Dos requerimientos

Hacienda pregunta a la Casa Real cuánto ha pagado a Juan Carlos I desde que abdicó

  • "Cuando se produce una regularización fiscal, la Agencia Tributaria comprueba que ésta sea completa y veraz", explican en la Agencia Tributaria

  • Los técnicos de Hacienda piden a la Fiscalía que explique si notificó a Juan Carlos I su pesquisa antes de que este presentara una declaración complementaria

Juan Carlos I, en una imagen de archivo.

Juan Carlos I, en una imagen de archivo.

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El Periódico

La Agencia Tributaria ha hecho dos requerimientos a la Casa Real para que informe de todos los pagos emitidos en favor del rey emérito, Juan Carlos I, desde su abdicación en 2014 hasta el final del ejercicio fiscal de 2018, según ha adelantado el diario El País.

Este requerimiento de información forma pate de la comprobación por parte del fisco de lo declarado por el monarca abdicado en su segunda regularización fiscal. Hacienda se ha dirigido a la Zarzuela en su condición de entidad pagadora de la asignación que el propio emérito se fijó hasta que le fue retirada por su sucesor, Felipe VI, en marzo de 2020.

El fisco trata de contrastar los ingresos y gastos confesados por Juan Carlos I con el sueldo de 198.845 euros al año que tenía en Zarzuela

Hasta que le suspendieron la asignación, Juan Carlos de Borbón cobraba 198.845 euros al año. El propósito de la inspección es determinar si los ingresos y gastos declarados en la regularización del emérito que trascendió en febrero pasado coinciden con los ingresos y disposiciones del sueldo transferido por Zarzuela con arreglo a su presupuesto.

Hacienda también investiga ingresos que funcionarios de la Casa del Rey hicieron en la cuenta de Juan Carlos a petición de éste, y supuestamente procedentes del mismo presupuesto. Estas averiguaciones rastrean el origen de ese dinero.

Comprobación de veracidad

Fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por EL PERIÓDICO han rechazado comentar este doble requerimiento subrayando que "ni Hacienda ni la Agencia Tributaria pueden hablar de contribuyentes ni de investigaciones concretas". Aclaran, en cualquier caso, el marco de estas averiguaciones: "Cuando se produce una regularización fiscal, la Agencia Tributaria comprueba que ésta sea completa y veraz".

Este mes de mayo, la Agencia Tributaria notificó a Juan Carlos I el inicio de la investigación que tiene abierta para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Del resultado de estas pesquisas sobre las cuentas del exjefe del Estado y sobre el origen de los casi cinco millones que ha entregado al fisco para ponerse al día depende el futuro de las diligencias de investigación que tiene abiertas la Fiscalía del Tribunal Supremo.

También este viernes, el presidente del sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, ha pedido públicamente que la Fiscalía del Tribunal Supremo aclare si notificó al Rey emérito la apertura de diligencias de investigación contra él antes de que éste presentase al fisco las regularizaciones de sus fondos en el extranjero. Gestha ha criticado a menudo los ritmos de Hacienda en su investigación al ex jefe del Estado. Lo que pide Cruzado es clave para los efectos de los dos intentos del monarca abdicado de eludir una imputación por delito fiscal: si supo con anterioridad que la Fiscalía le estaba investigando, se quiebra un requisito de las declaraciones complementarias: la espontaneidad.

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Preguntado por EL PERIÓDICO, Cruzado opina que "si hubo notificación formal de la Fiscalía antes de la presentación de declaraciones complementarias, la regularización no es válida y don Juan Carlos tendrá que hacer frente a posibles responsabilidades administrativas y penales". En el caso de que Juan Carlos I hubiera recibido un aviso informal de la misma procedencia, la Fiscalía, "el ministerio público tendría que explicar esa actuación".

Cruzado ha subrayado la cercanía entre la fecha de la comisión rogatoria que la Fiscalía del Tribunal Supremo envió a Suiza preguntando por posibles comisiones en favor de don Juan Carlos, el pasado 24 de febrero, y la fecha en que se hizo pública su segunda regularización: 25 de febrero.