Interior creará grupos contra los delitos de odio en la Policía y la Guardia Civil

El Ministerio del Interior creará grupos específicos que combatan los delitos de odio y discriminación en el seno de las unidades de información centrales y provinciales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Es la principal medida acordada en la comisión de seguimiento del Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, que ha presidido este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los Mossos d'Esquadra tienen una unidad específica para investigar estas infracciones penales desde hace unos meses. Estará en pleno rendimiento (hay miembros que todavía están en periodo de formación) este mes de septiembre o principios de octubre y contará con una quincena de policías. Sin embargo, los agentes de este grupo ya se hicieron cargo de la investigación por la brutal agresión homófoba en la playa del Somorrostro el pasado 29 de mayo. En este ataque una de las víctimas recibió un golpe en la mandíbula que lo dejó inconsciente. La policía detuvo a cuatro personas. La línea de actuación de esta unidad se articula a partir de dos líneas de trabajo: “seguimiento” e “investigación”.

La cita del Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odico fue convocada a raíz de la denuncia del joven madrileño que aseguró que había sido objeto del falso ataque homófobo por parte de ocho encapuchados, que le tatuaron en el glúteo la palabra ‘maricón’. El muchacho confesó después que se había inventado la agresión, pero el Ejecutivo mantuvo el encuentro porque “una denuncia falsa no puede impedir describir lo que es verdad”. “La realidad que sufren, por desgracia, personas de distintas orientaciones sexuales”, argumentó Sánchez.

La estadística del Ministerio del Interior indica que los delitos e incidentes de odio han tenido un crecimiento constante en torno a un 9% anual desde el 2014. Y este año se han producido ataques tan graves como el asesinato en A Coruña de Samuel Luiz, que fue linchado por una multitud. En Catalunya, el primer motivo de discriminación en el 2020 fue la orientación sexual (el 39% del total). De 95 casos en el 2019, se pasó a 102 en el 2020, dejando en segundo lugar a las denuncias por racismo o xenofobia. Según la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el 80% de las personas o colectivos que sufren agresiones, amenazas o insultos por sus convicciones políticas, orientación sexual, creencias religiosas o etnia, no denuncian estos delitos. 

Ocho líneas de acción

La comisión estatal ha acordado que el próximo Plan de Acción, que estará vigente en el trienio 2022-2024, conste de ocho líneas de acción e introduzca medidas complementarias a la primera iniciativa, puesta en marcha en marzo del 2019 y que ya dotaba a las fuerzas y cuerpos de seguridad de instrumentos contra los delitos de odio. Aquella primera estrategia contaba con cuatro ejes principales: formación de los diferentes cuerpos de seguridad, prevención de incidentes, atención a las víctimas y respuesta eficaz.

Asimismo, creaba la comisión de seguimiento, que está formada por especialistas del Ministerio del Interior, de la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como asociaciones civiles representantes de los colectivos objeto de los delitos de odio (como personas con discapacidad, LGTBI o inmigrantes).

Evaluación del riesgo

Además, la comisión estatal ha evidenciado la necesidad de incidir en la prevención, con el desarrollo de herramientas de evaluación del riesgo; un procedimiento que ya se aplica con el sistema VioGén en el seguimiento de las denuncias por violencia de género.

También ha acordado que la asistencia y el apoyo a las víctimas sea el eje central del segundo plan de acción y el aumento de los recursos personales de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, creada en 2018.

En la reunión, la directora general de Diversidad Sexual, Boti G. Rodrigo, representante del Ministerio de Igualdad, que está capitaneado por Unidas Podemos, ha pedido que se tramite de manera urgente la ley trans, que contempla medidas contra las agresiones, además de permitir la libre autodeterminación de género que en un inicio rechazó el PSOE. Asimismo, ha reclamado que Interior e Igualdad trabajen “de la mano y no en paralelo”.

A su vez, la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Uge Sangil, ha reivindicado en el encuentro un pacto de Estado contra los discursos de odio que "señalan, estigmatizan y culpabilizan a los grupos vulnerables".

La tormenta política

Y es la izquierda culpa a Vox de generar el "caldo de cultivo" que provoca que cada vez se produzcan más ataques racistas y motivados por la orientación sexual, al tiempo que culpabiliza al PP de "blanquear" el discurso de la ultraderecha. A su vez, PP, Vox y Ciudadanos exigen la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por haber "instrumentalizado" una denuncia falsa.

De hecho, el vicesecretario de comunicación popular, Pablo Montesinos, ha insistido este viernes que Grande-Marlaska está “achicharrado” por haber culpado a la Policía de “su error” con la gestión de la denuncia falsa. Montesinos ha criticado que el ministro usara la agresión para “atacar a determinadas formaciones políticas”, cuando varias voces ya apuntaban la posibilidad de que el joven se había inventado la agresión.