De 80 años

La fiscalía recurre el tercer grado de Jordi Montull

Considera que no ha cumplido suficiente condena

FELIX MILLET Y JORDI MONTULL ANTE LA COMISION DE INVESTIGACION DEL PARLAMENT

FELIX MILLET Y JORDI MONTULL ANTE LA COMISION DE INVESTIGACION DEL PARLAMENT / JOAN CORTADELLAS

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La Fiscalía ha recurrido el tercer grado que la Generalitat ha concedido al exdirector financiero del Palau de la Música Jordi Montull, que desde junio de 2020 cumplía en la prisión de Brians 2 una condena de siete años y medio por el expolio del Palau de la Música que perpetró junto a Fèlix Millet y cuya condena fue ratificada por el Tribunal Supremo.

Según han informado fuentes judiciales, el ministerio público ha pedido al juez de vigilancia penitenciaria que deje sin efecto la semilibertad que la dirección general de Servicios Penitenciarios de la Generalitat ha concedido a Montull, de unos 80 años de edad, a partir de un informe de la junta de tratamiento de Brians 2.

En concreto, según las fuentes, la Fiscalía apunta en su recurso como argumentos para que el juez revoque el tercer grado a Montull el escaso cumplimiento efectivo de condena, el impago de la responsabilidad civil y que con su semilibertad no se cumplen los fines retributivos y de prevención especial y general de la pena.

Montull, junto con el máximo responsable del Palau Fèlix Millet y el extesorero de CDC Daniel Osàcar, fueron los únicos encarcelados por el saqueo del Palau.

Osàcar -condenado a 3 años y medio- ya obtuvo el año pasado la semilibertad, por lo que el único de los tres que permanece en prisión en régimen de segundo grado es Fèlix Millet, condenado a nueve años y ocho meses. La defensa de Montull, dirigida por el despacho Bataller Bardají Abogados, ya prepara su escrito de oposición al recurso alegando que no hay riesgo de reincidencia ni de fuga y que su representado, de avanzada edad y con patologías médicas, ha trabajado en los diferentes programas penitenciarios de forma voluntariosa.

Millet, Montull y Osàcar son los tres principales condenados por el millonario saqueo del Palau de la Música, entidad que también sirvió para camuflar el pago de comisiones ilegales de la constructora Ferrovial a CDC a través de los contratos de patrocinio, por lo que la extinta formación fue condenada a devolver 6,6 millones de euros.