Los conflictos del Estado con las autonomías ante el Constitucional caen un 78% desde 2019

La luz siempre está encendida con Catalunya, pero el Gobierno intenta que se vea que lo está también para todas las comunidades. Que con “todas” coopera y con todas desea conducir unas relaciones de “normalidad”. Reivindica que lo hace a través de foros bilaterales —como la mesa de diálogo ahora abierta con Generalitat o las comisiones bilaterales que permiten varios estatutos de autonomía, empezando por el catalán— o multilaterales, y también a través de mecanismos como la reducción de la litigiosidad. Es decir, que el Ejecutivo intenta dialogar con la comunidad de la que ha emanado una disposición presumiblemente inconstitucional para que la revise y modifique aquellos puntos que sean sospechosos, a fin de evitar el recurso ante el Tribunal Constitucional.

Ese objetivo, la reducción de la conflictividad Estado-comunidades autónomas, ha sido perseguido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez desde que llegó al poder en junio de 2018. Y, como subrayan en el Ministerio de Política Territorial, que desde el pasado julio dirige Isabel Rodríguez, los datos les avalan. En la X Legislatura (2011-2016), con el PP en el Gobierno, el Estado planteó 77 recursos contra las autonomías. En la XI, la legislatura corta que se extendió de enero a julio de 2016 por la obligada repetición electoral al no prosperar la investidura, fueron 11 las impugnaciones. En la XII (2016-2019), compartieron el poder Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, y fueron 50 los recursos, muchos de los cuales fruto del ‘procés’.

En la XIII, entre mayo y diciembre de 2019 —de nuevo hizo falta ir a las urnas el 10 de noviembre tras la imposibilidad de elegir presidente tras las generales del 28 de abril—, las impugnaciones que el Estado llevó ante el TC contra disposiciones de las autonomías fueron 7. Y en la actual legislatura, la que se extiende desde enero de 2020, se acumulan 12 recursos, según los datos recogidos en el último boletín de Política Territorial, de 31 de agosto de 2021, y que la ministra Isabel Rodríguez expondrá este miércoles en el Congreso.

También ha descendido más de un 90% la conflictividad de las comunidades hacia el Estado: de 151 impugnaciones entre 2011 y 2016 a 10 desde 2019 hasta hoy

Es decir, que la conflictividad del Estado hacia las comunidades ha caído un 84,41% desde 2011-2016 —el mandato completo de Rajoy— hasta 2020-2021, la legislatura actual de Sánchez. Si se suman los periodos en funciones (de enero a julio de 2016, con Rajoy en la Moncloa, y de mayo a diciembre de 2019, con el líder socialista en el poder), la cuenta es de 88 (77+11) hasta 19 (7+12), con lo que la litigiosidad se habría reducido un 78,40%. Las 50 impugnaciones de la legislatura marcada por la moción de censura fueron presentadas, en su inmensa mayoría, por el PP, quien tuvo que lidiar con toda la ofensiva de la Generalitat que desbordó el perímetro constitucional.

Más problemas con Catalunya

De los 12 recursos elevados ante el TC por el Gobierno en esta legislatura, cinco se dirigieron contra leyes catalanas: la que creaba el impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, la de ordenación del litoral y tres relativas a la protección del derecho a la vivienda y la regulación del alquiler.

En el sentido inverso, también ha caído la conflictividad desde las comunidades hacia el Estado. En la X Legislatura (2011-2016), las autonomías interpusieron 136 recursos contra el Ejecutivo de Rajoy. Fueron 15 en la XI (2016-2016), 18 en la XII (2016-2019), 3 en la XIII (2019-2019) y 7 en la XIV (2020-). Es decir, que de las 151 impugnaciones que las comunidades presentaron entre 2011 y finales de 2016 se pasó a 10 entre 2019 y hoy. Un 93,38% menos. En esta legislatura, de los siete recursos firmados por las autonomías, cuatro salieron de Catalunya (por el ingreso mínimo vital, por actuaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y por la ley que perseguía la ‘república digital’ catalana).

Aún no hay "avances" sobre el decreto ley de la Generalitat de avales a los encausados por el Tribunal de Cuentas, según la propia ministra

En el Ministerio de Política Territorial, funciona la Comisión de Seguimiento de las Disposiciones y Actos de las Comunidades Autónomas, que examina toda la normativa que emana de las CCAA. Este órgano, una vez que cuenta con los informes que evacúan los ministerios concernidos por cada ley autonómica, acuerda tres tipos de decisiones. Una, constata que no hay tacha de inconstitucionalidad. Dos, ve que no hay aspectos que contravengan la Carta Magna pero sí anticipa una potencial controversia competencial en la aplicación o desarrollo reglamentario (y en ese caso se remite una carta de cooperación a la comunidad respectiva, para que tenga en cuenta esas apreciaciones).

