestrenado entre el Govern y el Ejecutivo español. Inmediatamente después de conocerse la actuación policial, las baterías de Junts y la CUP se dirigieron no solo contra la justicia española sino contra el Gobierno, con declaraciones muy críticas contra el proceso negociador, con manifestaciones incluidas en las que la presión también se dirigía al Govern. El 'president' Pere Aragonès trató de cerrar filas convocando a todos los 'consellers' y cargando contra el Estado y la justicia por la detención, pero evitando dinamitar los recién diseñados puentes con el Gobierno, y mantuvo contactos con la Moncloa.

Que Aragonès tenía que lidiar contra la detención de Puigdemont tanto como con parte del independentismo quedó claro en las declaraciones públicas de dirigentes de Junts desde primera hora de la mañana, en las que cargaban contra las expectativas del diálogo que ERC abandera. Lo hizo la presidenta del Parlament, Laura Borràs, lo hizo el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, y lo hizo el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró: “Éramos escépticos y el tiempo nos da la razón”, espetó en la concentración independentista en las inmediaciones del consulado italiano, a la que acudió toda la cúpula de Junts, consellers incluidos, mientras ERC no envió a ningún miembro del Govern. La cabeza visible republicana era la 'exconsellera' Alba Vergés.

Jordi Sànchez se encargaba de cargar contra la nota de la Moncloa la madrugada anterior en la que emplazaba a Puigdemont a comparecer ante la justicia. Sànchez, en Catalunya Ràdio, también marcaba distancias con la 'consellera' de Presidència, Laura Vilagrà, que afirmaba que la detención y el diálogo eran cuestiones paralelas, no la misma cuestión.

"¡Independencia o dimisión!"

Mientras, el arresto del exjefe del Govern provocó la vuelta del independentismo a las calles, convocado por las entidades, para exhibir su apoyo al exjefe del Govern y reclamar acciones contundentes al Ejecutivo, al que algunos manifestantes pidieron la dimisión, con gritos de “¡independencia o dimisión!”. Por la mañana, se concentraron en los aledaños del consulado italiano en Barcelona y, por la tarde, impulsaron concentraciones frente a los ayuntamientos catalanes en los que participaron representantes de los partidos.

Los CDR impulsaron su propia marcha. Una movilización que repetirán de forma centralizada en la capital catalana este domingo después de que tanto la ANC como Òmnium Cultural animasen a la protesta sostenida. Jordi Cuixart, líder de Òmnium, pedía "no fer el préssec" [no hacer el tonto] en las negociaciones con el Estado y Elisenda Paluzie, de la ANC, también cargaba contra el diálogo en los actuales términos.

Los de Junts, aparte

Mientras Puigneró convocaba a los 'consellers' de su partido para seguir marcando perfil. La reunión, previa a la que convocó Aragonès con todo el Govern, no sirvió para tomar ninguna decisión determinante, según fuentes de los presentes, sino para evaluar la situación.

En este contexto, Aragonès convocó a todos los 'consellers' y tras la breve reunión, compareció flanqueado por todos ellos para dar imagen de unidad en torno a un solo discurso: sigue la represión del Estado, Puigdemont debe ser liberado porque el Supremo ha engañado a la justicia europea y este episodio no ayuda a la mesa de diálogo. Pero Aragonès se cuidó mucho de dar nada por definitivo.

El ‘president’, que está mañana llegará a L’Alguer junto a Puigneró, se centró en defender con vehemencia la amnistía y la autodeterminación como solución al conflicto político, ante los reproches tanto de Junts y la CUP, que ven el diálogo como “una vía muerta” y sin incentivos para que el Gobierno ceda.

Aragonès no dio por roto el diálogo, pero exigió acabar con la “persecución política y la represión” y con las euroórdenes. “La credibilidad del sistema judicial español ya estaba tocada, pero con las discrepancias sobre las euroórdenes se demuestra que es un sistema anacrónico que buscaba venganza”, concluyó, sin citar al Gobierno en sus invectivas y admitiendo los contactos con la Moncloa.