La CUP exigirá a Aragonès un "pacto político" para apoyar los presupuestos

La CUP lleva meses emitiendo señales de alarma al Govern que, por ahora, las desoye. La tensión entre los socios del Executiu les resguarda fuera del foco, pero los anticapitalistas exhiben sus recelos dentro y fuera de los despachos. El cumplimiento del pacto de investidura del 'president' Pere Aragonès no alcanza su ambición superados los 100 días de mandato, por lo que la aprobación de los presupuestos se convierte en la principal carta de la formación para que la Generalitat formalice medidas que pactó.

Desbrozar las cuentas es un encargo que recae en el ‘conseller’ de Economia, Jaume Giró, pero esperan que Esquerra custodie el acuerdo y acabe con la "deriva continuista" que ha tomado. Desde la CUP defienden que no entrarán a debatir sobre el detalle de las partidas, porque dan por hecho que el Govern incluirá aquellas que sean necesarias para llevar a cabo lo acordado si quieren su 'sí'. "La aprobación de los presupuestos no sólo va ligada a esos puntos, sino a cuestiones como el aeropuerto, la eléctrica pública o la definición de una hoja de ruta hacia un nuevo referéndum. No es sólo una simple cuestión de gestión, es, sobre todo, una cuestión de modelo", defienden los 'cuperos'. Buscan, así, un "pacto político" y hay precedente: en el 2017 aprobaron las cuentas al expresidente Carles Puigdemont a cambio de impulsar el referéndum.

El Govern diseña el borrador de los presupuestos con la CUP como socio preferente

El tira y afloja perdurará, pese a que los tempos están marcados. El 10 de octubre, a más tardar, el Govern debe remitir al Parlament su proyecto presupuestario. Pero, pese a que el calendario aprieta, la CUP se siente libre para negociar con cautela, sin ceder a la presión a la que fueron sometidos por el independentismo en otros episodios del 'procés'. “El 'pressing CUP' ya no nos afecta. Todo queda en manos de nuestra militancia”, remachan voces internas. Y es que las bases serán las que decidan cómo se desencalla la negociación, ya que someterán a debate la propuesta cuando esté consolidada por parte de los negociadores ‘cuperos’, con Eulàlia Reguant al frente.

El balance del cumplimiento del acuerdo es que se ha diluido el cuerpo de abogados de los Mossos en el gabinete jurídico central, se ha aprobado la creación de una comisión de estudio sobre el modelo policial para revisar el uso del foam, se ha tramitado la ley de interinos, se ha impulsado un plan piloto para la renta básica universal y se ha creado la Conselleria d'Acció Climàtica. Para la CUP, muy lejos de los esperado porque fue un "acuerdo de mínimos" que "no llega al mínimo exigible".

Focos de tensión

El desenlace del conflicto entre el Gobierno y la Generalitat por la inversión para la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat puede aparentar un apaciguamiento de las tensiones, pero los anticapitalistas subrayan que si se ha cancelado el plan no ha sido por un plante del Govern, sino por una "retirada" de Moncloa. La candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno del 2030 y la inyección económica al Circuito de Catalunya se suman a la lista de agravios para la CUP, porque a su juicio hurgan en un “modelo de país contrario al giro a la izquierda que prometió el ‘president’” en su investidura. 

El plan de Govern, además, no recoge algunos de los acuerdos con ERC, como la retirada de los conciertos educativos o la moratoria de las renovables. Pero, más allá de esto, hay otros focos de tensión: el previsible aumento de los desahucios este otoño, la negociación de los Presupuestos del Estado --la CUP no los apoyará si el Gobierno no promete amnistía y referéndum, pero puede tensionar la relación con ERC y Junts--, y la falta de hoja de ruta independentista.

Sin embate, ni pacto

El Pacte Nacional per l'Amnistia i l'Autodeterminació sigue sin empezar sus trabajos, pese a que la voluntad de la CUP era que fuera un espacio de preparación antes de retomar la mesa de diálogo entre gobiernos. De hecho, la CUP se manifestó contra el foro, pese a que pactaron con ERC dar un margen de dos años de aire a los encuentros. Elevaron el tono y cuestionan cada vez más que los republicanos confíen en este escenario para lograr un referéndum pactado. 

Pese a que no dan credibilidad a las citas para el deshielo, validan que ERC quiera intentar esta vía, no sin críticas por no preparar ya un plan b en forma de referéndum, el llamado "embate democrático". Opinan que sin conflicto en las calles no hay incentivos para que el Gobierno ceda a las peticiones independentistas, es decir, desestabilizar la “estabilización” de la “normalidad institucional”. "La gobernabilidad depende del Govern, no de nosotros", zanjan fuentes del partido.

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