En la memoria de 2020
La fiscalía propone una mayor coordinación con la policía para mejorar la lucha contra los delitos de odio
El ministerio público busca fórmulas para que "las investigaciones sean lo más completas posible"
Aboga por un registro homogéneo en toda España para reflejar mejor la realidad criminal
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, tras finalizar el acto de apertura del año judicial. / David Castro
Por qué confiar en El Periódico Ángeles Vázquez
Periodista
Periodista especializada en tribunales. Vivo entre la Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional. Descubrí '100 cosas que hacer en Madrid al menos una vez en la vida' y lo conté en un libro.
La pandemia y el confinamiento que nos tuvo en casa varios meses el año pasado hizo que los delitos de odio disminuyeran respecto al año 2019, pero volvieron a presentar un registro similar cuando se puso fin a la medida más drástica, según consta en la memoria de la fiscalía de este año, en la que se refleja la actividad judicial de 2020. Aunque mientras se preparaba aún no se habían producido hechos de gravedad semejante a la muerte de Samuel Luiz en A Coruña, el ministerio público hace ya varias propuestas para mejorar la lucha contra los delitos de odio. Entre ellas, propugna "fomentar la coordinación del ministerio fiscal con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a fin de hacer un mejor seguimiento de las denuncias y procedimientos en la materia y de que las investigaciones sean lo más completas posible" para facilitar la acción penal.
También propone profundizar en la cooperación con las entidades de la sociedad civil representativas de los colectivos afectados por este tipo de delitos y mantener una permanente coordinación con otros órganos de la fiscalía con competencias relacionadas con esta especialidad, particularmente, con la Unidad de Criminalidad Informática, la Fiscalía de la Audiencia Nacional y del Tribunal Constitucional.
Formación específica
El fiscal de Sala coordinador de los delitos de odio, Fernando Rodríguez Rey, que sustituyó a Alfonso Aya tras su jubilación el año pasado, considera necesario, además, fortalecer la actividad de las fiscalías territoriales, mediante una profundización en la formación y especialización de los fiscales, tanto en los tipos penales que deben perseguir, como en los derechos fundamentales que protegen y en las nuevas tecnologías, a través de las que se cometen.
La Fiscalía General del Estado también cree fundamental crear "un registro de asuntos en las fiscalías territoriales, homogéneo para todas", para reflejar datos relevantes, "que permita conocer con más precisión la realidad criminal sobre la que se trabaja y orientar la actuación" del ministerio público. También quiere recoger los escritos de acusación que se van presentando.
Distinto significado
La memoria plantea un problema que se da en los delitos de odio y no otros y es que para referirse a ellos distintos términos con "un significado propio y diferenciado", como "delito de odio, incidente de odio, discurso del odio, delito de discurso de odio o de delito motivado por odio", detalla. Además, a veces "de forma improcedente se vinculan con esta materia otro tipo de delitos", como los de injurias y calumnias a la Corona, contra autoridades y funcionarios y a las instituciones del Estado, así como ultrajes a España, cuya "comisión puede obedecer a motivaciones de animadversión, rencor o encono en el autor y donde también puede concurrir un ejercicio ilegítimo de la libertad de expresión. como a veces ocurre en los delitos de esta especialidad, pero que son ajenos a la motivación discriminatoria, elemento esencial de los delitos de odio".
En este sentido, precisa que en estos delitos los bienes jurídicos protegidos son el derecho a la igualdad, a la no discriminación y a la dignidad de las personas. Y engloba aquellos, como amenazas, tratos degradantes o incitación al odio, dirigidos contra determinados colectivos.
Protocolo contra el discurso del odio digital
La Fiscalía General del Estado ha reactivado, a través de la Unidad Especializada de Criminalidad Informática, el protocolo para combatir el discurso de odio en internet, mediante una comunicación remitida a todos los fiscales, como punto nacional de contacto. El protocolo, suscrito en febrero por la Fiscalía General del Estado, el CGPJ, las secretarías de Estado de Justicia, Seguridad, Educación, Deporte, Igualdad, Derechos Sociales y Migraciones y el Centro de Estudios Jurídicos, así como por organizaciones de la sociedad civil y que prestan servicios de alojamiento de datos, se enmarca en el acuerdo interinstitucional para colaborar en la lucha contra el racismo, la xenofobia, la LGTBfobia y otras formas de intolerancia de 2018.
La Fiscalía General del Estado asume un papel protagonista al encargarse del traslado a los prestadores de servicio de alojamiento de las resoluciones judiciales para la retirada o bloqueo de aquellos contenidos ilegales, a través de un canal preferente gestionado por la Unidad Especializada de Criminalidad Informática, para garantizar la debida protección de las víctimas y personas vulnerables.
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