La Audiencia de Barcelona avala la investigación del negocio del gas de la trama del 'procés'

La Audiencia de Barcelona ha rechazado un recurso de la fiscalía y ha avalado que el juez Joaquín Aguirre, que instruye el 'caso Voloh' de presunta corrupción y financiación del 'procés', investigue si una operación de venta de gas licuado entre una empresa china y otra rusa podría esconder, según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, un negocio que podría constituir "una pantalla de financiación ilegal".

Este negocio figura en las conversaciones que mantuvieron en 2020 el jefe de la oficina del 'expresident' Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, y el empresario ruso afincado en Catalunya Alexander Dmitrenko, desveladas por este diario. El Gobierno español le ha negado la nacionalidad a Dmitenko, a quien acusa de colaborar con los servicios de inteligencia de Rusia, acusación que él niega. El tribunal ha desestimado el recurso presentado por el fiscal anticorrupción Fernando Maldonado y rechaza anular y archivar esta parte de la causa.

El juez Aguirre había ordenado a la Guardia Civil que investigara esta operación y, en concreto, si la empresa rusa tiene filial en España y si el dinero que se desembolsó por el pago de garantía, unos 295.000 euros, llegó a nuestro país. El magistrado también acordó que se rastreara la "forma de vida" de Dmitrenko, el intermediario, desde residencia a trabajos e ingresos. Según esta resolución judicial, hay “indicios” de que esta operación pudiera ocultar “algún tipo de operación irregular” o “la financiación ilegal de un partido político”, como pasó en su día con la Liga del Norte en Italia.

Sospechas hacia Alay y Dmitrenko

La Sección 21 de la Audiencia de Barcelona reseña en el auto que desestima el recurso del fiscal que estas diligencias de investigación "no son innecesarias, inútiles, ni pertinentes" porque el objetivo es indagar sobre los presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, además "de la posible financiación de un partido político". Rechaza, además, que sea prospectiva, como la calificó el fiscal Maldonado en su recurso, al existir la sospecha de la participación de Alay y Dmitrenko en dichos delitos. El tribunal destaca que la resolución por la que el juez Aguirre ordenó a la Guardia Civil las averiguaciones "no carece precisamente de motivación" y está "razonada" sobre los datos remitidos al juzgado por el instituto armado.

El auto subraya que Alay percibe un sueldo con origen en fondos públicos como jefe de la oficina de Puigdemont, pero "sus actividades sobrepasan esa función", como "se deduce claramente del análisis" de su teléfono y que "revelación de conductas ajenas". La Audiencia sostiene que no puede descartarse su participación la personas próximas del entorno del expresidente en la operación de gas licuado, al comentar Alay a Dmitrenko que su trabajo con el tema energético ruso es "estratégico" y haberse "congratulado ambos" del buen fin del negocio y de haberse nombrado al empresario ruso embajador de la Cámara de Comercio de Barcelona, "con la colaboración" del que era su presidente, Joan Carandell, ahora diputado de Juts. Esta resolución también hace mención a la concreción de citas en las que presuntamente participaría Jordi Puignerò, en la actualidad videpresidente del Ejecutivo de Pere Aragonés.

La Audiencia incide que no solo la operación de compra venta de gas licuado es "similar" a la efectuada por Rusia en favor de una empresa vinculada a Mateo Salvini que sirvió "para financiar" su partido, la Liga del Norte, sino que tanto Alay como Dmitrenko "carecen de antecedentes en el negocio del petróleo" o gas licuado. Por lo tanto, la investigación es "necesaria, útil y pertinente" para indagar sobre una "operación sospechosa" por constituir "posiblemente una pantalla de financiación ilegal".

El otro frente

Por otra parte, la Audiencia de Barcelona ha rechazado el recurso presentado por Alay y lo manda a juicio por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos con motivo de un viaje a Nueva Caledonia el 4 de noviembre de 2018 y el pago de peajes para visitar a los presos políticos en Lledoners. El tribunal argumenta que Alay fue invitado a este viaje "a título personal" porque se celebraba un referéndum y que no correspondía que el gasto lo asumiera la Generalitat.

El propio Alay ha denunciado en Twitter lo que ha considerado que se trata de una persecución política. "Perseguido por motivos políticos. Después de veinte días asediándome con Rusia, ahora me juzgarán por haber representado al president Puigdemont en el referéndum de Nueva Caledonia de 2018", ha denunciado.

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