Tres, sí detecta motivo de inconstitucionalidad, y en ese escenario o bien propone al Consejo de Ministros que eleve el recurso ante el TC, previo dictamen del Consejo de Estado, o bien activa un mecanismo que incorpora la ley orgánica del TC en su artículo 33.2: se reuniría la comisión bilateral de cooperación para instar a la comunidad a modificar o retirar los puntos conflictivos, a fin de evitar la interposición final del recurso.

Ahora mismo, está pendiente la decisión del Ejecutivo sobre el decreto ley de los avales de la Generalitat, a través del Institut Català de Finances (ICF), a los ex altos cargos encausados por la promoción exterior del ‘procés’. La instructora del Tribunal de Cuentas pidió informe al abogado del Estado del órgano, y este se inhibió a favor de la Abogacía General, que todavía no se ha pronunciado. “No hay avances en esta cuestión”, respondió Rodríguez durante la entrevista con EL PERIÓDICO del pasado viernes. 

Rodríguez subraya que el Gobierno "actúa, ejerce su responsabilidad, lo hace desde el diálogo y esto trae consigo cierto sosiego, colaboración con las CCAA"

La portavoz del Gobierno subrayaba a este diario cómo había cambiado el “clima político” en los últimos años. “En las relaciones que mantenemos con las comunidades —apuntaba—, ha bajado drásticamente el número de recursos que se interponen por parte del Estado a las normativas autonómicas, y de manera muy drástica ha bajado el número de recursos que llegan de las comunidades al Estado. Por tanto, el Gobierno actúa, ejerce su responsabilidad, lo hace desde el diálogo y esto trae consigo cierto sosiego, colaboración con las comunidades, que es muy positiva en un momento donde la confianza en España es muy importante para atraer inversión y desplegar todo el plan de recuperación económica”.

Defensa de la bilateralidad

La ministra advierte de que por la vía unilateral, la que utilizó la Generalitat en pleno ‘procés’, “no se va a ningún lado”. “Son necesarios espacios bilaterales y multilaterales como los espacios en los que trabaja el Gobierno y que han sido muy útiles estos años”. Rodríguez cree que la fórmula de “éxito” que se ha utilizado en la gestión de la pandemia, marcando objetivos —como el 70% de la población vacunada para finales de agosto, que se logró— y en diálogo con las comunidades, de tú a tú y entre todas, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), es una “fórmula a explorar para una mayor expansión o desarrollo de nuestro Estado autonómico”.

El Ejecutivo recuerda que tanto la bilateralidad —que critica la oposición conservadora— como la multilateralidad están “avaladas por el Tribunal Constitucional” y son foros que “se complementan”. El Gobierno defiende que está “impulsando la cooperación y el diálogo con todas las comunidades y utilizando este mecanismo constitucional para llegar a puntos de acuerdo”.

El ministerio recuerda que el TC ha avalado los foros bilaterales y multilaterales y recalca, frente al PP, que se han activado contactos a dos con más autonomías además de Catalunya

Política Territorial recuerda que, desde 2018, desde que Sánchez llegó al poder, se han reunido las comisiones bilaterales de cooperación (estatutarias) de Aragón, Castilla y León, Catalunya y Comunitat Valenciana, y han pedido la convocatoria de esos respectivos órganos Aragón, Canarias, Galicia y La Rioja. Todavía no lo ha demandado formalmente Andalucía, aunque su presidente, Juanma Moreno (PP), sí que ha reclamado a través de los medios la convocatoria de la bilateral. Además, siempre según datos del ministerio, se ha reunido la junta de transferencias de Navarra y las comisiones mixtas de traspasos de Euskadi, Catalunya y Comunidad Valenciana.

El ministerio agrega que hay reuniones y contactos bilaterales en el marco de procesos de traspasos de funciones y servicios abiertos con otras cinco autonomías (Madrid, Castilla-La Mancha, Canarias, Baleares y Andalucía), a las que habría que sumar Euskadi y Navarra, con las que se siguen negociando futuras transferencias. Y se va a analizar la viabilidad de posibles traspasos hacia Catalunya en el seno del grupo de trabajo creado tras el acuerdo de la bilateral del pasado 2 de agosto, que presidió precisamente Rodríguez. Es decir, remachan en el equipo de la ministra, que la bilateralidad opera también con gobiernos regionales liderados por el PP (caso de Castilla y León, Galicia, Madrid o Andalucía).